John M. Ackerman
El 30 de noviembre de 2018 se acabará la farsa del gobierno de Enrique Peña Nieto. El día después, el 1º de diciembre, alguien más tomará las riendas del Poder Ejecutivo. Si el nuevo superior jerárquico del secretario de la Defensa Nacional y la Policía Federal es otro títere de la corrupción, continuarán las desapariciones de estudiantes y periodistas, el saqueo del país y las masacres a sangre fría.
El Estado mexicano merece ser encabezado por una persona que deba su cargo no al dinero y el poder, sino a la ciudadanía movilizada. De lo contrario, los colectivos nacionales y los organismos internacionales jamás tendrán respuesta favorable a sus importantes exigencias en favor de la paz y el respeto a los derechos humanos en el país.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no aceptará fácilmente su derrota. Desde ahora prepara todas las herramientas de fraude electoral para garantizar su permanencia en el poder. Recurrirá a las estrategias de siempre: la censura mediática, la fabricación de encuestas a modo, la compra de voluntades, los esquemas de triangulación financiera, el rebase de topes de campaña, el robo de urnas, la alteración de actas electorales y la violación del secreto del voto, entre otras. También se fomentará tanto el boicot violento como el purismo anulista con el fin de desanimar la participación ciudadana en la jornada electoral. Y si el régimen percibe que aun así su hegemonía se encuentra en riesgo, desarrollará calculados actos de represión durante los días previos a las elecciones para infundir miedo entre la población, tal como ocurrió en Veracruz antes de los comicios de 2015.
En este contexto, simplemente acudir a votar en 2018 será un acto de enorme valentía y de rebeldía, un gesto utópico en favor de un nuevo régimen. Pero no será suficiente. Tanto en 2006 como en 2012 la ciudadanía ya salió en masa para votar en favor de un cambio político de fondo en el país. En ambas ocasiones las instituciones electorales trabajaron con los poderes fácticos y la vieja clase política para imponer un resultado a modo y garantizar la continuidad del sistema autoritario...
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