Lo más probable es que el miércoles 29 el Instituto Federal Electoral (IFE) tome la salida fácil de organizar únicamente los dos debates presidenciales requeridos por la legislación y emitir una serie de lineamientos burocráticos para que universidades, medios de comunicación y grupos de ciudadanos también convoquen a encuentros entre los candidatos. Si esto ocurre, la autoridad electoral estaría abdicando a su responsabilidad constitucional de asegurar la celebración de elecciones auténticas y libres, así como a la de desarrollar la cultura democrática y la educación cívica de los mexicanos.
El minimalismo burocrático y la interpretación letrista de la ley suelen presentarse como si fueran el camino más seguro y objetivo para las autoridades. Pero la historia ha demostrado que en materia electoral este tipo de acercamientos típicamente tienen un fuerte trasfondo partidista y reflejan una parcialidad reprobable. Durante los primeros años posteriores a la reforma electoral de 1996, los consejeros y magistrados electorales más cercanos al PRI utilizaban argumentos similares para limitar las facultades del IFE en materia de compra y coacción del voto, fiscalización de gastos de campaña y control sobre la propaganda gubernamental.
Posteriormente, los funcionarios electorales más conservadores también recurrían al inmovilismo burocrático con el fin de obstaculizar tanto las históricas multas en los casos Amigos de Fox y Pemexgate como el despliegue de la “causal abstracta” de nulidad. En 2006, el entonces consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, dio uno de los ejemplos más claros del abuso de una lectura supuestamente “estricta” de la ley al enviar, el 4 de julio, un circular a los Consejos Locales del IFE con la intención de limitar al máximo el recuento de los votos y la transparencia de los resultados electorales.
Una vez más, los consejeros del IFE se encuentran ante una decisión clave que definirá su legado histórico. Si se niegan a obligar a los candidatos presidenciales a confrontar ideas de manera sistemática y periódica, estarán facilitando una grave afectación a nuestro derecho ciudadano a la información y poniendo en riesgo la autenticidad del proceso electoral. También estarán demostrando un claro sesgo hacia el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, a quien le conviene reducir al mínimo los momentos de intercambio libre de ideas con sus contrincantes y la ciudadanía en general...
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