La reacción del IFE frente a las denuncias sobre el probable rebase del tope de campaña de Enrique Peña Nieto es una copia fiel de su comportamiento durante las elecciones presidenciales de 2006. Una vez más, en lugar de encontrar razones para actuar en favor de la equidad y el estado de derecho, el instituto recurre a pretextos para mantenerse pasivo e indolente. Tal como ocurrió hace seis años, la autoridad incumple con la neutralidad y facilita la imposición de un resultado electoral a las espaldas de la ciudadanía.
En 2006, el IFE dejó pasar una ofensiva campaña mediática calumniosa, los anuncios televisivos ilegales patrocinados por el sector privado y la intervención indebida del gobierno federal, entre otras conocidas violaciones. Todos recordamos cómo el instituto también se negó rotundamente a ordenar un amplio recuento de la votación presidencial.
En todos esos casos, Luis Carlos Ugalde y los otros consejeros pretextaron que "la ley" no les permitía hacer otra cosa. Como cualquier corrupto burócrata de ventanilla, pedían a los denunciantes darse otra vuelta el próximo día para formarse de nuevo en la fila.
El viernes pasado, la recientemente nombrada consejera electoral María Marván resucitó el fantasma de Ugalde. Indignada con la osadía de la coalición progresista y el PAN de denunciar los gastos de Peña, de manera tajante afirmó que "en el IFE no podemos hacer absolutamente nada". De acuerdo con la consejera, "quien se queja de irregularidades sabe perfectamente que el proceso de fiscalización de las campañas es hasta que acaban" y el instituto electoral "no puede hacer ni más ni menos de lo que le pone la ley".
El consejero presidente Leonardo Valdés ha cometido una pifia similar. En un artículo de prensa escribió que "es imposible determinar ahora, durante el periodo de campañas, el rebase de topes de gastos de campaña de candidato alguno: el IFE no está facultado para auditar los gastos de partidos y candidatos antes de que termine la propia campaña"...
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