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| Leonardo Valdés/Foto: Marco Cruz, proceso.com |
El miércoles 30, el Instituto Federal Electoral (IFE) se quedó mudo frente a la abierta provocación de parte de las principales televisoras del país, que decidieron transmitir tanto un partido de futbol como un programa de entretenimiento en sus canales estrella durante el horario del debate presidencial. Con su negativa a solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob) la transmisión en cadena nacional del debate, la autoridad electoral abdicó de su responsabilidad de garantizar el derecho a la información de los mexicanos.
El mismo miércoles, el IFE también dio luz verde a Enrique Peña Nieto para continuar con su campaña dispendiosa y rebasar los topes de gasto con total impunidad. En lugar de ejercer su facultad de informar desde ahora sobre los costos de la campaña del PRI, la autoridad decidió evitar problemas con el candidato puntero y esperar hasta el año que entra para rendir su informe.
Con estas decisiones, los consejeros demuestran su falta de voluntad para garantizar la vigencia de los principios constitucionales en materia electoral, a saber: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. También ponen en riesgo tanto la autenticidad del proceso electoral como la libertad de sufragio. Aparentemente no sirvió de nada expulsar a Luis Carlos Ugalde y sus colegas después de su cuestionada actuación durante las elecciones de 2006. Con muy pocas excepciones, los nuevos funcionarios repiten al pie de la letra el mismo guión de sus predecesores.
El consejero Alfredo Figueroa fue el único que defendió desde el principio hasta el final la necesidad de que el IFE solicitara la intervención de la Segob. Hasta el consejero Lorenzo Córdova, quien finalmente acompañó a Figueroa en la votación, primero expresó serias dudas al respecto, al comentar que “las competencias legales me parece que están claras. Nosotros no podemos exigir que la Secretaría de Gobernación realice una cadena nacional…”.
Los otros siete consejeros demostraron una lamentable timidez, parcialidad y subordinación a los poderes mediáticos. Destacan los titubeos de María Marván. Ante los cuestionamientos de Figueroa, quien le recordaba la utilización por el IFE de cadenas nacionales durante elecciones previas, la consejera se quedó sin argumentos: “Evidentemente, hay momentos en los que se puede pedir cadena nacional. Creo, para decirlo con todas sus letras, que la voluntad del legislador no le dio por decisión o por omisión, al IFE, a esta autoridad electoral, ninguna posibilidad de obligar a las concesionarias. La ley claramente dice y ahí no se equivocaron en la ley, bueno, no sé si se equivocaron o no, no hay un error de impresión; dice: las permisionarias deberán, las concesionarias podrán, a eso creo que es a lo que nos tenemos que atener”...
