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| Protesta de padres de familia de Ayotzinapa en el 27 Batallón de Infantería |
Las viejas estrategias del régimen priísta para la desactivación de las protestas sociales ya no funcionan como antes. Hoy, cuatro meses después del surgimiento simultáneo de dos poderosos movimientos –uno desde la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y el otro en el Instituto Politécnico Nacional–, ambos se mantienen más fuertes que nunca. Tanto el movimiento urbano como el levantamiento rural continúan con gran iniciativa, imponiendo a los de arriba las reglas de los de abajo.
El ingreso de civiles desarmados a las instalaciones del 27 batallón en Iguala, el pasado lunes 12 de enero, en busca de sus hijos y colegas desaparecidos, fue un acontecimiento sin precedentes en la historia de México. Evidenció el contundente avance del poder popular en Guerrero y en todo el país. Después de meses de haber insistido en el ingreso a los cuarteles militares y recibido solamente evasivas de las autoridades, los padres de familia terminaron unilateralmente la espera e ingresaron directamente sin pedir permiso a absolutamente nadie.
Aquella valiente acción no constituyó de ninguna manera una "provocación" o un "reto" a la autoridad, sino que fue simplemente la materialización del enorme poder y legitimidad social que ha acumulado el movimiento desde el pasado 26 de septiembre. La policía comunitaria de Guerrero cuenta con armas de alto poder y se encuentra aliada plenamente con el movimiento de Ayotzinapa. Si lo que buscaban era provocar a la autoridad hubieran podido hacerlo sin problema, pero en lugar de disparar optaron por la vía de la acción social.
Lo mismo ha ocurrido con la instalación de decenas de "concejos populares" a lo largo y ancho de Guerrero. En lugar de tomar el poder con las armas, en municipios como Tecoanapa y Ayutla de los Libres, el movimiento social ha logrado desplazar a las autoridades formalmente constituidas con la fuerza de la razón y la legitimidad social.
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