John M. Ackerman
La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de dar por concluido el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abre una oportunidad de oro para retomar el camino de la movilización social y la organización política.
El Acuerdo Técnico entre la CIDH y el gobierno mexicano, que creó el GIEI, se firmó el 12 de noviembre de 2014, en medio de una de las más importantes irrupciones sociales en la historia reciente. La fuerza de millones de mexicanos en la calle protestando a escalas nacional e internacional en favor de los estudiantes de Ayotzinapa y contra el mal gobierno obligó a las autoridades a abrir las puertas a una vigilancia externa.
Sin embargo, desde el principio el gobierno hizo todo lo posible por recortar y minimizar el trabajo de los expertos. El Acuerdo Técnico no fue firmado por el Presidente de la República, o siquiera por algún integrante de su gabinete, sino por funcionarios menores: una subprocuradora de la PGR, un subsecretario de Gobernación y el representante de México ante la OEA. Asimismo, Enrique Peña Nieto confió en que los pagos que daría su gobierno para cubrir los gastos del grupo de expertos, con una primera entrega de un millón de dólares en enero de 2015 y otra por la misma cantidad en octubre del mismo año, asegurarían que los investigadores tuvieran un comportamiento estrictamente "institucional".
Esta estrategia de contención "suave" se combinó desde el primer momento con el recrudecimiento de las tácticas más represivas del régimen. Dos días antes de la firma del convenio con la CIDH, el lunes 10 de noviembre de 2014, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, hizo pronunciamientos públicos inéditos que deslizaban la posibilidad de un autogolpe en respuesta a las descalificaciones sociales cada vez más fuertes en contra tanto del Presidente como del Ejército Mexicano...
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