"Fin a la Iniciativa Mérida" (Revista Proceso, 23 de septiembre de 2012)

Peña y Santos/Foto: AP, Proceso.com

El pasado martes 18 de septiembre, en el marco de su visita a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, Enrique Peña Nieto afirmó que ese país “representa un ejemplo exitoso de lucha contra la violencia y la criminalidad organizada”. El mismo día, Alejandro Poiré, Guillermo Galván, Francisco Saynez, Genaro García Luna, Marisela Morales y Patricia Espinosa se encontraban en Washington rindiendo cuentas a sus homólogos estadunidenses sobre los saldos de la “guerra contra las drogas”, en el contexto de la cuarta “reunión de alto nivel” de la Iniciativa Mérida. Allí, Hillary Clinton expresó su confianza en que el “alto nivel de cooperación y creencia en la responsabilidad compartida” establecidos con el gobierno de Felipe Calderón continuaría con “la próxima administración mexicana”.

Tiene razón la canciller estadunidense. Al parecer Peña Nieto no tiene ningún interés en modificar las coordenadas de la relación de México con Estados Unidos y no transformará los términos de la estrategia de combate al narcotráfico iniciada por Calderón. Al contrario, el presidente electo ya anunció que el Ejército seguirá en las calles, y con el nombramiento del general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional de Colombia y “agente especial” de la DEA, como su asesor en materia de seguridad pública, envió una clara señal de continuismo a los estadunidenses.

La decisión de iniciar su gira por América Latina en Guatemala, para sacarse la foto con el presidente Otto Pérez Molina, quien, como Peña Nieto, es un “dinosaurio” emblemático del peor pasado autoritario, y en seguida llegar a Colombia, confirma el interés del presidente electo mexicano de dar continuidad al entreguismo de Calderón. Tal como ha sido señalado por Julio Hernández, Peña Nieto “geográficamente ha dado sus primeros pasos diplomáticos hacia el sur, pero políticamente su equipaje discursivo y su brújula están abiertamente orientados hacia el norte”. Habría que recordar cómo, en el segundo debate presidencial, el priista deslizó la necesidad de visualizar a México principalmente como parte de América del Norte y dejar atrás la idea de que seamos latinoamericanos...

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"No repitamos la historia" (La Jornada, 17 de septiembre de 2012)

Carlos Salinas/Foto: Proceso.com

El guión de 1988 se repite. Así como Carlos Salinas después de 1988 quiso borrar las huellas del fraude con la creación de organismos con autonomía simulada, como el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hoy Enrique Peña Nieto también busca tender una cortina de humo con nuevos organismos autónomos en materia de transparencia y combate a la corrupción. Simultáneamente, Andrés Manuel López Obrador recurre a la estrategia que Cuauhtémoc Cárdenas utilizó al fundar el Partido de la Revolución Democrática (PRD), promoviendo un nuevo partido político como vehículo para articular el descontento social y disputar el poder político a la coalición gobernante.

Pero el México de 2012 ya no es el mismo de 1988. Lo que hace 24 años generó cierta legitimidad y esperanza hoy es recibido con escepticismo y desánimo. Durante los últimos cinco lustros hemos visto cómo tanto partidos políticos como órganos autónomos rápidamente pierden la brújula y son cooptados por intereses oscuros.

El IFE y el PRD tuvieron sus épocas de oro en el auspicio de las causas sociales más nobles. Por ejemplo, entre 1996 y 2003 la valentía de los cinco consejeros electorales del pentágonodel IFE logró contrarrestar el inmovilismo burocrático promovido por los consejeros más cercanos al priísmo: José Woldenberg, Mauricio Merino y Jacqueline Peschard. Asimismo, todos recordamos la destacada participación de la fracción parlamentaria del PRD durante la histórica 57 Legislatura (1997-2000), la primera en la que el PRI no contaba con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. En aquellos años, la izquierda encabezó una amplia alianza opositora al régimen del partido del Estado que transformó la negociación y aprobación del presupuesto federal, modernizó el Congreso de la Unión y mantuvo al Ejecutivo federal bajo estricta vigilancia externa.

