General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional |
John M. Ackerman
Todos sabemos cómo termina esta película. Primero se declara el colapso de las instituciones de seguridad pública locales para justificar la intervención de las “fuerzas federales”. Acto seguido se nombra a un general de la Fuerzas Armadas “coordinador” o “enlace” para el “operativo conjunto” en el estado correspondiente. Más tarde el mando federal acumula tanta fuerza que se convierte en la figura política principal en el estado. Por último, el gobierno militar de facto impone su “ley” y se generalizan las masacres indiscriminadas en contra de ciudadanos inocentes, así como las detenciones arbitrarias de activistas sociales.
El primer acto del nuevo gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo, inmediatamente después de tomar protesta de su cargo el pasado martes 27 de octubre en el Congreso estatal, fue organizar una vistosa reunión pública en el puerto de Acapulco junto con los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de la Marina, Vidal Soberón, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En esta segunda toma de protesta frente a quienes realmente mandan en la entidad se anunció que llegarían miles de nuevos elementos federales para “reforzar la seguridad”. Asimismo, se nombró al general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la IX Región Militar, coordinador general de la nueva estrategia de total militarización de Guerrero.
La “nueva estrategia” de seguridad pública de Astudillo viola de manera flagrante el artículo 129 constitucional, el cual señala tajantemente que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La jurisprudencia en la materia (por ejemplo, Tesis 38/2000) también es explícita al señalar que las fuerzas castrenses únicamente pueden trabajar en auxilio de las autoridades civiles, y nunca sustituirlas o suplir sus funciones constitucionales...
TEXTO COMPLETO DISPONIBLE AQUÍ