El decálogo de reforma política presentado por Felipe Calderón la semana pasada implica más continuidad que cambio. Con su iniciativa, el Presidente de la República no hace más que repetir la vieja tradición establecida durante el largo reino del partido de Estado de presentar periódicamente grandes “reformas políticas” que, si bien aparentan cierta apertura democrática, en los hechos buscan inclinar a su favor la balanza del poder político.
Habría que aplaudir que después de nueve años de gobiernos de la alternancia, un presidente panista finalmente se haya atrevido a proponer importantes reformas al Estado Mexicano. Con ello se abre una coyuntura muy positiva para establecer un debate nacional sobre el tema. Sin embargo, el paquete de reformas presentado por Calderón es una propuesta coyuntural, parcial y cortoplacista.
El texto de la iniciativa proclama que sus dos objetivos centrales son “fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político” y “consolidar nuestras instituciones”. Pero en realidad los principales fines son el fortalecimiento del vínculo entre “los votantes” y el “PAN”, la destrucción de las bases de apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y una compensación institucional por la falta de legitimidad e influencia pública con la que cuenta el actual presidente. En suma, el partido en el gobierno busca lograr por medio de reformas legales lo que no ha podido conseguir ni en las urnas y ni con el cotidiano ejercicio del poder.
Habría que aplaudir que después de nueve años de gobiernos de la alternancia, un presidente panista finalmente se haya atrevido a proponer importantes reformas al Estado Mexicano. Con ello se abre una coyuntura muy positiva para establecer un debate nacional sobre el tema. Sin embargo, el paquete de reformas presentado por Calderón es una propuesta coyuntural, parcial y cortoplacista.
El texto de la iniciativa proclama que sus dos objetivos centrales son “fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político” y “consolidar nuestras instituciones”. Pero en realidad los principales fines son el fortalecimiento del vínculo entre “los votantes” y el “PAN”, la destrucción de las bases de apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y una compensación institucional por la falta de legitimidad e influencia pública con la que cuenta el actual presidente. En suma, el partido en el gobierno busca lograr por medio de reformas legales lo que no ha podido conseguir ni en las urnas y ni con el cotidiano ejercicio del poder.
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