Sin embargo, durante la última década la fe ciudadana en las instituciones se ha hecho añicos. La curva descendente de confianza en el IFE y en la limpieza de los procesos electorales ha venido acompañada de una espiral de desprestigio para los partidos políticos sin distingo. Hoy los ciudadanos estamos convencidos, y con razón, de que ambas instituciones sirven más a los intereses personales y políticos de sus líderes y funcionarios que al interés general de la sociedad...

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"La hipocresía del Tribunal Electoral" (Revista Proceso, 9 de septiembre de 2012)

TEPJF/Foto: Eduardo Miranda, Proceso.com

Lo más grave de los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que validan la elección de Enrique Peña Nieto no es su “letrismo” jurídico o carácter minimalista, sino su profunda inconsistencia interna. Es evidente que los magistrados se autolimitaron y abdicaron a su responsabilidad constitucional de garantizar la celebración de elecciones auténticas y libres. Hasta personajes como Joaquín López Dóriga aceptan que millones de mexicanos se han quedado con “un mal sabor de boca”. El desprestigio es tal que ningún experto reconocido o figura de la sociedad civil ha aceptado manchar su nombre incorporándose al “equipo de transición”.

Pero lo que más indigna no es el burocratismo del TEPJF, sino la hipocresía de los magistrados. Resulta que en este momento cúspide de su indolencia el máximo tribunal en materia electoral se atreve a presumir su supuesto activismo. Una lectura cuidadosa de las casi mil 500 fojas producidas por el TEPJF, incluyendo la resolución de SUP-JIN 359/2012 y el Dictamen de Validez, revela que existe una profunda contradicción entre el esquema de interpretación que los magistrados dicen apoyar y la metodología que implementan para el caso concreto de la elección de Peña Nieto. En un solo acto, el tribunal se declara profundamente comprometido con la estricta tutela de los derechos humanos y avala sobre las rodillas las ilegalidades más inmundas.

Llama la atención, por ejemplo, que el TEPJF desmiente de manera contundente a analistas como Jorge Alcocer y Ciro Murayama, entre otros, que desde hace meses han buscado reducir el proceso de calificación de la elección a un mero trámite de sumas y restas para ver si se cumplía mecánicamente el criterio de 25% de las casillas anuladas señaladas en la ley como causal de nulidad de la elección presidencial. El Dictamen de Validez sostiene que “la declaración de validez o invalidez de una elección, según el caso, deriva no sólo de las facultades específicas en la legislación electoral, sino particularmente de los principios y valores constitucionales y derechos fundamentales previstos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos”.

En la resolución del SUP-JIN 359/2012 los magistrados son aún más explícitos: “Si bien es cierto que (la Constitución) impone la obligación a las salas del Tribunal Electoral federal para no declarar la nulidad de una elección sino por las causas que expresamente estén previstas en la ley, también lo es que ello no implica necesariamente una prohibición para que las salas del Tribunal Electoral –como un tribunal de jurisdicción constitucional– puedan determinar si una elección se ajustó o no a los principios constitucionales. Lo anterior es así, toda vez que el Tribunal Electoral es garante no sólo del principio de legalidad, sino del principio de constitucionalidad”...

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"El sendero de la protesta" (Revista Proceso, 2 de septiembre de 2012)

El problema principal con la democracia mexicana no es que algunos actores políticos no “acepten su derrota”, sino que demasiados aceptan la impunidad y la complicidad como algo normal y cotidiano. La debilidad más importante de la cultura política del país no es la supuesta ausencia de una “cultura de la legalidad”, sino una obediencia y respeto exagerados a los dictados de la autoridad. El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pedro Joaquín Coldwell, ha pedido “darle vuelta a la hoja” de la impugnación de la elección de Enrique Peña Nieto. Pero los ciudadanos deberíamos hacer todo lo contrario si esperamos tener impacto en la agenda nacional durante el próximo sexenio.

