La guerra sucia rumbo a las elecciones presidenciales de 2012 ha iniciado ya y las autoridades federales una vez más demuestran su tibieza y parcialidad a la hora de imponer el estado de derecho. Van ocho días desde la abierta e ilegal intervención de la Iglesia católica en la esfera política-electoral y tanto el Instituto Federal Electoral (IFE) como la Secretaría de Gobernación (SG) se han hecho de la vista gorda, limitándose a emitir escuetos pronunciamientos burocráticos que no les comprometen a nada. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) también se ha quedado inmóvil. Tal como ocurrió en la antesala de las elecciones de 2006, hoy de nuevo se confirma que los poderes fácticos, y no las instituciones democráticas, son los que realmente mandan en el país.
La ley no deja lugar a dudas. El artículo 130 de la Constitución explícitamente señala que los ministros de culto no podrán “realizar proselitismo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”. El artículo 353 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) prohíbe a las iglesias “la inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos”. El artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público también castiga la realización por parte de la Iglesia de “proselitismo o propaganda de cualquier tipo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”. Mientras tanto, el artículo 404 del Código Penal Federal impone una multa de hasta 500 días de salario mínimo a los ministros de culto que “induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político”.
Al demonizar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y llamar explícitamente a “los bautizados” a votar en las próximas elecciones “para evitar que algunos políticos y partidos sigan atentando contra la fe y la moral”, el arzobispado primado de México anuncia el inicio de una nueva guerra cristera que, en su perversa reedición de 2006, buscará impedir haiga sido como haiga sido la llegada a la Presidencia de la República de algún candidato de izquierda.
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