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| Una estudiante de la Ibero/Foto:G. Sologuren, jornada.com |
El viernes pasado en la Universidad Iberoamericana los derechos de Enrique Peña Nieto no fueron tocados ni con el pétalo de una rosa. El candidato pudo entrar sin problema al auditorio universitario, exponer sus ideas con calma, contestar una veintena de preguntas y todavía tomar el micrófono un momento más para aclarar su responsabilidad en el caso de la represión policiaca en San Salvador Atenco. Posteriormente salió del recinto, paseó rápidamente por la universidad y finalmente abordó su vehículo con el pulgar en alto sin que absolutamente nadie obstruyera su paso.
La valiente protesta de los estudiantes fue totalmente pacífica. Los gritos generalizados de ¡fuera!, ¡asesino! y ¡cobarde!, así como las cartulinas que señalaban a Peña como corrupto y represor fueron auténticas expresiones de repudio protegidas por el derecho constitucional a la libertad de expresión. Ningún candidato o funcionario público tiene el derecho a que le aplaudan los ciudadanos. Los ciudadanos tampoco tienen la obligación de dirigirse con respeto o buenas maneras hacia los políticos.
Algunas voces lamentan que los insultos sustituyan a los argumentos y las razones. Pero en este caso existen razones de sobra para que los jóvenes se indignen ante la presencia del candidato priísta en su casa de estudios. Es precisamente la inteligencia y el análisis crítico lo que permite a la población darse cuenta de lo que implicaría el retorno de los dinosaurios al trono. Es también la claridad y la congruencia lo que exige que nos acordemos de las mujeres violadas y los jóvenes asesinadas en el operativo policiaco en Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006. En todo caso, los que no tienen argumentos serían los cada vez menos jóvenes pasivos e irreflexivos que se limitan a consumir acríticamente las mentiras de las principales televisoras.
En la Ibero Peña Nieto reconoció y se enorgulleció de su responsabilidad por el operativo en Atenco: "Fue una acción determinada que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública". El mismo día en la mañana, en el programa radiofónico de Carmen Aristegui, Peña también descalificó el caso presentado contra Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional por su posible responsabilidad en la crisis humanitaria que se vive en el país...
La valiente protesta de los estudiantes fue totalmente pacífica. Los gritos generalizados de ¡fuera!, ¡asesino! y ¡cobarde!, así como las cartulinas que señalaban a Peña como corrupto y represor fueron auténticas expresiones de repudio protegidas por el derecho constitucional a la libertad de expresión. Ningún candidato o funcionario público tiene el derecho a que le aplaudan los ciudadanos. Los ciudadanos tampoco tienen la obligación de dirigirse con respeto o buenas maneras hacia los políticos.
Algunas voces lamentan que los insultos sustituyan a los argumentos y las razones. Pero en este caso existen razones de sobra para que los jóvenes se indignen ante la presencia del candidato priísta en su casa de estudios. Es precisamente la inteligencia y el análisis crítico lo que permite a la población darse cuenta de lo que implicaría el retorno de los dinosaurios al trono. Es también la claridad y la congruencia lo que exige que nos acordemos de las mujeres violadas y los jóvenes asesinadas en el operativo policiaco en Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006. En todo caso, los que no tienen argumentos serían los cada vez menos jóvenes pasivos e irreflexivos que se limitan a consumir acríticamente las mentiras de las principales televisoras.
En la Ibero Peña Nieto reconoció y se enorgulleció de su responsabilidad por el operativo en Atenco: "Fue una acción determinada que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública". El mismo día en la mañana, en el programa radiofónico de Carmen Aristegui, Peña también descalificó el caso presentado contra Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional por su posible responsabilidad en la crisis humanitaria que se vive en el país...
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