Carta abierta a Joaquín Vargas, Presidente, MVS Comunicaciones (31 de julio, 2012)

México, D.F. al 31 de julio de 2012 

Sr. Joaquín Vargas
Presidente de MVS Comunicaciones
Blvd. Manuel Ávila Camacho No.147
Col. Chapultepec Los Morales, México, DF
CP 11510

Estimado señor Joaquín Vargas,

Remito a usted la presente misiva para informarle que con esta fecha he tomado la decisión de presentar mi renuncia a la colaboración semanal que cada lunes, desde el 9 de mayo de 2011, había venido sostenido en la Segunda Emisión de MVS noticias en la frecuencia modulada de 102.5. 

Cuando en su momento recibí la invitación de MVS, por parte del titular de la Segunda Emisión el señor Luis Cárdenas, para incorporarme al equipo de comentaristas de su empresa acepté con mucho gusto y me sentí honrado por tener la oportunidad de colaborar en un medio tan distinguido y plural. Hoy, sin embargo, con la misma convicción con la cual acepté su invitación, me veo obligado a renunciar para no ser cómplice del silencio y la manipulación mediática promovida por el equipo de Enrique Peña Nieto. 

Después de la puntual transmisión de 61 comentarios semanales sin interrupción, de manera sorpresiva el lunes 9 de julio mi colaboración, que ese día versaría sobre la posible nulidad de la elección presidencial, no fue transmitida. La misma situación se repitió los lunes 16, 23 y 30 de julio. 

Al solicitar las explicaciones correspondientes, siempre he recibido evasivas y respuestas inverosímiles. El Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de MVS, el señor Felipe Chao, me ha informado que “no existe ningún asunto oculto de nada” y que la falta de transmisión de mis comentarios se debe a “una cuestión exclusivamente de tiempos”. Por su parte, Luis Cárdenas ha querido justificarse diciendo que “en muchas ocasiones por falta de tiempo o por dar prioridad a otra información las participaciones de los colaboradores no salen”. 

Francamente la respuesta de Luis Cárdenas ha sido más transparente que la de Felipe Chao. Evidentemente esta situación no es una cuestión de “tiempos”, sino de “prioridades”. Es poco creíble que durante cuatro semanas la empresa no haya podido contar con un espacio de cinco minutos para incluir al menos una de mis colaboraciones al aire. Resulta más que evidente que en algún momento entre mi último comentario, el pasado 2 de julio y el siguiente lunes, 9 de julio, hubo una súbita modificación de las “prioridades” en la cobertura mediática de la empresa MVS Noticias. 

¿Por qué inmediatamente después de la celebración de la elección presidencial MVS sorpresivamente decide suspender las colaboraciones de alguien como un servidor, cuya especialidad es precisamente el derecho electoral y quien recientemente publicó un extenso estudio sobre los criterios de nulidad de elección del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? 

Lo más lamentable de toda esta situación es que al indagar más al respecto, he llegado a descubrir que la suspensión de la transmisión de mis colaboraciones no fue una decisión unilateral por parte de la empresa que usted preside para “quedar bien” con quien ya se ostenta como “presidente-electo”, sino una obediente respuesta a una solicitud explícita formulada por personas cercanas al equipo de Peña Nieto. 

Luis Cárdenas ha ofrecido seguir pagándome por mis “colaboraciones” aun cuando estas no salgan al aire, pero eso equivale a vender mi silencio y ello es algo que simplemente no entra en los principios éticos que rigen la conducta de un servidor. Por ello, de manera irrevocable le presento mi renuncia. 

Atentamente, 

Dr. John M. Ackerman 

C.c.p. Sr. Felipe Chao, Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa.
          Sr. Luis Cárdenas, Titular, MVS Noticias, 2da Emisión.

