La polémica desatada por el tibio señalamiento del Instituto Federal Electoral (IFE) a la Presidencia de la República por su desbordado activismo durante las más recientes campañas electorales, no es el indicador de una renovada autonomía del Instituto Electoral sino una muestra más de la soberbia con la que se conduce el Ejecutivo Federal.El IFE no “se extralimitó” en sus funciones ni “censuró” al Presidente, como ha sido señalado por la Secretaría de Gobernación. Muy por el contrario, los consejeros electorales se contentaron con una acción muy menor que simplemente les lava la cara dentro de un contexto de ilegalidad e inequidad en materia electoral que ellos mismos han permitido.
La resolución del IFE del 21 julio deja totalmente impune la grosera intervención de Felipe Calderón para favorecer al Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones estatales del 4 de julio.De manera irregular en plena campaña electoral, el 15 de junio Calderón transmitió un mensaje por cadena nacional para “informar” sobre sus acciones en materia de seguridad pública. Este informe no contenía ninguna información nueva, importante o de urgente transmisión y únicamente fue un esfuerzo de legitimación pública de las acciones del Gobierno Federal.
Calderón también súbitamente decidió que cuatro días antes de las elecciones era el momento adecuado para “informar” sobre la eventual eliminación del impuesto de la tenencia para automóviles. El día siguiente, el jueves, 1 de julio, al Presidente se le ocurrió que era el momento idóneo para compartir con la ciudadanía los grandes “logros” de su gobierno en materia de empleo.Así mismo, en días previos ya había emitido un mensaje en cadena nacional sobre la muerte del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de Tamaulipas y tanto él como el secretario de Gobernación habían convocado conferencias de prensa para llamar a un “diálogo nacional” sobre el tema de la inseguridad pública.
El anuncio que Calderón hiciera el 1 de julio fue particularmente grave porque tuvo lugar durante los tres días de "veda" cuando está estrictamente prohibido cualquier acto de campaña electoral. De manera descarada, Calderón decidió llenar este vacío informativo mandatado por la ley con sus proclamas exageradas sobre la supuesta efectividad de su programa económico.
Habría que recordar que ésta no es la primera ocasión que el actual Presidente ha llegado al extremo de utilizar la propaganda gubernamental para influir en las campañas electorales. Tal y como denunciamos en su momento en estas mismas páginas (Proceso, 10 de mayo de 2009), apenas habían iniciado las campañas federales para renovar la Cámara de Diputados el año pasado cuando Calderón decidió aparecer en cadena nacional para "informar" sobre sus grandes logros en el combate al Virus de la Influenza H1N1 y para presentarse como el héroe del momento.
Todos estos actos de propaganda constituyen una violación flagrante de la norma. El artículo 41 de la Constitución señala sin rodeos la prohibición de "toda propaganda gubernamental" durante las campañas electorales federales y locales. La norma contiene algunas excepciones para "campañas de información" en materia educativa y de salud o "las necesarias para la protección civil en casos de emergencia". Los mensajes de Calderón, sin embargo, no entran en ninguna de tales supuestos. Por más que la violencia del crimen organizado implica una "emergencia" nacional, los discursos no informaban sobre ninguna acción específica en materia de protección civil ni formaba parte de "campaña informativa" de ningún tipo.
Ni siquiera Vicente Fox, Ernesto Zedillo o Carlos Salinas, ninguno de los cuales destaca por su respeto a la legalidad, se habían atrevido a llegar tan lejos, aún en un contexto en que la ley era omisa en la materia. Paradójicamente, hoy que sí contamos con una disposición constitucional explícita, Calderón demuestra aún menos respeto por la legalidad y la equidad que sus antecesores.
Ante esta situación, en su resolución del 21 de julio el IFE dejó totalmente impune las acciones de Calderón durante de la semana previa a las elecciones. Con respecto a la cadena nacional del 15 de junio, la autoridad se limitó a emitir una burocrática y gris resolución en que "declara fundada" la queja del PRI porque el discurso "no se ajustó" a las prohibiciones constitucionales. Eso es todo. Escondiéndose detrás de una lectura exagerada del artículo 108 constitucional, los consejeros no se atrevieron a emitir reclamo formal alguno ni a exhortar a Calderón para que no volviera a incurrir en prácticas similares.
El IFE tampoco sancionó a la Secretaría de Gobernación, que organizó la cadena nacional, o a los otros secretarios que acompañaron a Calderón en las conferencias de prensa. La autoridad se negó a sancionar al Partido Acción Nacional (PAN) por su responsabilidad como beneficiario de la propaganda o incluir los recursos erogados por la Presidencia en estas comunicaciones dentro de los gastos electorales del PAN. Los consejeros ni siquiera se atrevieron a dar vista al Congreso de la Unión, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales o a la Secretaría de la Función Pública.
Pero el gobierno federal no permite que se le toque ni con el pétalo de una rosa. En lugar de aceptar con humildad este tibio señalamiento emitido por la autoridad electoral, se lanzó contra los consejeros reclamando que su resolución "carece de toda lógica". El mensaje es claro: Calderón no permitirá el menor margen de independencia aunque sea simbólica de parte de los consejeros. Su subordinación al Ejecutivo debe ser total.
