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| Enrique Peña Nieto con el Secretario de la Defensa y el Secretario de la Marina |
John M. Ackerman
Si el Senado avala la Ley deSeguridad Interior (LSI), ya aprobada por los legisladores priístas y calderonistas en la Cámara de Diputados, el régimen autoritario mexicano finalmente se quitará la máscara para transitar abiertamente hacia una dictadura militarizada.
Es falso que esta ley busque "regular" o "dar cobijo" a la actuación de los militares contra el crimen. En realidad, constituye una abierta declaración de guerra de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón contra todo el pueblo mexicano, y sobre todo contra los activistas sociales y movimientos políticos de oposición que luchan por democratizar y modernizar el país.
Algunos justifican la presencia de los militares en las calles por motivos de seguridad pública. Afirman que frente a la corrupción desbordada y la falta de profesionalización de los cuerpos policiacos, alguien tiene que mantener el orden. También sostienen que si los militares están arriesgando sus vidas con el fin de garantizar la paz, por lo menos habría que desarrollar un marco jurídico que clarifique sus funciones y establezca controles precisos.
Aceptando, aunque sin conceder desde luego, esta problemática argumentación, la ley mencionada de ninguna manera cumple con este propósito. No ofrece claridad jurídica a los militares ni protección a los ciudadanos, sino todo lo contrario...
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