"Why it´s time for the U.S. to pull the plug on Mexico" (Dallas Morning News, April 29, 2016)

John M. Ackerman

Mexico has struggled for a long time to construct transparent and effective public institutions, but it has now reached a new low.

Last weekend, a panel of five experts who had been hired by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to help investigate the forced disappearance of dozens of student activists from the Ayotzinapa Teachers College in the State of Guerrero, left the country in disgust. They denounced the Enrique Peña Nieto administration for obstructing justice, stonewalling their requests for documents and interviews, as well as for orchestrating a sustained campaign of harassment and intimidation in the media and the courts.

“The obstruction of an investigation of this kind has very serious repercussions for the future,” Angela Buitrago, one of the international experts, told the international press. “The Mexican system is unique of its kind in the world. It is particularly corrupt and dysfunctional in all its forms and we have been battling against this all these months.”

For another of the experts, Carlos Beristain, “there are sectors within the government that don’t want certain things to be questioned ... These sectors within the government looked at us as a threat and this hardened their view towards us, which actually reinforces the impunity that stops things from changing in this country.”

Those of us who live and work in Mexico are accustomed to the trials and tribulations of dealing with the “justice” system here. It is usually a complete waste of time to report crimes to the authorities. It takes hours to file a report, the police rarely investigate, and when they do get around to it they are highly inefficient and often ask for kickbacks.

No wonder less than 10 percent of crimes are ever brought to the attention of the authorities, according to official statistics. Of those, only two-thirds are investigated, a small fraction are brought to court, and almost none actually lead to convictions. Mexico is consistently ranked as one of the countries with the highest impunity rates in the world.

But the case of the 43 student activists missing from the Ayotzinapa teacher’s college since Sept. 26, 2014 was supposed to be different. The forced disappearance of these students led to an historic uprising of the Mexican people that sent tremors throughout the world...

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"De la técnica a la política" (La Jornada, 25 de abril, 2016)

John M. Ackerman

La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de dar por concluido el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abre una oportunidad de oro para retomar el camino de la movilización social y la organización política.

El Acuerdo Técnico entre la CIDH y el gobierno mexicano, que creó el GIEI, se firmó el 12 de noviembre de 2014, en medio de una de las más importantes irrupciones sociales en la historia reciente. La fuerza de millones de mexicanos en la calle protestando a escalas nacional e internacional en favor de los estudiantes de Ayotzinapa y contra el mal gobierno obligó a las autoridades a abrir las puertas a una vigilancia externa.

Sin embargo, desde el principio el gobierno hizo todo lo posible por recortar y minimizar el trabajo de los expertos. El Acuerdo Técnico no fue firmado por el Presidente de la República, o siquiera por algún integrante de su gabinete, sino por funcionarios menores: una subprocuradora de la PGR, un subsecretario de Gobernación y el representante de México ante la OEA. Asimismo, Enrique Peña Nieto confió en que los pagos que daría su gobierno para cubrir los gastos del grupo de expertos, con una primera entrega de un millón de dólares en enero de 2015 y otra por la misma cantidad en octubre del mismo año, asegurarían que los investigadores tuvieran un comportamiento estrictamente "institucional".

Esta estrategia de contención "suave" se combinó desde el primer momento con el recrudecimiento de las tácticas más represivas del régimen. Dos días antes de la firma del convenio con la CIDH, el lunes 10 de noviembre de 2014, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, hizo pronunciamientos públicos inéditos que deslizaban la posibilidad de un autogolpe en respuesta a las descalificaciones sociales cada vez más fuertes en contra tanto del Presidente como del Ejército Mexicano...

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"En pie de lucha" (Revista Proceso, 17 de abril, 2016)

John M. Ackerman

Juan Armando Hinojosa no solamente construye casas, sino que también las destruye. Gracias a la generosidad del compadre de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera hoy puede pasear tranquilamente por su millonaria “Casa Blanca” probando vestidos y perfumes extravagantes y de mal gusto. Y debido a la ambición y la avaricia del mismo empresario con cientos de millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo con los #PanamaPapers, el dirigente otomí Armando García Salazar ya no tiene dónde pasar la noche. 

El pasado lunes, 11 de abril la maquinaria pesada de la empresa Autovan, filial del Grupo Higa, avanzó en contra de los pobladores de Xochicuautla con el fin de limpiar el camino para la construcción de una nueva carretera de cuota en beneficio de las cuentas bancarias de Hinojosa. Los empleados de la constructora actuaban en violación de una suspensión judicial que tiene detenida las obras en defensa de los derechos de los pobladores de la zona. Pero la ley importa poco cuando se cuenta con el respaldo de la fuerza despótica del Estado neoliberal. 

Cientos de granaderos del Estado de México armados con la recién aprobada “Ley Atenco”, que legaliza la violación generalizada de los derechos humanos de manifestantes y activistas sociales, acompañaron a los trabajadores de la empresa de la construcción. La empresa primero aplastó el campamento de “la digna resistencia” del Frente de Pueblos en Defensa de los Recursos de la Madre Tierra, para después pasar a destruir la casa de García Salazar y de otros pobladores de la zona. Mientras, los policías repelieron con la fuerza a los habitantes que querían ingresar a su propiedad. 