"Rebase de topes y pago de favores" (Revista Proceso, 29 de julio, 2012)

Tarjetas Soriana/Foto: Miguel Dimayuga, proceso.com

Los ríos de dinero gastados en la campaña de Enrique Peña Nieto evidentemente no fueron donaciones desinteresadas de amigos y familiares sino “inversiones” de parte de poderosos intereses fácticos. El inmovilismo político de un gobierno federal secuestrado por sus patrocinadores implicaría mayores peligros que la incertidumbre política que desencadenaría la eventual invalidación de la elección presidencial. El país difícilmente aguantaría otros seis años de un Ejecutivo federal que gobierna a espaldas de la ciudadanía y utiliza las instituciones públicas para minar en lugar de defender el interés público.

Se acumula la evidencia con respecto al grosero rebase del tope de gastos de campaña por Peña Nieto. Solamente el observador más ingenuo podría imaginar que el priista haya respetado el límite de 336 millones de pesos. Esta cifra probablemente fue rebasada durante las primeras dos semanas de la campaña, con el masivo despliegue de espectaculares y eventos a lo largo y ancho del país. Todos recordamos cómo el viejo partido del Estado incluso repartió litros de gasolina, bronceador y botellas de agua a los turistas durante la Semana Santa.

A estos gastos habría que agregar todo lo erogado en aviones ejecutivos y coches de lujo para Peña Nieto y su equipo, los costosos montajes y acarreos en cada uno de sus eventos públicos y el derroche de dinero para aceitar los medios de comunicación y las casas encuestadoras. Todo esto sin empezar a contabilizar los casos de Monex y Soriana, que juntos podrían haber implicado un gasto de más de 4 mil millones de pesos. También habría que sumar los recursos muy probablemente desviados del erario público hacia la campaña presidencial en los estados gobernados por el PRI.

La Constitución señala claramente como requisito para la celebración de elecciones auténticas que “los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado” (artículo 41, II, primer párrafo). Esta cláusula constituye uno de los cimientos más importantes del avanzado sistema de regulación electoral en México y lo distingue, por ejemplo, del sistema de Estados Unidos, donde el dinero privado fluye libremente...

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"Invalidez e interregno" (La Jornada, 23 de julio de 2012)

Peña Nieto y Calderón/Foto: jornada.com

Hasta el funcionario electoral más indolente, el periodista más vendido o el político más cínico difícilmente avalarían la elección de un narco-presidente. Aunque la ley no señala específicamente que recibir dinero del crimen organizado es causal de nulidad de la elección presidencial, si se comprobara que el candidato ganador incurrió en esta falta, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendría que hacer su trabajo e invalidar la elección por incumplir con los principios constitucionales de legalidad, equidad y autenticidad, entre otros.

En este contexto, los argumentos legaloides en contra de la nulidad, supuestamente basados en un "estricto" apego al "principio de legalidad", quedarían expuestas como simples coartadas para avalar la impunidad. Forzosamente se tendría que recurrir directamente a los principios consitucionales para evitar que la "ley" se convierta en una simple mascarada para esconder la total perversión de las institucionales estatales.

Así procedió la sala regional del TEPJF en Toluca en diciembre del año pasado, cuando los magistrados anularon la victoria del candidato del PRI, Wilfrido Lázaro, para la presidencia municipal de Morelia. Ante la gravedad de las violaciones a la Constitución cometidas por el viejo partido de Estado (al utilizar la televisión tanto para difundir el logotipo del PRI en una prueba de boxeo la noche antes de la elección como para transmitir un largo mensaje del priísta durante el cierre de campaña del candidato a gobernador, Fausto Vallejo), los magistrados enviaron un claro mensaje de "ya basta" a la clase política. El mismo Enrique Peña Nieto incluso dio acuse de recibo: “Preocupa que [en el caso de Morelia] se sienta un precedente para juicios que se hagan a procesos de otro orden … como el que viviremos a nivel nacional”.

