John M. Ackerman
El régimen autoritario prepara un enorme fraude para imponer en Los Pinos a quien resulte ser el candidato de la continuidad en 2018. Los capitanes del poder económico y político del país ya se dieron cuenta de que ninguno de sus candidatos logrará reunir suficientes votos para ganar limpiamente en las próximas elecciones presidenciales. La indignación ciudadana ha crecido tanto y la ineptitud gubernamental ha llegado a un extremo tan intolerable que la mayoría de los votos libres inevitablemente apoyará al único candidato antisistema viable: Andrés Manuel López Obrador.
Este desenlace es inaceptable para quienes manejan las redes de impunidad y de saqueo. Quien no sabe "aceptar la derrota” no es el tabasqueño, sino el sistema de corrupción y violencia institucionalizada que ha malgobernado desde hace 71 años, a partir de la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946. La llegada a Los Pinos de alguien honesto, digno y cercano al pueblo implicaría la pérdida de enormes negocios, e incluso posible responsabilidad penal, para una gran cantidad de individuos que hoy viven como simples parásitos del sistema.
Las estrategias para la defraudación de la voluntad popular se modernizan y actualizan con cada elección presidencial. En 1988, simplemente "se cayó el sistema” y se reacomodaron las cifras desde la Secretaría de Gobernación para garantizar el "triunfo” de Carlos Salinas, con 51% de la votación. Posteriormente, la flamante alianza entre el PRI y el PAN, articulada por medio de la voz de Diego Fernández de Cevallos, ordenaría la destrucción de las boletas electorales para evitar cualquier cuestionamiento futuro de la legitimidad de Salinas.
En 2006, el instituto electoral supuestamente "autónomo” utilizó técnicas un poco más sutiles de manipulación informativa para hacer lo mismo que Gobernación en 1988. Todos recordamos cómo el entonces presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, quien había llegado a su puesto gracias a su cercanía con Elba Esther Gordillo, ordenó a los consejos distritales del instituto limitar al máximo el recuento de los votos. Posteriormente, tanto el IFE como el Tribunal Electoral se negaron a permitir el escrutinio ciudadano de las boletas electorales y finalmente las mandaron destruir utilizando los mismos argumentos que en 1988...
TEXTO COMPLETO DISPONIBLE AQUÍ
