| Peña Nieto y Calderón/Foto: jornada.com |
Hasta el funcionario electoral más indolente, el periodista más vendido o el político más cínico difícilmente avalarían la elección de un narco-presidente. Aunque la ley no señala específicamente que recibir dinero del crimen organizado es causal de nulidad de la elección presidencial, si se comprobara que el candidato ganador incurrió en esta falta, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendría que hacer su trabajo e invalidar la elección por incumplir con los principios constitucionales de legalidad, equidad y autenticidad, entre otros.
En este contexto, los argumentos legaloides en contra de la nulidad, supuestamente basados en un "estricto" apego al "principio de legalidad", quedarían expuestas como simples coartadas para avalar la impunidad. Forzosamente se tendría que recurrir directamente a los principios consitucionales para evitar que la "ley" se convierta en una simple mascarada para esconder la total perversión de las institucionales estatales.
Así procedió la sala regional del TEPJF en Toluca en diciembre del año pasado, cuando los magistrados anularon la victoria del candidato del PRI, Wilfrido Lázaro, para la presidencia municipal de Morelia. Ante la gravedad de las violaciones a la Constitución cometidas por el viejo partido de Estado (al utilizar la televisión tanto para difundir el logotipo del PRI en una prueba de boxeo la noche antes de la elección como para transmitir un largo mensaje del priísta durante el cierre de campaña del candidato a gobernador, Fausto Vallejo), los magistrados enviaron un claro mensaje de "ya basta" a la clase política. El mismo Enrique Peña Nieto incluso dio acuse de recibo: “Preocupa que [en el caso de Morelia] se sienta un precedente para juicios que se hagan a procesos de otro orden … como el que viviremos a nivel nacional”.
Al PRI se le está haciendo largo el proceso de calificación de la elección presidencial. Así como sus operadores recortaron las campañas electorales a la mitad para maximizar el impacto del dinero y minimizar el intercambio de ideas, ahora quisieran hacer lo mismo con respecto al periodo entre la elección presidencial y la toma de posesión del nuevo mandatario. El senador Carlos Jiménez ya se apresuró a quedar bien con quien sería su nuevo jefe al proponer adelantar la toma de posesión al primero de septiembre y así evitar el largo "interregno" en que el presidente saliente ya perdió su poder y el nuevo presidente todavía no puede asumir sus nuevas funciones...
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