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John M. Ackerman
Las encuestas más recientes de Reforma, Parametria y El Financiero colocan a Andrés Manuel López Obrador con una ventaja casi insuperable de entre 20 y 30 puntos porcentuales hacia las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio. El tabasqueño domina a sus dos contrincantes en absolutamente todos los sectores sociales, entre todos los rangos de edad y en cada una de las regiones del país. Ni el fraude electoral más grande jamás visto en la historia de México podría remontar esta enorme desventaja del sistema corrupto.
Sin embargo, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Lorenzo Córdova y un grupo de los oligarcas más poderosos del país simplemente se niegan a aceptar la derrota. Estos soldados de la continuidad aparentemente están dispuestos a torpedear la campaña del tabasqueño “haiga sido como haiga sido” con el fin de mantener sus privilegios y sus prebendas.
La masiva realización de llamadas robotizadas con “encuestas” simuladas que atacan y difaman al tabasqueño constituye el capítulo más reciente en una guerra sucia de larga duración que viola flagrantemente la ley y enturbia al proceso electoral. El objetivo de estas llamadas no es solamente alejar a los votantes de López Obrador sino también obstaculizar la realización de nuevas encuestas electorales durante las próximas semanas que podrían ir confirmando la inevitable victoria del candidato de Morena en las elecciones presidenciales.
Después de recibir varias de estas llamadas amenazantes y difamatorias, el ciudadano difícilmente tendría ganas de responder a las preguntas de un encuestador auténtico que se atreva a marcar por teléfono o a tocar el timbre de su casa. El miedo y el fastidio dictarán que es mejor encerrarse en su domicilio y simplemente no hablar con extraños. Y este proceso de aislamiento voluntario afectaría de manera particularmente fuerte a los allegados de Morena, ya que los ataques están dirigidos específicamente contra ellos.
Con este operativo, los hombres y las mujeres del sistema buscan alterar artificialmente los resultados de las encuestas y así generar una ventana de oportunidad para poder operar un “fraude patriótico” sin llamar demasiado la atención o pagar costos políticos demasiado altos. Esta jugada no solamente cuenta con muy pocas probabilidades de éxito, sino que también constituye una violación flagrante a la normatividad. Si el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no investigan y castigan inmediatamente a los responsables estarán demostrando una vez más que sus abultados presupuestos simplemente no tienen razón de ser...
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