Décadas de dominio de un régimen de partido de Estado comandado por el presidente de la República han inculcado una profunda admiración hacia la figura presidencial entre los mexicanos. A diferencia de otros países en América Latina, en México la tasa de aprobación para quien ostenta la banda presidencial pocas veces baja de 50%, aun en los momentos más difíciles. Esto contrasta con tasas que llegan a ser incluso menores a 30% en muchas naciones centroamericanas y de Sudamérica. Ni siquiera los desastrosos sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón rompieron con esta tendencia histórica.

Pero esta situación podría cambiar, y para bien, en caso de que Peña Nieto llegue a Los Pinos. Los cuestionamientos hacia su persona y su elección son mucho más fuertes que los de 2006 con respecto a Felipe Calderón. Hace seis años Calderón hizo pactos inconfesables con dirigentes políticos y sociales como Elba Esther Gordillo, así como con el Consejo Coordinador Empresarial, y evidenció su falta de respeto por los principios más básicos de la democracia y la transparencia al rechazar la posibilidad de un recuento generalizado de la votación.

Pero hoy únicamente 37% de la población cree que Peña Nieto haya “ganado limpiamente”, de acuerdo con la encuesta más reciente de Covarrubias. La compra de votos, el sesgo mediático y la triangulación de recursos de procedencia desconocida hacia su campaña son innegables. Es también más complicado lidiar con un movimiento social autónomo y descentralizado como #YoSoy132 y la Convención Nacional Contra la Imposición que con un movimiento político que sigue las indicaciones de su líder...

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"El tribunal de la ignominia" (La Jornada, 3 de septiembre de 2012)

Foto: Alba Martínez, Facebook/La Jornada

El Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no existen sólo para garantizar la legalidad de los procesos electorales, sino principalmente para asegurar su legitimidad y constitucionalidad. Surgieron en los años 90 como respuestas a la grave crisis política de esos años. Aunque Carlos Salinas de Gortari concibió el IFE y el Tribunal Federal Electoral (Trife, antecedente directo del TEPJF) como meros distractores de la protesta social, hubo, sí, una época de oro entre 1996 y 2003, cuando algunos consejeros y magistrados electorales lograron minimizar ese pecado de origen y escuchar verdaderamente a la ciudadanía. Hoy, sin embargo, estas dos instituciones vuelven a dar la espalda a la sociedad.

El desprestigio se inicia en 2003 con la total exclusión de las fuerzas de izquierda y la imposición por Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación de Vicente Fox, y Elba Esther Gordillo, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, de nueve grises consejeros electorales sin mayor conocimiento en la materia. La tendencia se consolida en 2006, cuando tanto el IFE como el TEPJF fueron cómplices de las ilegalidades cometidas por Felipe Calderón y Vicente Fox y se negaron a acceder a la demanda ciudadana de esclarecer los resultados por medio de un recuento total de la votación.

En 2012, este ciclo de oprobio se cierra y se corona. La semana pasada, los magistrados del TEPJF no solamente avalaron una elección a todas luces anticonstitucional e irregular, sino que lo hicieron poniéndose de pie para aplaudir con abyección un ejercicio supuestamente "ejemplar" donde "se respetaron a cabalidad los principios constitucionales que deben imperar en toda elección de carácter democrática". Todo pudor quedó en el pasado.

La irresponsabilidad de 2006 fue remplazada en 2012 por un cinismo deplorable que ha hundido a las instituciones electorales en un desprestigio mayor. En 2006, el TEPJF validó la elección presidencial sobre las rodillas y recurrió a argumentos francamente risibles con respecto a la posible "determinancia", o relevancia, de las irregularidades cometidas. Sin embargo, en aquel momento los magistrados también tomaron algunas medidas para por lo menos simular que estaban haciendo su trabajo...

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