El pasado sábado, 19 de abril se venció el plazo para la aprobación de las leyes secundarias en materia energética mandatadas por la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013. Son excelentes noticias para la movilización social en contra de la consumación de esta vulgar traición a la patria. Habría que luchar para dejar en letra muerta a todos y cada uno de los otros oscuros artículos “transitorios” de la reforma para que jamás se concrete este histórico atraco al patrimonio nacional.
Llama la atención la pasividad de los grupos parlamentarios de la supuesta “oposición” frente a este importante acontecimiento. Cómodamente sentados en sus curules y de paseo para Semana Santa, esperan pacientemente a que Peña Nieto finalmente presente las iniciativas de ley en materia energética preparadas en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza y negociadas en Los Pinos con las grandes empresas petroleras internacionales. Eventualmente, algunos diputados y senadores probablemente harán un “show” público de supuesta dignidad con una clausura simbólica de los recintos parlamentarios, pero difícilmente serán capaces de tomar la iniciativa para fijar las coordenadas del debate público sobre el tema.
En lugar de esperar a que el rey haga llegar sus propuestas pactadas a los levantadedos del Congreso de la Unión, la oposición tendría que tomar acciones contundentes y lanzar sus propias iniciativas. Por ejemplo, la iniciativa de ley para prohibir totalmente la fracturación hidraúlica (el llamado “fracking”) en México, elaborado entre otros por Ricardo Mejía del Partido Movimiento Ciudadano, constituye un importante esfuerzo al respecto. Francia recientemente prohibió esta práctica en absolutamente todo su territorio nacional por los graves daños que genera al medio ambiente y a la salud pública. La “modernidad” y el desarrollo son perfectamente compatibles con la defensa del patrimonio nacional.
Los esfuerzos de este tipo tendrían que multiplicarse. Por ejemplo, se deberían desarrollar otras iniciativas de reforma para aumentar de manera radical los estándares ecológicos, sociales, laborales y fiscales para cualquier empresa privada que opera en materia energética en el territorio nacional. El incumplimiento de cualquiera de estos estándares debería provocar la revocación inmediata de los “contratos” o “permisos” correspondientes. Recordemos que fue precisamente el incumplimiento de las empresas petroleras internacionales con las leyes laborales del país lo que empujó al General Lázaro Cárdenas a nacionalizar la industria petrolera en 1938.
También sería importante unir la lucha energética con la batalla en materia de telecomunicaciones. En ambas materias los traidores apuestan a utilizar su presencia numérica en el Congreso de la Unión para imponer reformas profundamente anti-populares y autoritarias. Los voceros del régimen defienden esta estrategia en base a un supuesto derecho de las mayorías a imponer su voluntad en los sistemas democráticos. Un argumento similar se utiliza en Quintana Roo, San Luis Potosí y el Distrito Federal como pretexto para “regular” las marchas con el fin de proteger los intereses de las “mayorías”...
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