"IFE: cuentas pendientes" (La Jornada, 26 de diciembre de 2011)

No es por medio de ambiguos exhortos a la "prudencia" de los actores políticos que el Instituto Federal Electoral (IFE) podrá revertir el legado de impunidad y simulación que hoy caracterizan a los procesos electorales, sino con una acción firme e institucional que imponga sin miramientos el Estado de derecho. En lugar de gastar cientos de miles de pesos en desplegados sin ninguna relevancia jurídica, como ocurrió el viernes 23 de diciembre en los periódicos de circulación nacional, el hoy por fortuna completo Consejo General del IFE tendría que utilizar nuestros valiosos recursos públicos para investigar y sancionar los recurrentes fraudes a la ley que corroen el sistema democrático.

Tienen razón los consejeros electorales cuando afirman que "nuestro país merece un proceso electoral ejemplar" y que ello "depende de refrendar la vocación democrática y apegada a las reglas vigentes de todos los mexicanos". Yerran, sin embargo, al culpar sólo a los actores políticos cuando los mismos funcionarios electorales son los principales responsables de haber generado el actual contexto de ilegalidad generalizada en materia electoral.

El IFE hoy se encuentra inmerso en una profunda crisis de legitimidad que nos conduce a una jornada electoral cuestionada y llena de conflictividad política. Si los tres nuevos consejeros electorales quieren evitar este oscuro desenlace no será suficiente con ayudar a administrar la desgracia, es preciso que ayuden a imprimir inmediatamente una nueva dinámica institucional al órgano electoral.

El caso más urgente por resolver es el de la multa por 288.7 millones de pesos al Partido Verde Ecologista (PVEM) que ha quedado congelada desde el 27 de abril al empatar la votación de los seis consejeros allí presentes. Ésta sería la tercera sanción más grande impuesta por el IFE en su historia, solamente superada por las sanciones al Partido Revolucionario Institucional (PRI) porPemexgate y al Partido Acción Nacional, junto con el mismo PVEM, por el caso Amigos de Fox...

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"El naufragio nacional" (Revista Proceso, 18 diciembre 2011)

Alexis Herrera, Gabriel Echeverría y David Espíritu, los mártires de Ayotzinapa, in memoriam.

La descomposición institucional y social que ha marcado el sexenio de Felipe Calderón se agrava minuto a minuto. El artero asesinato de tres jóvenes normalistas por la fuerza pública en Guerrero, los estudiantes ultimados en Guadalajara, las acusaciones penales en contra del padre Solalinde, el ataque a Norma Andrade, la desaparición de los ecologistas de Guerrero y la andanada de asesinatos y amagos a la prensa y a los defensores de derechos humanos en todo el país, configuran un escalofriante escenario de intolerancia y persecución que recuerdan las peores épocas del autoritario régimen de partido de Estado.

La situación prevaleciente rebasa la simple ausencia de un Estado de derecho. Refleja el total desmoronamiento de las mínimas reglas de convivencia y de negociación política y social. Desde el principio del actual sexenio ya se advertía que la verdadera causa de la violencia en el país no eran las disputas entre los narcotraficantes, sino la debilidad institucional que genera un clima de impunidad y corrupción en donde literalmente todo se vale. Hoy la responsabilidad de los gobernantes y de la clase política entera en la masacre nacional es más evidente que nunca.

Durante los periodos electorales los ánimos se caldean y los grupos caciquiles actúan sin rubor alguno. Hoy los sectores más retrógradas del PRI, como el figueroísmo en Guerrero, ya se frotan las manos al visualizar la posibilidad de reconquistar el poder y volver a repartir el botín entre sus amigos. Pero en esta pelea corren el riesgo de terminar descarnando a la patria a tal grado que lo único que lograrán será un simple saco de huesos para distribuir entre los ganadores...

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"La fase simbiótica" (La Jornada, 12 de diciembre de 2011)

Nepomuceno Moreno y Felipe Calderón

En su discurso con motivo del quinto año de gobierno, Felipe Calderón tuvo un momento de lucidez al afirmar que en materia de inseguridad ya hemos rebasado las fases "predatoria" y "parasitaria," en las que existen claras líneas divisorias entre las autoridades y los delincuentes, para evolucionar hasta la fase "simbiótica, donde simplemente ya no hay diferencia entre el Estado y sus instituciones y los criminales." En este contexto, "los criminales se apoderan de las instituciones policiacas y ministeriales, actúan a través de la policía y se diversifican hacia la extorsión, el secuestro y el cobro de piso para quedarse con las rentas de la sociedad" (discurso disponible en: http://bit.ly/tsvyeV).

