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| Desalojo de la Autopista del Sol por la PF/ Foto: La Jornada |
Un nuevo movimiento social en favor de la humanidad y contra el neoliberalismo crece en el sur del país. El Movimiento Popular Guerrerense se levanta como una ola de esperanza ante la enorme sed de justicia de la sociedad mexicana. Sus justas demandas universales tendrían que empujar a movimientos paralelos, como el Movimiento por la Paz, #YoSoy132 y Morena, a mostrar la humildad y generosidad necesarias para sumar en lugar de restar, para apoyar en lugar de competir.
La mejor muestra de que la lucha de los maestros de Guerrero no está motivada por intereses particulares, sino por grandes ideales, es la naturaleza de sus demandas. En México, los maestros de educación básica no ganan salarios dignos, equivalentes a la enorme importancia de su labor social. Sus siete u ocho mil pesos mensuales no alcanzan para mantener a sus familias e invertir el tiempo necesario para impartir clases como desearían, y en salones con graves problemas de mantenimiento y con grupos sobrepoblados que muchas veces rebasan los 30 niños. Pero en lugar de exigir el sueldo que merecen, los maestros han decidido poner sus necesidades personales a un lado y luchar por mejorar la calidad de la educación pública.
La principal demanda de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) es establecer en la ley el 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) del Estado para la "construcción, mantenimiento, equipamiento, mobiliario, material didáctico, servicios básicos y demás necesidades del servicio educativo". El listado no menciona salarios ni prestaciones laborales, sino que se refiere exclusivamente al mejoramiento de las condiciones educativas.
Esta solicitud es perfectamente razonable y se encuentra dentro de los márgenes internacionales en la materia. Todo México debería unirse a esta justa demanda para que se incluya no solamente en la legislación guerrerense, sino también en la nueva Ley General de Educación (LGE) a escala federal.
De acuerdo con la OCDE, México sólo invierte 5.3 por ciento de su PIB en la educación pública, y a educación primaria y secundaria sólo destina 3.3 por ciento. De acuerdo con fuentes oficiales, muchos otros países, incluyendo Ghana, Bolivia, Noruega, Suecia y Jamaica, dedican un porcentaje mucho mayor. Botsuana emplea 7.8 por ciento de su PIB en la educación pública, Dinamarca 8.7 y Cuba 12.9 por ciento...
La mejor muestra de que la lucha de los maestros de Guerrero no está motivada por intereses particulares, sino por grandes ideales, es la naturaleza de sus demandas. En México, los maestros de educación básica no ganan salarios dignos, equivalentes a la enorme importancia de su labor social. Sus siete u ocho mil pesos mensuales no alcanzan para mantener a sus familias e invertir el tiempo necesario para impartir clases como desearían, y en salones con graves problemas de mantenimiento y con grupos sobrepoblados que muchas veces rebasan los 30 niños. Pero en lugar de exigir el sueldo que merecen, los maestros han decidido poner sus necesidades personales a un lado y luchar por mejorar la calidad de la educación pública.
La principal demanda de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) es establecer en la ley el 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) del Estado para la "construcción, mantenimiento, equipamiento, mobiliario, material didáctico, servicios básicos y demás necesidades del servicio educativo". El listado no menciona salarios ni prestaciones laborales, sino que se refiere exclusivamente al mejoramiento de las condiciones educativas.
Esta solicitud es perfectamente razonable y se encuentra dentro de los márgenes internacionales en la materia. Todo México debería unirse a esta justa demanda para que se incluya no solamente en la legislación guerrerense, sino también en la nueva Ley General de Educación (LGE) a escala federal.
De acuerdo con la OCDE, México sólo invierte 5.3 por ciento de su PIB en la educación pública, y a educación primaria y secundaria sólo destina 3.3 por ciento. De acuerdo con fuentes oficiales, muchos otros países, incluyendo Ghana, Bolivia, Noruega, Suecia y Jamaica, dedican un porcentaje mucho mayor. Botsuana emplea 7.8 por ciento de su PIB en la educación pública, Dinamarca 8.7 y Cuba 12.9 por ciento...