Llama la atención la inversión total de la historia en comparación con el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005. En aquella ocasión, también se buscaba construir una carretera, pero tanto las circunstancias como las consecuencias fueron radicalmente diferentes. Hace una década el predio era propiedad de un empresario poderoso, el camino tenía el objetivo de facilitar el acceso a un hospital y el Jefe de Gobierno no violó amparo alguno porque había suspendido por completo la obra. Aun así, se utilizó toda la fuerza del Estado y de los medios de comunicación para descalificar, desaforar y enjuiciar al popular político tabasqueño con el fin de desencarrilar su eventual candidatura presidencial... 

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"Alemania y Dinamarca deberían apoyar al pueblo mexicano, no a su presidente corrupto y represor" (ANALISIS EN ALEMAN Y DANÉS, 10-12 abril, 2016)

"Deutschland sollte Mexikos Präsidenten zur Rechenschaft ziehen"

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"Mexicos præsident har brug for en ’varm’ velkomst"

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"Institucionalidad colapsada" (La Jornada, 11 de abril, 2016)

John M. Ackerman

El colapso de la institucionalidad democrática en México es tan completo que ya nadie espera acción alguna de las autoridades gubernamentales en favor de la justicia o la honestidad. Todos sabemos que quedarán perfectamente impunes las recientes revelaciones periodísticas sobre delitos electorales cometidos por el hacker colombiano Andrés Sepúlveda, las triangulaciones financieras del compadre de Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa, y las millonarias contribuciones de la empresa del operador financiero del cártel de Juárez, Rodolfo Dávila, a la campaña presidencial de Peña Nieto.

Y los recientes ataques en contra tanto de los normalistas de Ayotzinapa como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirman que este emblemático caso jamás se resolverá, mientras los mismos responsables por el crimen del 26 de septiembre de 2014 siguen despachando desde Los Pinos.

México no solamente es un paraíso fiscal en que nadie paga lo que le corresponde, sino que también se ha convertido en un paraíso de la impunidad en que cualquier cosa se vale con tal de mantenerse en el poder y enriquecerse a expensas del erario y los recursos nacionales. Ningún fraude es demasiado grande, ningún cinismo demasiado descarado, y ninguna agresión demasiado violenta para llamar la atención de la autoridad y obligar a las instituciones del Estado a tomar acción para defender los intereses públicos. Ya no existe límite alguno al ejercicio del poder.

La principal función de las instituciones públicas en el México contemporáneo no es la rendición de cuentas, sino el control social. Los organismos del Estado solamente se activan cuando se trata de reprimir, censurar o emitir castigos ejemplares contra quienes se atreven a resistir los embates del poder...

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"PRI en declive. Hacia la reconstrucción de México" (Entrevista in extenso, Telesur, 6 de abril, 2016)

Intelectuales públicos y "democracia" en México y América Latina. Entrevista con John M. Ackerman

"CRUCE DE PALABRAS" CON LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

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"México sitiado" (Revista Proceso, 3 de abril, 2016)

John M. Ackerman

Uno de los aspectos más notorios de los regímenes autoritarios es la utilización facciosa de la ley para reprimir, censurar y controlar a la población. 

El contenido de dos nuevas leyes impulsadas por Enrique Peña Nieto y los partidos del Pacto por México confirma que el actual ocupante de Los Pinos busca consolidar de manera definitiva la política represiva que ensayó en Atenco el 4 de mayo de 2006, cuando fungía como gobernador del Estado de México, y que ha repetido una y otra vez desde su toma de protesta como presidente de la República el 1 de diciembre de 2012.

Peña Nieto se da cuenta del aumento de la ira social frente a sus fallidas “reformas estructurales”, la crisis económica, la profundización de la corrupción y la expansión de la violencia por todo el país. El presidente mexicano también está sujeto a cada vez más presión de organismos internacionales para frenar tanto la ola expansiva de violaciones a los derechos humanos como los ataques constantes contra periodistas, activistas sociales y políticos.

Pero en lugar de cambiar el rumbo y resolver el problema de raíz atacando la impunidad criminal enquistada en las instituciones gubernamentales, Peña Nieto ha decidido promover nuevas leyes que legalizarían la crisis generalizada de derechos humanos. Así como las contrarreformas “estructurales” institucionalizaron la corrupción y el saqueo, las nuevas contrarreformas represivas buscan formalizar la imposición de un estado de sitio generalizado en el país.

En la Cámara de Diputados avanza un dictamen para la Ley Reglamentaria al Artículo 29 Constitucional que daría manga ancha al presidente de la República y al Congreso de la Unión para suspender nuestras garantías constitucionales frente a casi cualquier “perturbación a la paz pública” con el fin de establecer la “normalidad” de impunidad generalizada en el país. De acuerdo con el texto de la iniciativa, ya aprobada por el Senado de la República, se define el concepto “perturbación grave” como un “fenómeno social violento que ponga en peligro la estabilidad o seguridad del Estado o su estructura social, política o económica”...

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