Los acontecimientos de los últimos días confirman esta evaluación. La ola de asesinatos, asaltos, secuestros y acusaciones penales contra activistas y defensores de derechos humanos, incluyendo a Nepomuceno Moreno, Alejandro Solalinde, Norma Andrade, Trinidad de la Cruz, Pedro Leyva Domínguez, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, revela una vez más que la violencia y el acoso no solamente lo ejercen los malos en la calle, sino también las instituciones gubernamentales. La semana pasada, Calderón demostró en entrevista con Joaquín López Dóriga que esta intimidación forma parte de una política de Estado desde los más altos niveles, al ratificar y ampliar su amenaza de proceder en contra de las casi 30 mil personas que respaldan la solicitud de investigación en la Corte Penal Internacional (CPI).

Epigmenio Ibarra ha señalado con toda claridad la responsabilidad del Presidente por el actual clima intimidatorio: "Cada vez que usted [Calderón] sale en la televisión... incitando al linchamiento de sus críticos pone una diana en el pecho de uno de estos luchadores sociales. Cada vez que se atreve usted a sugerir... que quien se opone a la guerra está por la negociación con los criminales, o de plano trabaja para ellos, firma una sentencia de muerte...Ya jugó a sembrar el encono y la discordia en 2006; ahora, literalmente, juega con fuego" (Texto completo aquí: http://bit.ly/vZYNbN)...

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"Mexico, a Country in Crisis, Needs a Fix the Size of the Marshall Plan" (Newsweek/The Daily Beast, December 9, 2011)

Saadi Gaddafi´s plan to seek refuge in Mexico is a direct consequence of the U.S. backed “war on drugs.” The effort to eliminate the drug cartels by brute force instead of through intelligent strategic planning has weakened Mexico´s institutions to such an extent that the country now has turned into a safe haven for international criminals. The typical knee-jerk reaction to such news, calling for increased military intervention to stop the “terrorists” and “insurgents” south of the Rio Grande, will only make things worse. It is high time for rational thinking finally to predominate over macho saber-rattling when dealing with the Mexican humanitarian crisis, which has taken more than 50,000 lives, displaced 230,000 persons and “disappeared” another 10,000 over the past five years.

The idea that Mexico´s President Felipe Calderón has conducted a “frontal attack” against the drug cartels is patently false. There are no signs that organized crime actually has been weakened since the present Mexican president came to power in 2006. To the contrary, the cultivation and use of drugs in Mexico has risen dramatically, organized crime groups now have more firepower than ever before, money is freely laundered in the country and the impunity rate has reached an historic high, with, at most, 5 percent of all crimes receiving punishment.

All that Calderón´s U.S. backed tactics have achieved is the detonation of an increasingly violent “arms race” in which the drug cartels need to kill more ruthlessly and bribe government officials more aggressively in order to maintain their market shares. As long as drugs remain illegal and assault weapons are freely available in the United States, the short-sighted militarized tactics implemented today will only lead to an increase in the carnage. In addition, President Barack Obama´s crackdown on illegal migration has had the effect of increasing the power of human smugglers linked to organized crime by making their services more needed and valuable than ever before.

The only way out is for the United States to invest in the future of North America by launching an aggressive economic investment and reconstruction program for Mexico, similar to the Marshall Plan in post-war Europe. Real per capita income growth has been almost nonexistent over the past three decades in Mexico. The recent global financial crisis has taken a heavy toll on the country, with the economy losing 6.1 percent of its GDP during 2009 alone. This has led to the creation of a vast reserve army of unemployed youth who are easy prey for the drug cartels...