Al PRI se le está haciendo largo el proceso de calificación de la elección presidencial. Así como sus operadores recortaron las campañas electorales a la mitad para maximizar el impacto del dinero y minimizar el intercambio de ideas, ahora quisieran hacer lo mismo con respecto al periodo entre la elección presidencial y la toma de posesión del nuevo mandatario. El senador Carlos Jiménez ya se apresuró a quedar bien con quien sería su nuevo jefe al proponer adelantar la toma de posesión al primero de septiembre y así evitar el largo "interregno" en que el presidente saliente ya perdió su poder y el nuevo presidente todavía no puede asumir sus nuevas funciones...

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"Magistrados electorales en la mira" (Revista Proceso, 15 de julio de 2012)

Mag. Luna Ramos/Foto: OGómez, proceso.com

La única manera de garantizar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tome en serio los alegatos y las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista en contra de la validez de la elección presidencial sería por medio de una vigorosa y pacífica presión social. Ni siquiera se había realizado el conteo distrital oficial del Instituto Federal Electoral (IFE) cuando el magistrado presidente Alejandro Luna Ramos ya había descalificado la eventual impugnación de Andrés Manuel López Obrador al afirmar que “no se gana en la mesa lo que no se gana en las urnas”. La magistrada María del Carmen Alanís también tiene claros antecedentes de parcialidad a favor del PRI y Enrique Peña Nieto. Su vergonzoso papel en el fallo que exculpó a Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la transmisión nacional de los spots de su V informe de gobierno en 2010 es apenas un pequeño botón de muestra.

Es falso que toda la carga de la prueba se encuentre del lado de quienes impugnen los resultados de la elección. Así como López Obrador debe ofrecer evidencia que sustente sus acusaciones con respecto a la defraudación de la voluntad popular, tanto el IFE como el TEPJF también tendrían que demostrar sus dichos sobre la supuesta limpieza del proceso electoral. No sería ni jurídicamente ni políticamente aceptable que los magistrados se limitaran a simplemente dese­char y desestimar los argumentos del Movimiento Progresista. Si quieren producir un fallo que sea no solamente legal, sino también reconocido como legítimo por la población, los juzgadores electorales deben esclarecer la verdad sobre el proceso electoral.

El TEPJF cuenta con amplias facultades para discernir si la elección presidencial cumplió cabalmente con el principio de “autenticidad” plasmado en el segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución. Por ejemplo, de acuerdo con el artícu­lo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), el TEPJF puede “ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales”. El artículo 21 de la misma ley señala que el presidente del TEPJF de manera unilateral cuenta con la facultad de “requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos y particulares, cualquier elemento o documentación que, obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación”. El mismo artículo autoriza al magistrado presidente a “ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue”. El artículo 23 también ordena al TEPJF “suplir las deficiencias u omisiones en los agravios” incluidos en el juicio de las partes. Y el artículo 9 señala que el TEPJF está obligado a requerir las pruebas solicitadas por las partes pero que no hayan sido entregados a tiempo por las instituciones correspondientes, como el IFE, la FEPADE o la Secretaría de Hacienda.

En otras palabras, si los magistrados deciden no llegar al fondo de los casos de Soriana y de Monex y se hacen de la vista gorda ante el evidente sesgo mediático y el fraude de las encuestadoras, no será porque no pueden hacerlo, sino porque simplemente no quieren. Tal actitud podría ser conveniente desde el punto de vista de cuidarle el “triunfo” a Peña Nieto, pero podría costarle muy caro al país si el desenlace es otro presidente sin la legitimidad social requerida para emprender las grandes reformas institucionales necesarias para salvar al país del naufragio...

