"IFE Y Cassez: el desmoronamiento institucional" (Revista Proceso, 27 de enero de 2013)

Foto: Florence Cassez, proceso.com

Tanto la resolución del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el caso Monex como la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Florence Cassez revelan y ratifican el extremo grado de desmoronamiento institucional que sufre el país. Por un lado los consejeros electorales envían una señal de absoluta impunidad hacia la clase política al rehusarse a investigar a fondo o sancionar la evidente triangulación de fondos que alimentó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Por otro lado no fueron los criterios garantistas de avanzada del ministro Arturo Zaldívar los que a la postre permitieron la justificada liberación de Cassez, sino la sorpresiva y mal fundamentada argumentación de un ministro novato, Alfredo Gutiérrez, quien debe su cargo de manera directa y personal a Peña Nieto.

Al nuevo mandatario le conviene el desenlace de ambos casos, decididos de manera casi simultánea el pasado miércoles 23. La decisión del IFE busca enterrar los cuestionamientos sobre la legalidad de la elección presidencial de 2012 mientras la sentencia de la SCJN evidencia los atropellos de administraciones pasadas y le permite a Peña Nieto robar cámara para “lamentar” los “errores o violaciones al debido proceso” e “instruir” a los integrantes de su gabinete a “evitar que casos como el que hemos conocido vuelvan a suceder”. La decisión también le ayuda al mandatario a lucirse internacionalmente a partir de la normalización de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Llama la atención que en ambos casos, Monex y Cassez, el voto decisivo fue emitido por un servidor público con gran cercanía al PRI. El consejero electoral Sergio García Ramírez, antiguo secretario general del PRI y amigo de los dueños de la empresa Efra, implicada en el escándalo Monex, fue quien rompió el empate en la votación en el IFE. Con total hermetismo y sin ofrecer argumento alguno, García Ramírez esperó hasta la segunda ronda de votación para girar la balanza a favor de sus aliados y amigos. De igual manera el consejero presidente, Leonardo Valdés, emitió su voto a favor de la impunidad sin mayor explicación.

Por otra parte habría que recordar que Gutiérrez fue la “cuota” de Peña Nieto, y el ministro Alberto Pérez la de Felipe Calderón, en el más reciente proceso de nombramiento de ministros a la Corte. Fue a partir de esta alianza PRIAN, y el ofrecimiento de un futuro “lugar” en el Consejo de la Judicatura al PRD, que se pudo construir la mayoría calificada necesaria en el Senado...

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"Limosnas neoliberales" (La Jornada, 21 de enero de 2013)

Foto: La Jonada

El nuevo espectáculo mediático de la "Cruzada Nacional contra el Hambre" no resolverá absolutamente nada si no viene acompañado de un abandono del neoliberalismo excluyente que ha caracterizado la política económica desde hace tres décadas. El hambre y la pobreza extrema no se acabarán con más limosnas o mejor coordinación entre los programas sociales existentes. En lugar de profundizar las políticas paternalistas y clientelares del pasado, hay que iniciar un radical cambio de modelo.

La principal característica del neoliberalismo imperante no es su compromiso con los principios de mercado, sino su obsesión con mantener el control sobre la riqueza en pocos manos. Lo que hemos vivido desde 1982 no ha sido la fallida aplicación de una errada teoría económica, sino la exitosa imposición de una estrategia política de expropiación de la riqueza de la nación en favor de unos cuantos. Libros de Irma Eréndira Sandoval (http://ow.ly/gYcQY) y Dag MacLeod (http://ow.ly/gYcTW), entre otros, han documentado este proceso con gran rigor para el caso mexicano. Un reciente texto de George Monbiot (http://ow.ly/gYaYH) aclara que lo que ha pasado en México no es la excepción, sino la regla a escala internacional.

Como resultado de la aplicación de la estrategia neoliberal, México hoy es uno de los países más desiguales del mundo. Su coeficiente Gini, que mide la desigualdad de ingresos en el país, se encuentra en 0.51, uno de los más altos del mundo. Zimbabue, Venezuela, República Dominicana, China y Ecuador, entre muchos otros países, son más equitativos y justos que México.

El escenario es aún más grave cuanto se mide la desigualdad en términos de riqueza acumulada, en lugar de solamente los ingresos anuales. El abuso tanto del secreto fiscal como de la evasión de impuestos lamentablemente no nos permite tener datos confiables. Los mexicanos ni siquiera sabemos a cuánto ascienden las vastas fortunas de nuestro presidente, su familia y su gabinete, mucho menos las de los empresarios más poderosos...

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"La defensa del artículo 27" (Revista Proceso, 13 de enero de 2013)

Foto: Las oficinas de PEMEX en el DF, proceso.com

El artículo 27 de la Constitución articula una visión de la propiedad privada y del papel del Estado en el desarrollo nacional sumamente valiosa que habría que defender a toda costa. Cualquier reforma a este crucial artículo tendría que estar orientada hacia su actualización revolucionaria en lugar de su desarticulación neoliberal. Por ejemplo, en lugar de modificar las cláusulas sobre el petróleo para permitir su saqueo por empresas trasnacionales, sería preferible considerar una expansión de las prohibiciones sobre la concentración de la riqueza para incluir a los bancos y las empresas de telecomunicaciones.

El artículo 27 revuelve el estómago de los neoliberales desde su primera frase. En lugar de reconocer la naturaleza originaria de la propiedad privada y el derecho de los capitalistas a poseerla, indica que “la Nación” es en principio dueña de todo: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. Es decir, la propiedad privada no es algo natural sino que es el resultado de un acto estatal que, a nombre de la nación, la “constituye” y así permite el posterior surgimiento de empresarios y capitalistas.