En los hechos, la Presidencia ganó la polémica de manera contundente. De manera paralela a los "infomerciales" en Oaxaca y el "Dictamen de validez" de la elección presidencial de 2006, las autoridades electorales una vez más se niegan a actuar aún cuando reconocen la existencia de graves violaciones a la ley. La mancha de impunidad en materia electoral se extiende y se fortalece, generando un escenario verdaderamente sombrío para las elecciones de 2011 y 2012***
La resolución del IFE del 21 julio deja totalmente impune la grosera intervención de Felipe Calderón para favorecer al Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones estatales del 4 de julio.De manera irregular en plena campaña electoral, el 15 de junio Calderón transmitió un mensaje por cadena nacional para “informar” sobre sus acciones en materia de seguridad pública. Este informe no contenía ninguna información nueva, importante o de urgente transmisión y únicamente fue un esfuerzo de legitimación pública de las acciones del Gobierno Federal.
Calderón también súbitamente decidió que cuatro días antes de las elecciones era el momento adecuado para “informar” sobre la eventual eliminación del impuesto de la tenencia para automóviles. El día siguiente, el jueves, 1 de julio, al Presidente se le ocurrió que era el momento idóneo para compartir con la ciudadanía los grandes “logros” de su gobierno en materia de empleo.Así mismo, en días previos ya había emitido un mensaje en cadena nacional sobre la muerte del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de Tamaulipas y tanto él como el secretario de Gobernación habían convocado conferencias de prensa para llamar a un “diálogo nacional” sobre el tema de la inseguridad pública.
El anuncio que Calderón hiciera el 1 de julio fue particularmente grave porque tuvo lugar durante los tres días de "veda" cuando está estrictamente prohibido cualquier acto de campaña electoral. De manera descarada, Calderón decidió llenar este vacío informativo mandatado por la ley con sus proclamas exageradas sobre la supuesta efectividad de su programa económico.
Habría que recordar que ésta no es la primera ocasión que el actual Presidente ha llegado al extremo de utilizar la propaganda gubernamental para influir en las campañas electorales. Tal y como denunciamos en su momento en estas mismas páginas (Proceso, 10 de mayo de 2009), apenas habían iniciado las campañas federales para renovar la Cámara de Diputados el año pasado cuando Calderón decidió aparecer en cadena nacional para "informar" sobre sus grandes logros en el combate al Virus de la Influenza H1N1 y para presentarse como el héroe del momento.
Todos estos actos de propaganda constituyen una violación flagrante de la norma. El artículo 41 de la Constitución señala sin rodeos la prohibición de "toda propaganda gubernamental" durante las campañas electorales federales y locales. La norma contiene algunas excepciones para "campañas de información" en materia educativa y de salud o "las necesarias para la protección civil en casos de emergencia". Los mensajes de Calderón, sin embargo, no entran en ninguna de tales supuestos. Por más que la violencia del crimen organizado implica una "emergencia" nacional, los discursos no informaban sobre ninguna acción específica en materia de protección civil ni formaba parte de "campaña informativa" de ningún tipo.
Ni siquiera Vicente Fox, Ernesto Zedillo o Carlos Salinas, ninguno de los cuales destaca por su respeto a la legalidad, se habían atrevido a llegar tan lejos, aún en un contexto en que la ley era omisa en la materia. Paradójicamente, hoy que sí contamos con una disposición constitucional explícita, Calderón demuestra aún menos respeto por la legalidad y la equidad que sus antecesores.
Ante esta situación, en su resolución del 21 de julio el IFE dejó totalmente impune las acciones de Calderón durante de la semana previa a las elecciones. Con respecto a la cadena nacional del 15 de junio, la autoridad se limitó a emitir una burocrática y gris resolución en que "declara fundada" la queja del PRI porque el discurso "no se ajustó" a las prohibiciones constitucionales. Eso es todo. Escondiéndose detrás de una lectura exagerada del artículo 108 constitucional, los consejeros no se atrevieron a emitir reclamo formal alguno ni a exhortar a Calderón para que no volviera a incurrir en prácticas similares.
El IFE tampoco sancionó a la Secretaría de Gobernación, que organizó la cadena nacional, o a los otros secretarios que acompañaron a Calderón en las conferencias de prensa. La autoridad se negó a sancionar al Partido Acción Nacional (PAN) por su responsabilidad como beneficiario de la propaganda o incluir los recursos erogados por la Presidencia en estas comunicaciones dentro de los gastos electorales del PAN. Los consejeros ni siquiera se atrevieron a dar vista al Congreso de la Unión, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales o a la Secretaría de la Función Pública.
Pero el gobierno federal no permite que se le toque ni con el pétalo de una rosa. En lugar de aceptar con humildad este tibio señalamiento emitido por la autoridad electoral, se lanzó contra los consejeros reclamando que su resolución "carece de toda lógica". El mensaje es claro: Calderón no permitirá el menor margen de independencia aunque sea simbólica de parte de los consejeros. Su subordinación al Ejecutivo debe ser total.
En los hechos, la Presidencia ganó la polémica de manera contundente. De manera paralela a los "infomerciales" en Oaxaca y el "Dictamen de validez" de la elección presidencial de 2006, las autoridades electorales una vez más se niegan a actuar aún cuando reconocen la existencia de graves violaciones a la ley. La mancha de impunidad en materia electoral se extiende y se fortalece, generando un escenario verdaderamente sombrío para las elecciones de 2011 y 2012***
