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| Foto: Florence Cassez, proceso.com |
Tanto la resolución del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el caso Monex como la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Florence Cassez revelan y ratifican el extremo grado de desmoronamiento institucional que sufre el país. Por un lado los consejeros electorales envían una señal de absoluta impunidad hacia la clase política al rehusarse a investigar a fondo o sancionar la evidente triangulación de fondos que alimentó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Por otro lado no fueron los criterios garantistas de avanzada del ministro Arturo Zaldívar los que a la postre permitieron la justificada liberación de Cassez, sino la sorpresiva y mal fundamentada argumentación de un ministro novato, Alfredo Gutiérrez, quien debe su cargo de manera directa y personal a Peña Nieto.
Al nuevo mandatario le conviene el desenlace de ambos casos, decididos de manera casi simultánea el pasado miércoles 23. La decisión del IFE busca enterrar los cuestionamientos sobre la legalidad de la elección presidencial de 2012 mientras la sentencia de la SCJN evidencia los atropellos de administraciones pasadas y le permite a Peña Nieto robar cámara para “lamentar” los “errores o violaciones al debido proceso” e “instruir” a los integrantes de su gabinete a “evitar que casos como el que hemos conocido vuelvan a suceder”. La decisión también le ayuda al mandatario a lucirse internacionalmente a partir de la normalización de relaciones diplomáticas entre México y Francia.
Llama la atención que en ambos casos, Monex y Cassez, el voto decisivo fue emitido por un servidor público con gran cercanía al PRI. El consejero electoral Sergio García Ramírez, antiguo secretario general del PRI y amigo de los dueños de la empresa Efra, implicada en el escándalo Monex, fue quien rompió el empate en la votación en el IFE. Con total hermetismo y sin ofrecer argumento alguno, García Ramírez esperó hasta la segunda ronda de votación para girar la balanza a favor de sus aliados y amigos. De igual manera el consejero presidente, Leonardo Valdés, emitió su voto a favor de la impunidad sin mayor explicación.
Por otra parte habría que recordar que Gutiérrez fue la “cuota” de Peña Nieto, y el ministro Alberto Pérez la de Felipe Calderón, en el más reciente proceso de nombramiento de ministros a la Corte. Fue a partir de esta alianza PRIAN, y el ofrecimiento de un futuro “lugar” en el Consejo de la Judicatura al PRD, que se pudo construir la mayoría calificada necesaria en el Senado...
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