| Barda en la frontera entre México y Estados Unidos/ Foto: La Jornada |
El camino a seguir para superar la crisis de legitimidad democrática que enfrenta el mundo no será trazado por los países del norte, sino por los del sur. En Estados Unidos, la sociedad se mantiene quieta mientras se construyen bardas, se persigue a periodistas e informantes internos y se cancelan protecciones electorales a grupos vulnerables. En contraste, las movilizaciones populares masivas de Brasil han obligado a la clase política a impulsar reformas cruciales para democratizar el sistema político, combatir la corrupción gubernamental y aumentar el gasto social.
Si México busca avanzar por una senda de desarrollo sostenible e independiente tendrá que consolidar sus vínculos con los gobiernos y pueblos latinoamericanos y acabar con su obediencia humillante frente al vecino del norte. De lo contrario, se arriesga a ser arrastrado por la corriente de un imperio en declive cada día más desesperado, autoritario y peligroso.
La semana pasada, la Suprema Corte de Estados Unidos echó abajo el artículo quinto de la Ley de Derechos del Elector (Voting Rights Act), que obligaba a nueve estados del sur del país a recibir autorización federal para cualquier modificación a su normatividad electoral. Esta ley, aprobada en 1965, fue una de las conquistas históricas más importantes del movimiento social encabezado por Martin Luther King Jr., Malcolm X y otros líderes a favor de los derechos civiles de los afroamericanos. El artículo quinto era particularmente importante porque evitaba la manipulación de las leyes electorales para excluir a los afroamericanos, los latinos y otros grupos vulnerables con artimañas jurídicas como el rediseño geográfico de los distritos electorales o la imposición de nuevos requisitos para poder votar.
Esta misma Corte ya había dado el tiro de gracia a cualquier intento de regulación del flujo de dinero privado en las campañas electorales con su decisión en el caso Citizens United. En ese caso, resuelto en 2010, la mayoría de los ministros, encabezados por el ultraderechista John Roberts como su presidente, resolvió que las empresas tienen los mismos “derechos” a la “libertad de expresión” que cualquier ciudadano y, por lo tanto, pueden “donar” dinero a las campañas políticas casi sin limitación alguna.
Con estas dos decisiones históricas, Voting Rights Act y Citizens United, Estados Unidos se consolida como un sistema político diseñado para favorecer los intereses del dinero y la reacción. No debería sorprender a nadie entonces que los legisladores del ala más radical del Partido Republicano definan las coordenadas del debate político en Washington...
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