La Cámara de Senadores ha empezado a dar pasos definitorios hacia la democratización de la justicia mexicana. Si los diputados federales y la mayoría de las legislaturas estatales avalan las modificaciones constitucionales aprobadas por el Senado el pasado jueves, tendríamos las condiciones ideales para la transformación del juicio de amparo y para la introducción de la figura de las acciones colectivas.
A diferencia de su desempeño en los recientes nombramientos para puestos claves del Estado mexicano, esta vez los señores senadores sí desplegaron sus esfuerzos y voluntades para movilizar la amplia pluralidad política que caracteriza a este cuerpo colectivo en favor de la mayoría de los mexicanos.
No sería recomendable, sin embargo, que la Cámara de Diputados aprobara al vapor las reformas sin primero entenderlas, analizarlas y debatirlas a profundidad. De la misma manera en que la semana pasada de manera adecuada se decidiera postergar la aprobación de las modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión y la creación de una nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas, hoy también las reformas propuestas a nuestro sistema de justicia constitucional ameritan una discusión más amplia antes de su ratificación.
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