FULL TEXT OF ARTICLE AVAILABLE AT NEWSWEEK/THE DAILY BEAST

"El amago del Presidente" (Revista Proceso, 4 diciembre 2011)

Felipe Calderón/Foto: Germán Canseco/Proceso

No fue un simple exabrupto el amago del presidente de la República en contra de los 23 mil ciudadanos que promueven la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en México. Si así fuera, Felipe Calderón no hubiera convertido el comunicado del domingo 27 de noviembre en un costoso desplegado de plana entera en los periódicos de circulación nacional. Tampoco hubiera mandado a sus voceros periodísticos y aliados políticos a ratificar la amenaza y denostar a los denunciantes a lo largo de la semana pasada. Al contrario, al darse cuenta de su error, simplemente se hubiera retractado de las últimas frases del polémico pronunciamiento.

El lunes 28, en entrevista con Joaquín López Dóriga, la vocera gubernamental Alejandra Sota de ninguna manera se desmarcó de la propuesta de “proceder legalmente” en contra de los ciudadanos peticionarios. Al contrario, ratificó que “se están estudiando todas las alternativas existentes”. Políticos priistas como Emilio Chauyfett y Enrique Peña Nieto, quienes también guardan varios esqueletos en su proverbial closet, han avalado el derecho del gobierno federal a intimidar a los ciudadanos inconformes. El senador Ramón Galindo, del PAN, caracterizó públicamente la petición ante la corte de La Haya como un “escupitajo” y una “estupidez”.

Todo parece indicar que la reacción gubernamental no surge de un momentáneo ataque de furia o de una mala asesoría de parte del rijoso secretario de Trabajo, sino de un temor muy real de parte de algunos elementos del Estado ante la posibilidad de que se inicie una investigación criminal internacional en su contra. En este caso, la fuente real de la errada estrategia mediática serían las fuerzas armadas, y en particular el general Galván y el almirante Saynez, quienes saben perfectamente bien que hoy los militares y los marinos se encuentran en una situación de franca violación a la Constitución y serían los primeros en caer ante una eventual investigación de la CPI.

Lo cierto es que un valiente y brillante joven abogado de 28 años llamado Netzaí Sandoval ha puesto en jaque al Estado mexicano. Su iniciativa ha tenido el enorme valor de traer de nuevo los reflectores nacionales e internacionales hacia la crisis humanitaria y la profunda falta de rendición de cuentas que existen en México. Su ejemplo también sirve de inspiración para los millones de jóvenes indignados, críticos e inteligentes que buscan contribuir a la transformación del país. Si un solo joven puede generar un nuevo contexto de exigencia social para acabar con la impunidad y parar el baño de sangre, no sería difícil imaginar de lo que serían capaces miles o millones de otros Netzaí movilizados a lo largo y ancho del país...

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ESCUCHA EL AUDIO DE LA COLABORACIÓN DE JOHN M. ACKERMAN EN MVS RADIO SOBRE LOS AMAGOS DE CALDERÓN

PRONUNCIAMIENTO EN SOLIDARIDAD CON LOS 23,000 FIRMANTES DE LA SOLICITUD ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (Actualización: 5 Diciembre) (Publicado en La Jornada, 30 noviembre de 2011)

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL ANUNCIO DE POSIBLES ACCIONES LEGALES POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL EN CONTRA DE LOS 23,000 CIUDADANOS QUE HAN INFORMADO A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA SITUACION DE VIOLENCIA Y VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO

Los abajo firmantes, seguidores del acontecer nacional y juristas provenientes de diversos ámbitos académicos, políticos y profesionales, compartimos la preocupación de que el gobierno federal entable acciones legales en contra de los 23 mil ciudadanos mexicanos que, en pleno ejercicio de su derecho de acudir a instancias legales internacionales, han ofrecido información al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que, de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma, se investigue la posible comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tanto por funcionarios públicos como por narcotraficantes en México. Estamos convencidos que esta acción del gobierno violentaría, entre otros, los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos así como los artículos 6 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Independientemente de que la información en cuestión desemboque o no en una investigación del Fiscal de la CPI, sea considerada jurídicamente viable por los jueces de la CPI, o pueda ser o no refutada por el mismo gobierno federal con base en los argumentos jurídicos del caso en cuestión, hoy resulta sumamente preocupante que se pretenda intimidar a los ciudadanos denunciantes al emprender acciones legales en su contra. 

Invitamos respetuosamente al gobierno federal, y en particular al presidente Felipe Calderón, a que reconsidere esta acción que podría afectar gravemente el Estado de Derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país. 

