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| Tarjetas Soriana/Foto: Miguel Dimayuga, proceso.com |
Los ríos de dinero gastados en la campaña de Enrique Peña Nieto evidentemente no fueron donaciones desinteresadas de amigos y familiares sino “inversiones” de parte de poderosos intereses fácticos. El inmovilismo político de un gobierno federal secuestrado por sus patrocinadores implicaría mayores peligros que la incertidumbre política que desencadenaría la eventual invalidación de la elección presidencial. El país difícilmente aguantaría otros seis años de un Ejecutivo federal que gobierna a espaldas de la ciudadanía y utiliza las instituciones públicas para minar en lugar de defender el interés público.
Se acumula la evidencia con respecto al grosero rebase del tope de gastos de campaña por Peña Nieto. Solamente el observador más ingenuo podría imaginar que el priista haya respetado el límite de 336 millones de pesos. Esta cifra probablemente fue rebasada durante las primeras dos semanas de la campaña, con el masivo despliegue de espectaculares y eventos a lo largo y ancho del país. Todos recordamos cómo el viejo partido del Estado incluso repartió litros de gasolina, bronceador y botellas de agua a los turistas durante la Semana Santa.
A estos gastos habría que agregar todo lo erogado en aviones ejecutivos y coches de lujo para Peña Nieto y su equipo, los costosos montajes y acarreos en cada uno de sus eventos públicos y el derroche de dinero para aceitar los medios de comunicación y las casas encuestadoras. Todo esto sin empezar a contabilizar los casos de Monex y Soriana, que juntos podrían haber implicado un gasto de más de 4 mil millones de pesos. También habría que sumar los recursos muy probablemente desviados del erario público hacia la campaña presidencial en los estados gobernados por el PRI.
La Constitución señala claramente como requisito para la celebración de elecciones auténticas que “los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado” (artículo 41, II, primer párrafo). Esta cláusula constituye uno de los cimientos más importantes del avanzado sistema de regulación electoral en México y lo distingue, por ejemplo, del sistema de Estados Unidos, donde el dinero privado fluye libremente...
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