"Guerrero: voto de castigo" (Revista Proceso, 29 de agosto de 2010)

Los movimientos progresistas y de izquierda le deben al estado de Guerrero una de sus vetas más consecuentes y activas. Esta entidad sureña es tierra de Vicente Guerrero, Juan Álvarez e Ignacio Manuel Altamirano. Ahí se redactó la Constitución de Apatzingán, y se instaló el primer cuerpo legislativo de la historia del país, el Congreso de Anáhuac, donde José María Morelos presentó sus Sentimientos de la Nación. Más recientemente, desde la época de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez hasta nuestros días, Guerrero ha albergado un activismo social absolutamente central para la democratización del país.

Con la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel federal, era casi inevitable que la izquierda ganara el gobierno de este importante estado. Así ocurrió en 2005, cuando Zeferino Torreblanca triunfó bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, era difícil prever que una vez en el poder Torreblanca traicionaría todos y cada uno de los principios y programas enarbolados en su campaña.

Durante los cinco años de su administración, el primer gobernador de la oposición no ha logrado solucionar ninguno de los reclamos populares. La pobreza sigue igual o peor que antes. El caciquismo político se ha consolidado. El poder del narcotráfico y el crimen organizado ha proliferado en la entidad. Los sistemas de salud y educación siguen sin llegar a las poblaciones rurales e indígenas más marginadas. La corrupción no ha disminuido y la procuración e impartición de justicia siguen siendo tan irregulares y desiguales como antaño. Torreblanca ha seguido al pie de la letra el guión establecido por el gobierno federal para militarizar las tareas de seguridad pública y dejar impunes las violaciones a los derechos humanos.

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82939 (Proceso)

http://www.suracapulco.com.mx/opinion02.php?id_nota=6841 (El Sur de Acapulco)

"El nuevo peligro para México" (La Jornada, 23 de agosto de 2010)

La guerra sucia rumbo a las elecciones presidenciales de 2012 ha iniciado ya y las autoridades federales una vez más demuestran su tibieza y parcialidad a la hora de imponer el estado de derecho. Van ocho días desde la abierta e ilegal intervención de la Iglesia católica en la esfera política-electoral y tanto el Instituto Federal Electoral (IFE) como la Secretaría de Gobernación (SG) se han hecho de la vista gorda, limitándose a emitir escuetos pronunciamientos burocráticos que no les comprometen a nada. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) también se ha quedado inmóvil. Tal como ocurrió en la antesala de las elecciones de 2006, hoy de nuevo se confirma que los poderes fácticos, y no las instituciones democráticas, son los que realmente mandan en el país.

La ley no deja lugar a dudas. El artículo 130 de la Constitución explícitamente señala que los ministros de culto no podrán “realizar proselitismo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”. El artículo 353 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) prohíbe a las iglesias “la inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos”. El artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público también castiga la realización por parte de la Iglesia de “proselitismo o propaganda de cualquier tipo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”. Mientras tanto, el artículo 404 del Código Penal Federal impone una multa de hasta 500 días de salario mínimo a los ministros de culto que “induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político”.

Al demonizar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y llamar explícitamente a “los bautizados” a votar en las próximas elecciones “para evitar que algunos políticos y partidos sigan atentando contra la fe y la moral”, el arzobispado primado de México anuncia el inicio de una nueva guerra cristera que, en su perversa reedición de 2006, buscará impedir haiga sido como haiga sido la llegada a la Presidencia de la República de algún candidato de izquierda.

Artículo completo disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2010/08/23/index.php?section=opinion&article=021a1pol

"Organismos autónomos y la nueva división de poderes en México y América Latina" (Homenaje al Dr. Emilio Rabasa, Carpizo/Arriaga coord,IIJ-UNAM, 2010)

Este capítulo explora la teoría, diseño institucional e interpretación jurídica de los organismos constitucionales autónomos en México y en Latinoamérica. Se realizará un diagnostico inicial de los alcances de la actual ola de generación de organismos de este tipo que hoy se configura a nivel internacional y que ha llegado al extremo de reestructurar la tradicional división de poderes. Así mismo, se busca plantear propuestas específicas de reformas constitucionales que fortalezcan y regulen mejor estos órganos en el caso mexicano.