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"La megamarcha" (La Jornada, 9 de julio de 2012)

La "Megamarcha"/Foto: La Jornada, Carlos Cisneros

Todo parece indicar que más mexicanos repudian a Enrique Peña Nieto que los que lo apoyan. Absolutamente nadie festeja en las calles su aparente triunfo. Al contrario, ríos de jóvenes han salido a expresar su rechazo a la imposición de un nuevo presidente que pretende desandar los pocos avances que hemos construido en materia democrática. Más personas participaron en la megamarcha este sábado que en el cierre de campaña de Peña Nieto hace dos semanas en un Estadio Azteca lleno de acarreados. Si el candidato priísta finalmente es avalado como presidente electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), su mandato promete ser uno de los más débiles y cuestionados de la historia.

Es falso que los que votaron por Peña Nieto representan un nuevo México que buscaría modernizar la política nacional. Son elocuentes los resultados de la encuesta de salida del periódicoReforma, una de las pocas fuentes en que podemos confiar ya en la materia. Entre los ciudadanos que votaron por un cambio, Andrés Manuel López Obrador ganó a Peña Nieto por 13 puntos porcentuales. Entre aquellos que votaron por el más honesto, López Obrador tuvo una ventaja de más de dos a uno sobre el priísta.

El cada vez más amplio grupo de votantes independientes, sin afiliación partidista, prefirió a López Obrador que a Peña Nieto por nueve puntos. El candidato de la izquierda también fue favorecido por el voto de los ciudadanos que cuentan con educación superior (39 por ciento frente a 29) y media superior (37 frente a 33). Los jóvenes también prefirieron al candidato de la izquierda por pequeño margen.

En contraste, la base electoral de Peña Nieto fue entre los sectores más marginados y vulnerables del país. Recibió 48 por ciento de la votación de los ciudadanos que únicamente cuentan con educación primaria, 44 por ciento en las zonas rurales y 40 por ciento entre los votantes mayores de 50 años. También fue favorecido por 63 por ciento de los votantes cuya razón principal para escoger candidato era que siempre vota por ese partido...

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"Obama Plays Risky Game in Mexico With Embrace of Enrique Peña Nieto" (Newsweek/The Daily Beast, July 4, 2012)

Youth protest the election of Peña Nieto/Photo: La Jornada,  CRodríguez

The Mexican people are more stunned than excited by Enrique Peña Nieto’s apparent victory in Sunday’s presidential election. No one has taken to the streets to celebrate the return of the old Party of the Institutional Revolution (PRI). To the contrary, thousands of youth congregated at the Revolution Monument in downtown Mexico City to protest against the “imposition” of Peña Nieto through media manipulation, vote-buying, and ballot-tampering. Meanwhile, waves of people who sold their vote to the PRI on Sunday in exchange for gift cards flooded local supermarkets on Monday to cash in on their payments. 

It is likely that Peña Nieto’s advantage in thepreliminary count, 38 percent to leftist Andrés Manuel López Obrador’s 32 percent, will hold up once the official count is issued at the end of the week and the electoral tribunal later resolves any lawsuits. But the formal, legal recognition of Peña Nieto as Mexico’s new president will not necessarily translate into the public legitimacy he would need to govern the country effectively.

Elections are nothing new in Mexico. The country’s distinct brand of authoritarianism, or “perfect dictatorship,” according to Mario Vargas Llosa, has always used elections to gloss over its public image. The infamous 19th-century dictator Porfirio Díaz won eight elections between 1877 and 1910. The first leader of the Mexican Revolution, Francisco I. Madero, did not take power by force but through elections. Since 1934, Mexico has held presidential elections like clockwork every six years, even during the worst moments of authoritarian politics.

Scholars, therefore, do not have the privilege of being able to identify the advent of democracy in Mexico with the arrival of electoral politics. The big question is not whether elections occur but whether they are free and fair and whether the new president is recognized by the people as their legitimate leader...

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"The Return of the Mexican Dinosaur: Mexico's Pretty-Boy President is more Dangerous than he Looks" (Foreign Policy, July 2, 2012)

Mexico has apparently decided to turn back the clock. Widespread frustration with 12 years of uneven political progress and stunted economic growth under the right-wing National Action Party (PAN) has driven part of the Mexican electorate to desperately call the old-guard Institutional Revolutionary (PRI) back to power. Meanwhile, in a repeat of the country's last presidential race in 2006, the left-wing Democratic Revolution Party (PRD) has once again finished a close second. 

