John M. Ackerman
"Los funcionarios públicos… no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”, expresó Benito Juárez al abrir, como gobernador, el primer periodo de sesiones de la X Legislatura del estado de Oaxaca, el 2 de julio de 1852.
Este principio de la "honrosa medianía" fue incorporado desde 2009 en el artículo 127 de nuestra Constitución. Ahí se señala, por un lado, que todos los bonos, estímulos y compensaciones recibidos por los servidores públicos deben considerarse como parte de su "remuneración" y, por otro lado, que “ningún servidor público podrá recibir remuneración… mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.
No hay lugar a duda o confusión alguna al respecto. Si Andrés Manuel López Obrador reduce su salario a la mitad y se deshace de todos sus bonos y compensaciones, absolutamente todos los otros servidores públicos en el país, incluyendo el Poder Judicial, el Congreso de la Unión, los órganos autónomos, y también en todas las entidades federativas y los municipios del país, tendrían que ajustar sus salarios de manera correspondiente.
Nadie, absolutamente ningún servidor público, puede ganar más que el Presidente. Es un mandato constitucional.
"Sí, yo con mucho gusto doy la mitad de mi salario, entonces luego a robar, ¿o qué?", respondió el año pasado el senador Javier Lozano a la propuesta de López Obrador de reducir a la mitad los salarios de los altos funcionarios públicos. Las "remuneraciones dignas" son "condiciones necesarias para un servicio público indispensable", sostuvo la semana pasada el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, en aparente réplica a la ratificación de parte del ganador de las elecciones del primero de julio de su propuesta...
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