John M. Ackerman
El pasado 10 de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) anunció con bombo y platillo que había descubierto, seis años tarde, una compleja trama utilizada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para triangular enormes cantidades de recursos ilegales hacia las campañas de 2012. Específicamente, se detectó que una sola empresa fantasma al servicio de la campaña de Enrique Peña Nieto, Logística Estratégica Asismex, manejó libremente la friolera de mil 400 millones de pesos durante aquel proceso electoral sin reportar un solo peso ni a la autoridad electoral ni a las autoridades hacendarias.
Este monto sería adicional a los millones de pesos que ya sabemos se manejaban también por medio de las conocidas tarjetas Monex y Soriana durante el mismo año.
Sin embargo, en lugar de llegar al fondo de esta situación sumamente irregular, los consejeros de repente decidieron frenar su investigación y cerrar el expediente con la aplicación de un par de multas estrictamente simbólicas. De los mil 400 millones de pesos, el INE solamente multó al PRI por no reportar pagos por la cantidad de 16 millones de pesos, recursos entregados cuatro días antes de la elección a personas que estaban formalmente acreditados como representantes de casilla.
El mismo día del pago de los 16 millones, también se realizó una dispersión de otros 47 millones de pesos desde las mismas cuentas, pero a otras personas no formalmente registrados con el INE como representantes del PRI. Cualquier persona en su sano juicio deduciría que estos otros gastos también tendrían que haber sido para fines de la campaña electoral, para comprar votos y movilizar las bases del PRI, aunque no hayan sido depositados directamente en las cuentas de personas formalmente registradas ante el INE como operadores del partido. Pero el INE, al parecer, carece precisamente del juicio necesario y prefirió encubrir e ignorar la realidad...
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