Así mismo, la nación siempre reserva su derecho a reclamar su posesión originaria y podrá expropiar la propiedad privada cuando exista alguna “causa de utilidad pública“. La Constitución también otorga amplios poderes regulatorios al Estado para “imponer en todo tiempo las modalidades que dicte el interés público”, así como de asegurar una “distribución equitativa de la riqueza pública” y “lograr el desarrollo equilibrado del país”. Con respecto a los recursos naturales existen controles aún más desarrollados, ya que en este ámbito la nación cuenta con el dominio “directo”, “inalienable” e “imprescriptible” de todos los recursos naturales y, en particular, “el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos”.

El amplio texto del artículo 27 Constitucional también incluye disposiciones específicas con respecto a los límites que deben existir sobre la concentración de la propiedad. Por ejemplo, explícitamente prohíbe la existencia de latifundios e impone límites estrictos a la extensión de tierras que puedan poseer las sociedades mercantiles. También faculta a la nación para anular cualquier contrato o concesión realizada antes de la Revolución y hasta 1876 “que haya traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación…cuando impliquen perjuicios graves para el interés público”...

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"Derechos en peligro" (La Jornada, 7 de enero de 2013)

Dip. Francisco Arroyo Vieyra/Foto: La Jornada

El año 2013 se inicia con un nuevo esfuerzo del PRI de siempre para cancelar nuestros derechos fundamentales. El pasado jueves, Francisco Arroyo Vieyra, diputado priísta y presidente la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa que busca dar muerte prematura a la histórica reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Solamente una voz ciudadana clara y articulada puede detener este nuevo lance autoritario.

Uno de los elementos más importantes de la reforma de derechos humanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 fue la plena incorporación de los tratados internacionales al sistema jurídico mexicano. Hoy el segundo párrafo del artículo primero de la Constitución reza: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia."

En otras palabras, nuestros derechos fundamentales ya no se agotan con lo que señala la Carta Magna, sino que también incluyen al mismo nivel a todos los derechos humanos incluidos en los tratados firmados por el Estado mexicano. Así, se conforma un nuevo "bloque de constitucionalidad" que incluye un abanico mucho más amplio de derechos. Hoy los juzgadores no pueden pretextar que tal o cual derecho no estuviera plenamente reconocido por la Constitución mexicana, sino que siempre deben "favorecer la protección más amplia a las personas" (principio pro persona) por medio de la "interpretación conforme" con todos los ordenamientos nacionales e internacionales aplicables.

Pero al "nuevo PRI" solamente le interesa la participación extranjera en algunos temas y no en otros. Quieren extender una lujosa alfombra roja para que empresas trasnacionales como Exxon-Mobil y Halliburton vengan a "ayudarnos" a saquear el petróleo nacional. Pero de repente sacan sus credenciales supuestamente "nacionalistas" cuando se trata de la plena vigencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el país...

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"Izquierda hegemónica" (Revista Proceso, 30 de diciembre de 2012)

Peña se compromete a leer dos libros que le regaló una niña.
Foto: Miguel Dimayuga,/Proceso.com

Lo que más irrita a los poderes fácticos y a la mayor parte de la clase política nacional es que a pesar de décadas de represión, exclusión y cooptación, el discurso crítico de izquierda sigue imponiendo las coordenadas del debate político nacional. Los principales medios de comunicación electrónicos son muy eficaces cuando se trata de desviar la atención de los temas de fondo, de vender productos chatarra y de generar un ambiente de miedo y desánimo entre la población. Sin embargo, estos mismos medios han sido incapaces de llenar el vacío con un nuevo discurso afirmativo y articulado desde la derecha.

Hoy la verdadera crisis de identidad y de propuesta ideológica, tanto en México como en el mundo, no es de la izquierda, sino de la derecha. Durante la Guerra Fría, los neoliberales se enorgullecían de su supuesta defensa del capitalismo, la “libertad” y la democracia de la incursión de las dictaduras “totalitarias” y comunistas. Este discurso siempre fue una mascarada para esconder el imperialismo estadunidense, la concentración generalizada de la riqueza y la comisión de un sinnúmero de atrocidades y crímenes de guerra, pero todo se hacía supuestamente con el noble fin de defender los principios básicos del liberalismo.

Pues bien, desde la desarticulación del bloque soviético, marcada simbólicamente por la caída del Muro de Berlín en 1989, la derecha ha perdido la brújula. En Estados Unidos se ha buscado reemplazar la “amenaza comunista” con la “amenaza terrorista” y el peligro de los “fundamentalistas” musulmanes. Este esfuerzo ha funcionado para permitir tanto una enorme expansión del gasto militar como una escalofriante reducción de la privacidad y las libertades cívicas, pero no ha logrado articular una nueva propuesta de transformación social y humanitaria. Al contrario, cada día es más transparente el desnudo ejercicio del poder en función de los intereses imperiales y de una pequeña clase dominante mundial.

En México, tanto la rampante corrupción política durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari como la crisis económica de 1994 deslegitimaron de manera contundente el discurso neoliberal iniciado en 1982. Fue evidente para todos que la “modernidad” y el “desarrollo” ofrecidos por esta corriente de pensamiento en realidad implicaba mayor desigualdad, pobreza y saqueo por los potentados. El “error de diciembre”, la masiva devaluación del peso en 1993, desnudó la mentira del proyecto salinista y cumplió entonces la misma función en el contexto mexicano que la caída del Muro de Berlín a escala mundial: ambos eventos marcan el fin de la credibilidad del discurso neoliberal...

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