De cara a su muy probable descalabro electoral tanto el próximo 5 de junio, en las elecciones para gobernador en 12 estados y para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, como en las elecciones presidenciales de 2018, el régimen se mueve rápidamente para acomodar sus fichas.
El objetivo es garantizar su control sobre las palancas centrales del poder, aun en el caso de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados se vieran obligados por la sociedad mexicana y la comunidad internacional a entregar temporalmente el control sobre el Poder Ejecutivo nacional y en algunas entidades federativas clave.
Todas las encuestas demuestran que el PRI se encuentra en un proceso de franca descomposición electoral. Si bien es posible que en los comicios de 2016 el partido de Estado logre mantener el control político en la mayoría de las entidades federativas en disputa, es ya un hecho el desgaste de sus tradicionales mecanismos de manipulación social. El PRI muy difícilmente rebasará una votación de 40% en ninguna entidad federativa, incluyendo sus tradicionales bastiones como Veracruz y Tamaulipas, y en lugares como la Ciudad de México probablemente recibirá menas de 10% de los sufragios. Recordemos que en las últimas elecciones federales -de 2015- el PRI conquistó solamente 29% de la votación nacional.
Cada día el PRI depende más abiertamente de la compra de los resultados electorales. En su desesperación, recurre a cualquier fuente de financiamiento para comprar votantes, cooptar líderes sociales, controlar instituciones electorales y garantizar la servidumbre mediática. Sin embargo, los costos de esta estrategia aumentan con cada escándalo de corrupción revelado por la prensa nacional e internacional. El partido de Estado hoy yace en un barril sin fondo de desprestigio e ignominia.
