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| La telebancada//Foto:Proceso.com |
Si México fuera un país democrático, los funcionarios y los legisladores defenderían el interés público en lugar de utilizar sus cargos para lucrar personalmente. Personajes como Pedro Joaquín Coldwell, Purificación Carpinteyro, Ninfa Salinas, Luis Videgaray y Javier Lozano podrían desarrollar libremente sus negocios en el ámbito privado, pero sería estrictamente prohibido que ocuparan un cargo público a menos que se deshicieran completamente de todos los intereses económicos, personales y profesionales que pudieran distraerlos de sus responsabilidades con la ciudadanía.
Habría que exigir transparencia absoluta e inmediata de todas las cuentas, relaciones y compromisos de los legisladores y funcionarios federales. Quien no divulgue, que renuncie.
El 15 de enero de 2013, Enrique Peña Nieto y su gabinete quisieron demostrar su supuesto compromiso con la transparencia al organizar una extravagante conferencia de prensa para dar a conocer versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales. Resultó una gran farsa. La información difundida se limitó al monto de sus salarios como servidores públicos así como algunos datos generales sobre obras de artes y bienes inmuebles que habían recibido “en donación”. Hasta la fecha la sociedad se mantiene en total oscuridad con respecto a los verdaderos intereses financieros, profesionales y personales de los funcionarios federales y sus familiares.
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es meridianamente clara. Todo servidor público debe “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.”
Esta ley aplica para los integrantes del Poder Ejecutivo, como Coldwell y Videgaray, y para los del Poder Legislativo, como Carpinteyro, Salinas y Lozano. Los reglamentos correspondientes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República reproducen las mismas prohibiciones. Sin embargo, la ciudadanía no cuenta con la información necesaria para poder exigir el cumplimiento de estas importantes disposiciones legales. En consecuencia, impera una vergonzosa simulación y una peligrosa impunidad que amenaza con destruir por completo el carácter público de nuestras instituciones...
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