El argumento central del presente ensayo es que no se puede desdeñar a los organismos autónomos como un fenómeno pasajero, como una moda o como algo utilizado exclusivamente por regímenes autoritarios para simular su compromiso con la rendición de cuentas. La cantidad de organismos que existen actualmente alrededor del mundo, el avance de los criterios jurisprudenciales en la materia y los rediseños constitucionales que se han llevado a cabo recientemente en América Latina en particular, nos obligan a concebir los organismos autónomos como parte de una revolución silenciosa que está tomando lugar a nivel internacional en la división de poderes.

En consecuencia, surge la urgente necesidad de repensar el diseño institucional del Estado mexicano para que los organismos autónomos cuenten con un lugar firme y debidamente regulado dentro de la Carta Magna. De otra forma, nos arriesgamos a caminar en dirección de una crisis constitucional de grandes proporciones que incluso podría poner en riesgo no solamente la vigencia de los organismos autónomos actualmente existentes, como el Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el Banco de México (BM) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG), sino también la efectividad del Estado mexicano en su conjunto.

Texto completo del capítulo disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2834/5.pdf

"La poda del presidente" (Revista Proceso, 15 de agosto de 2010)

Frente a su incapacidad para lograr transformaciones de fondo en el país, Felipe Calderón alardea con acciones menores esperanzado en que éstas distraigan a ciudadanos y críticos. En materia de combate a la corrupción, en lugar de atrapar “peces gordos” e implementar medidas estructurales de prevención e investigación, el presidente se limita a emprender una “tala regulatoria” y envía a la basura una serie de normas que de todas formas eran inservibles. Aprovecha también esta limpieza como el pretexto perfecto para “liberar” a los empresarios de la acción reguladora del Estado.

El lunes 9 de agosto, Calderón y su secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, informaron sobre la eliminación de más de 12 mil disposiciones y normas. Asimismo, establecieron de plazo el 10 de septiembre próximo para que cada secretaría de Estado reduzca al mínimo las normas necesarias para funcionar, su “equipaje de mano”, de acuerdo con la desafortunada metáfora del presidente. También, con el fin de homologar los procedimientos del gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha emitido una serie de “manuales” que buscan poner orden en algunos ámbitos estratégicos (adquisiciones, transparencia, auditoría gubernamental, etcétera) donde han predominado la confusión y la diversidad de procedimientos entre diferentes partes del gobierno. Finalmente, en un acuerdo publicado el 10 de agosto, Calderón declara una “veda regulatoria” que prohíbe la creación de nuevos reglamentos, normas y trámites a menos que sean estrictamente necesarios, en caso de emergencia o en cumplimiento de algún compromiso internacional.

El esfuerzo es plausible en principio, pero no implica de ninguna manera una transformación de fondo en la administración pública federal. Vega Casillas se engaña a sí mismo, o de plano miente, cuando señala que con estas acciones se busca “pasar de la lógica de los cambios graduales y posibles a los cambios de fondo que México realmente necesita”.

Artículo completo disponible en:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleImpreso/152014
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82541

http://www.tribunacampeche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27263:la-poda-del-presidente-&catid=29:editorial&Itemid=50 (Tribuna de Campeche)

"Las debilidades de Calderón" (Entrevista in extenso, Revista Siempre, 15 de agosto de 2010)

Luego de 28 mil muertes, el presidente Felipe Calderón reconoce que la lucha — no guerra— antidrogas no ha funcionado y ha convocado a representantes de diversos sectores a los diálogos por la seguridad para enfrentar el crimen organizado. El peligro, asevera el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, John Mill Ackerman, es que se trate otra vez de medidas mediáticas y reuniones con los mismos de siempre, cuando la situación nacional se recrudece cada vez más.