According to the most recent LatinBarometer study, a whopping 73 percent of the Mexican population is dissatisfied with the performance of democracy (Mexico is tied with Guatemala for last place in Latin America in this category.) Such an attitude can be healthy for political development if it pushes citizens to work on improving the political system. But it can also produce a dangerous social malaise, which is the perfect breeding ground for the retrenchment of authoritarianism. 

Last November, for instance, Guatemala voted in retired General Otto Pérez Molina as its new president in a worrisome embrace of the past. Pérez Molina has been implicated by civil society groups in systematic violations of human rights during the civil war that wreaked havoc in the country between 1960 and 1996. Activists have even filed a formal report with the U.N. special rapporteur on torture accusing Pérez Molina of war crimes for his direct role in the protracted conflict, which left more than 200,000 people dead and tens of thousands "disappeared."

Mexico has now followed Guatemala's lead. Instead of trying something new and joining the "pink tide" of progressive social democratic politics that has swept through Latin American in recent years, a plurality of Mexicans has apparently succumbed to frustration and turned back to the past...

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"El retorno del dinosaurio" (Revista Proceso, 2 de julio, 2012)

Peña Nieto y Chong/Foto: EMiranda, Proceso

No existe indicio alguno de que el grupo de poder que llegaría a Los Pinos con Enrique Peña Nieto tenga la menor intención de modernizar el país o fortalecer las instituciones públicas. La idea de que Peña Nieto representaría un “nuevo PRI” no es más que una fantasía que no se sustenta en hecho empírico alguno. Al contrario, su pobre desempeño como gobernador del Estado de México y la intolerancia que demostró a lo largo de la campaña presidencial demuestran que este político no está preparado para gobernar un país de 115 millones de pobladores caracterizado por su enorme diversidad social y por la población juvenil más numerosa de su historia.

Todo parece indicar que el despertar social representado por el movimiento #YoSoy132 no fue suficiente para evitar el retorno de los “dinosaurios” a Los Pinos. El desánimo y la desesperación ciudadana fueron más poderosos que la esperanza y la movilización social. En lugar de confiar en sí mismos y apostar por algo nuevo, los ciudadanos se dejaron manipular y presionar, tanto por los principales medios electrónicos de comunicación como por los enormes operativos de compra y coacción del voto.

México, entonces, sigue el camino ya ensayado por Guatemala. El pasado 6 de noviembre de 2011 los ciudadanos de ese país vecino dieron la victoria al general Otto Pérez Molina como su nuevo presidente de la República. Pérez Molina representaba lo peor del oscuro pasado autoritario. Ha sido señalado como uno de los principales responsables de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que gobernó entre 1954 y 1986 en el país. El pasado 5 de julio de 2011, Pérez Molina fue acusado formalmente ante el Relator Especial contra la Tortura de la ONU por su papel en la “guerra sucia” que causó más de 200 mil muertos o desaparecidos durante los 36 años de guerra civil, la gran mayoría civiles desarmados.

El “nuevo” PRI supuestamente “modernizador” ya quedó en el pasado. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo encabezaron gobiernos de supuestos tecnócratas que buscaban reemplazar el “rentismo” y la corrupción del pasado con un aparato estatal más reducido y eficiente. Ambos presidentes habían dedicado muchos años al estudio académico e incluso contaban con doctorados de investigación en universidades de prestigio internacional. Estos técnicos resultaron a la postre ser igual de mafiosos, ineficaces y oscuros que sus hermanos “dinosaurios”, pero por lo menos buscaban proyectar una imagen diferente de sus ideas y su proyecto político...

ARTÍCULO COMPLETO DISPONIBLE EN REVISTA PROCESO