John M. Ackerman
La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordena la incorporación de Jaime Rodríguez Calderón a la boleta presidencial no tiene pies ni cabeza desde un punto de vista jurídico. Los magistrados Felipe Fuentes, José Luis Vargas, Mónica Soto e Idalfer Infante simplemente le regalaron al Gobernador nuevoleonés con licencia las 16 mil 656 firmas que le faltaban para alcanzar los 866 mil 573 apoyos ciudadanos necesarios para registrar su candidatura.
Los mismos jueces electorales reconocen en su sentencia (SUP-JDC-186/2018 y su acumulado SUP-
JDC-201/2018) que El Bronco no alcanzó el número de firmas requeridas por la ley y que además cometió graves irregularidades en el proceso de reunir sus apoyos ciudadanos.
Para muestra un botón: por lo menos 11 mil 748 de sus supuestos apoyos son de personas que aparecen en el “padrón electoral” pero que no fueron incorporados a la “lista nominal” de votantes porque los ciudadanos correspondientes nunca recogieron sus credenciales de elector en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE).
Es decir, es materialmente imposible que esas personas hubieran expresado su apoyo a Rodríguez Calderón, porque jamás recibieron las credenciales que les permitieran hacerlo. Nos encontramos frente a un indicio contundente de la comisión del delito de tráfico de datos personales, con la probable complicidad de funcionarios del propio INE. Lo mismo ocurre en el caso de Margarita Zavala, quien presentó también 13 mil 358 firmas de personas que nunca recibieron sus credenciales de elector.
Aun con las evidentes irregularidades en el proceso, los magistrados recurren al argumento espurio de que supuestamente el INE le violó a Rodríguez Calderón sus derechos de audiencia y al debido proceso...
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