El experto en derecho constitucional y de rendición de cuentas asegura que las grandes debilidades del Presidente —un gabinete gris que no tiene capacidad ni valentía para enfrentar los problemas; la cooptación de su gobierno por intereses fácticos, entre otros problemas— le impiden dar una lucha al crimen organizado y al narcotráfico que ha permeado en la sociedad y el Estado mexicano.

Entrevista completa disponible en Siempre TV:
http://www.blip.tv/file/4003747

Acceso al texto completo de la entrevista:
http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=4928:las-debilidades-de-calderon-john-mill-ackerman&catid=186:entrevista&Itemid=210

"Estado de barbarie" (La Jornada, 9 de agosto de 2010)

Solamente el ciudadano más ingenuo podría creer que los 200 militares que cercaron la casa de Ignacio Coronel en su lujosa residencia de Zapopan, Jalisco, el pasado 29 de julio se vieron obligados a matar al capo debido a que éste se habría "resistido al arresto”. De acuerdo con todos los informes, el capo estaba acompañado únicamente por su jefe de escoltas y una masajista. ¿Acaso el escolta no “se resistió” también a su arresto? ¿Realmente no había otra forma para silenciar el arma del delincuente sin causarle la muerte?

Todo parece indicar que el operativo no fue para detener a Nacho Coronel, sino para matarlo. Ninguno de los reportes señala la presencia de agente del Ministerio Público o policía local o federal alguno. Únicamente se habla de los militares quienes cumplieron con su misión: matar al enemigo.

En esta ocasión las autoridades tuvieron un poco más cuidado con el cadáver del capo. No decoraron su cuerpo sangriento con billetes y joyas como en el caso de Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca, en diciembre pasado. Sin embargo, en el fondo el operativo en Zapopan tiene la misma naturaleza que el de Morelos: ambas fueron ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado y motivadas por una sed de venganza.

Artículo completo disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/09/index.php?section=opinion&article=021a2pol

"Pétalos que lastiman" (Revista Proceso, 1 de agosto de 2010)

La polémica desatada por el tibio señalamiento del Instituto Federal Electoral (IFE) a la Presidencia de la República por su desbordado activismo durante las más recientes campañas electorales, no es el indicador de una renovada autonomía del Instituto Electoral sino una muestra más de la soberbia con la que se conduce el Ejecutivo Federal.El IFE no “se extralimitó” en sus funciones ni “censuró” al Presidente, como ha sido señalado por la Secretaría de Gobernación. Muy por el contrario, los consejeros electorales se contentaron con una acción muy menor que simplemente les lava la cara dentro de un contexto de ilegalidad e inequidad en materia electoral que ellos mismos han permitido.

La resolución del IFE del 21 julio deja totalmente impune la grosera intervención de Felipe Calderón para favorecer al Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones estatales del 4 de julio.De manera irregular en plena campaña electoral, el 15 de junio Calderón transmitió un mensaje por cadena nacional para “informar” sobre sus acciones en materia de seguridad pública. Este informe no contenía ninguna información nueva, importante o de urgente transmisión y únicamente fue un esfuerzo de legitimación pública de las acciones del Gobierno Federal.

Calderón también súbitamente decidió que cuatro días antes de las elecciones era el momento adecuado para “informar” sobre la eventual eliminación del impuesto de la tenencia para automóviles. El día siguiente, el jueves, 1 de julio, al Presidente se le ocurrió que era el momento idóneo para compartir con la ciudadanía los grandes “logros” de su gobierno en materia de empleo.Así mismo, en días previos ya había emitido un mensaje en cadena nacional sobre la muerte del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de Tamaulipas y tanto él como el secretario de Gobernación habían convocado conferencias de prensa para llamar a un “diálogo nacional” sobre el tema de la inseguridad pública.

