El Congreso de la Unión está diseñado para ser una institución indomable, un ágora para el debate público y una casa para la interacción constante entre el pueblo y sus representantes. Es el poder del Estado mexicano que más auténticamente enarbola y representa las causas populares.
La Cámara de Diputados, en particular, es el recinto que mejor refleja la enorme diversidad geográfica e ideológica de la nación. Los 300 diputados de distrito provienen de cada uno de los rincones de la república, desde Tijuana hasta Tapachula, desde Monterrey hasta Cancún. Y los 200 diputados plurinominales garantizan la representación de la más amplia diversidad de posiciones ideológicas, incluyendo izquierdistas, conservadores, anarquistas, liberales, socialistas, moderados y “ultras”, entre otros.
Es precisamente por esta pluralidad, dinamismo y participación tan características del Poder Legislativo que los Presidentes de la República de los últimos dos sexenios, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, han hecho todo lo posible por cancelar su relevancia y autonomía. Como presidentes que llegaron al poder a partir de votaciones minoritarias y altamente cuestionadas, ambos mandatarios han tenido un terrible pavor a la voz del pueblo expresado por medio de sus representantes populares.
Calderón, por ejemplo, pactó con Manlio Fabio Beltrones, en 2008, reformar el artículo 69 de la Constitución con el fin de eliminar el requisito de que el Presidente de la República acuda personalmente a la Cámara de Diputados cada primero de septiembre para rendir su informe de labores. Ello fue en respuesta a las aguerridas protestas protagonizadas por la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, en contra de Vicente Fox con motivo de la presentación de su sexto informe y del mismo Calderón durante su primer informe, a raíz del fraude electoral de 2006...
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