Diego Valadés, Genaro Góngora Pimentel, Obispo Raúl Vera, Edgardo Buscaglia, Lydia Cacho, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Jorge Zepeda Patterson, Alberto Aziz Nassif, Clara Jusidman, Agustín Basave, Gloria Ramírez, José Agustín, Paco Ignacio Taibo II, Andrés Ramírez, Ricardo Rafael, Rocato Bablot, Manuel Becerra Ramírez, Jaime Cárdenas, Ernesto Villanueva, José Roldan Xopa, Santiago Corcuera Cabezut, Fabian Aguinaco Bravo, Jorge Witker, Enrique Cáceres Nieto, Imer Flores, Miguel Eraña, Miguel Rábago, José Luis Caballero, Eduardo Huchim, , Alejandro Madrazo Lajous, Margarita Zapata, Fausto Kubli-García, Fausto Vallado Miguel, Sergio Méndez Silva, René Jiménez Ornelas, Luis Astorga, Luisa Paré, Abraham Nuncio Limón, Isabel Vericat, Eduardo Galeana Herrera, Héctor González Chevez, Francisco Ramos Aguirre, Patricia Quijano Ferrer, Javier Dondé Matute, Alberto Betancourt,  Paloma Saiz, Marina Taibo, José Barragán Barragán

Luis González Placencia (Presidente, Comisión de Derechos Humanos deh Distrito Federal), Paulina Vega González (Presidenta, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Darío Ramírez, (Director, Artículo XIX-México), Miguel Pulido (Director, Fundar), Mons. Camilo Daniel Pérez (Vicario General, Cuauhtémoc-Madera, Chih.), Dr. Fernando Valadez (Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y del Pribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, Federación Mexicana de Universitarias, A. C., Grupo de Mujeres de San Cristobal de las Casas, A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

Hugo José Suárez, Patricia de los Ríos Lozano, Alma Rangel de la Vega, Ana Lau Jaiven, Beatriz Espejo, Sandra Lorenzano, Alicia Leal, Carmen López Portillo, María Cacho, Teresa Guitián, Carlos Guitián, Carlos Melesio Nolasco, Jennifer Ann Cooper, Rosa Maria Alvarez, David Apolinar Rincón , Raquel Huerta-Nava, Willivaldo Delgadillo, Delia Selene de Dios Vallejo, Eugenia Correa, Martha Mondragón Ochoa, Iliana Godoy, Jesús López Amador, María Esther Munive Piz, Margarita Torres Hernández, Laura Paz Mayén, Ma. de los Ángeles Sánchez Noriega, Lilia Moguel Rojas, Susana Ocampo, Laurencio Barraza Limón, Bruno Ramírez, Cecilia Vázquez Rubio, María Eugenia García Cortés, Boris Berenzon Gorn, Paola Berenzon Flores, Alicia Olivera, Alicia Villaneda, Leobardo Alvarado, Nohemí Villalpando

Carlos Francisco Martínez Moreno, Luz Fernanda Azuela, Isabel Stivalet Barros, Guadalupe Lozada León, María Patricia González, Georgina Calderón Aragón, María Elena Cardero, Elvira Báez García, Alma Rangel de la Vega, Lilia Haydee Moguel Rojas, Angeles Magdaleno, Susana Ocampo, Angela Martínez Martínez, David Apolinar Rincón Pérez, Jesús Juárez Flores, Raquel Huerta-Nava, Delia Selene de Dios Vallejo, Rosa María Álvarez, Dolores Muñozcano, Gloria Muciño G., Ma. de Jesús López Amador, Margarita Torres Hernández, Martha Gpe. Figueroa Mier, Claudia Alonso Pesado, Héctor Vasconcelos, Alfonso Durazo, Aline Pettersson, Cristina Renaud, Eduardo Cruz Vázquez, Arturo Delgado Moya, Adalberto Santana, Gisela Ávila, Diego Velasco, Ana Laura Galeana Herrera, Laura Campos, Ana Saloma, Diana Salazar Tapia, Enrique Romero, Irina Ravelo, Guillermo Palacios y Olivares, María Guadalupe Lomelí Radillo, Margarita Carbó, Glenda Hecksher

Actualización: 5 diciembre de 2011