El anuncio que Calderón hiciera el 1 de julio fue particularmente grave porque tuvo lugar durante los tres días de "veda" cuando está estrictamente prohibido cualquier acto de campaña electoral. De manera descarada, Calderón decidió llenar este vacío informativo mandatado por la ley con sus proclamas exageradas sobre la supuesta efectividad de su programa económico.

Habría que recordar que ésta no es la primera ocasión que el actual Presidente ha llegado al extremo de utilizar la propaganda gubernamental para influir en las campañas electorales. Tal y como denunciamos en su momento en estas mismas páginas (Proceso, 10 de mayo de 2009), apenas habían iniciado las campañas federales para renovar la Cámara de Diputados el año pasado cuando Calderón decidió aparecer en cadena nacional para "informar" sobre sus grandes logros en el combate al Virus de la Influenza H1N1 y para presentarse como el héroe del momento.

Todos estos actos de propaganda constituyen una violación flagrante de la norma. El artículo 41 de la Constitución señala sin rodeos la prohibición de "toda propaganda gubernamental" durante las campañas electorales federales y locales. La norma contiene algunas excepciones para "campañas de información" en materia educativa y de salud o "las necesarias para la protección civil en casos de emergencia". Los mensajes de Calderón, sin embargo, no entran en ninguna de tales supuestos. Por más que la violencia del crimen organizado implica una "emergencia" nacional, los discursos no informaban sobre ninguna acción específica en materia de protección civil ni formaba parte de "campaña informativa" de ningún tipo.


Ni siquiera Vicente Fox, Ernesto Zedillo o Carlos Salinas, ninguno de los cuales destaca por su respeto a la legalidad, se habían atrevido a llegar tan lejos, aún en un contexto en que la ley era omisa en la materia. Paradójicamente, hoy que sí contamos con una disposición constitucional explícita, Calderón demuestra aún menos respeto por la legalidad y la equidad que sus antecesores.

Ante esta situación, en su resolución del 21 de julio el IFE dejó totalmente impune las acciones de Calderón durante de la semana previa a las elecciones. Con respecto a la cadena nacional del 15 de junio, la autoridad se limitó a emitir una burocrática y gris resolución en que "declara fundada" la queja del PRI porque el discurso "no se ajustó" a las prohibiciones constitucionales. Eso es todo. Escondiéndose detrás de una lectura exagerada del artículo 108 constitucional, los consejeros no se atrevieron a emitir reclamo formal alguno ni a exhortar a Calderón para que no volviera a incurrir en prácticas similares.

El IFE tampoco sancionó a la Secretaría de Gobernación, que organizó la cadena nacional, o a los otros secretarios que acompañaron a Calderón en las conferencias de prensa. La autoridad se negó a sancionar al Partido Acción Nacional (PAN) por su responsabilidad como beneficiario de la propaganda o incluir los recursos erogados por la Presidencia en estas comunicaciones dentro de los gastos electorales del PAN. Los consejeros ni siquiera se atrevieron a dar vista al Congreso de la Unión, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales o a la Secretaría de la Función Pública.

Pero el gobierno federal no permite que se le toque ni con el pétalo de una rosa. En lugar de aceptar con humildad este tibio señalamiento emitido por la autoridad electoral, se lanzó contra los consejeros reclamando que su resolución "carece de toda lógica". El mensaje es claro: Calderón no permitirá el menor margen de independencia aunque sea simbólica de parte de los consejeros. Su subordinación al Ejecutivo debe ser total.

En los hechos, la Presidencia ganó la polémica de manera contundente. De manera paralela a los "infomerciales" en Oaxaca y el "Dictamen de validez" de la elección presidencial de 2006, las autoridades electorales una vez más se niegan a actuar aún cuando reconocen la existencia de graves violaciones a la ley. La mancha de impunidad en materia electoral se extiende y se fortalece, generando un escenario verdaderamente sombrío para las elecciones de 2011 y 2012***