 |
| Leonardo Valdés, Presidente IFE |
Los procedimientos actuales para el nombramiento por el Congreso de la Unión de los titulares de los órganos y organismos del Estado garantizan que la lealtad política y la mediocridad predominen por encima de la independencia ciudadana y la capacidad profesional. La profunda crisis de legitimidad que hoy aqueja tanto al Instituto Federal Electoral (IFE) como al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es más que el desenlace natural de procesos de selección sistemáticamente amañados desde hace dos lustros. Hay que actuar para que los próximos nombramientos para estas instituciones, y para la nueva Comisión Nacional de Combate a la Corrupción, rompan con la lógica perversa de intercambio de favores.
La historia nos ha demostrado que a los políticos les interesan muy poco las opiniones de los expertos y menos las de los grupos ciudadanos que en cada coyuntura de nombramiento demandan plena transparencia y altura de miras a los legisladores. En lugar de esperar a que ahora sí la clase política se dé cuenta del enorme daño que está haciendo a las instituciones del Estado, a los ciudadanos nos toca construir y exigir la implementación de propuestas innovadoras.
Nuestro enfoque debe ser simultáneamente revolucionario y realista. No se trata de encontrar un grupo de ciudadanos puros para rescatar las instituciones, sino de instalar un procedimiento que aumente la posibilidad de que los nuevos funcionarios manden al diablo a la clase política y coloquen los intereses sociales en primer término. No se trata de una búsqueda de ángeles, sino de cerrar el paso a los vividores.
Hoy el mundo se encuentra al revés. Los procedimientos actuales garantizan que los consejeros, comisionados, magistrados y ministros tengan que rendir cuentas en primer lugar a sus padrinos políticos. Algunos cabildean sus nombramientos durante años y casi todos juran lealtad personal y obediencia política a cambio del favor de su nombramiento. Solamente en casos excepcionales ocurren traiciones patrióticas donde, una vez en el cargo, el funcionario pone en riesgo su futuro político al independizarse de sus patrocinadores y lanzarse con todo para defender el interés general.
Se debe invertir completamente el esquema. Si bien siempre existirá la posibilidad de que un nuevo consejero, comisionado, magistrado o ministro dé la espalda a la ciudadanía, hay que diseñar un sistema que asegure que tal comportamiento sea la excepción y no la regla. Para ello, el primer paso sería romper de tajo cualquier liga o relación entre el nombrado y quien decida el nombramiento. Los nuevos funcionarios no deberían deber su cargo a absolutamente nadie...
La historia nos ha demostrado que a los políticos les interesan muy poco las opiniones de los expertos y menos las de los grupos ciudadanos que en cada coyuntura de nombramiento demandan plena transparencia y altura de miras a los legisladores. En lugar de esperar a que ahora sí la clase política se dé cuenta del enorme daño que está haciendo a las instituciones del Estado, a los ciudadanos nos toca construir y exigir la implementación de propuestas innovadoras.
Nuestro enfoque debe ser simultáneamente revolucionario y realista. No se trata de encontrar un grupo de ciudadanos puros para rescatar las instituciones, sino de instalar un procedimiento que aumente la posibilidad de que los nuevos funcionarios manden al diablo a la clase política y coloquen los intereses sociales en primer término. No se trata de una búsqueda de ángeles, sino de cerrar el paso a los vividores.
Hoy el mundo se encuentra al revés. Los procedimientos actuales garantizan que los consejeros, comisionados, magistrados y ministros tengan que rendir cuentas en primer lugar a sus padrinos políticos. Algunos cabildean sus nombramientos durante años y casi todos juran lealtad personal y obediencia política a cambio del favor de su nombramiento. Solamente en casos excepcionales ocurren traiciones patrióticas donde, una vez en el cargo, el funcionario pone en riesgo su futuro político al independizarse de sus patrocinadores y lanzarse con todo para defender el interés general.
Se debe invertir completamente el esquema. Si bien siempre existirá la posibilidad de que un nuevo consejero, comisionado, magistrado o ministro dé la espalda a la ciudadanía, hay que diseñar un sistema que asegure que tal comportamiento sea la excepción y no la regla. Para ello, el primer paso sería romper de tajo cualquier liga o relación entre el nombrado y quien decida el nombramiento. Los nuevos funcionarios no deberían deber su cargo a absolutamente nadie...
