John M. Ackerman
Sin una separación clara entre las esferas públicas y privadas, entre los políticos y los empresarios, se colapsan tanto la democracia como la libre competencia. Cuando el dinero determina quién ocupa los cargos en la administración pública, las elecciones se convierten en meros ejercicios simbólicos para legitimar la continuidad en el poder de una minoría rapaz. Y cuando el gobierno se utiliza para favorecer a unos cuantos empresarios potentados, el mercado pierde su dinamismo y se estancan la innovación y el desarrollo.
Para avanzar como nación fuerte y soberana es necesario que tanto las instituciones gubernamentales como el sector privado se independicen del puñado de oligarcas que hoy saquean simultáneamente las arcas públicas y la economía popular. Con un gobierno sólido y autónomo que defienda el interés público, se abriría el espacio necesario para el florecimiento de las empresas, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general.
Nuestro marco jurídico establece reglas claras con el fin de blindar los procesos electorales de la interferencia indebida del dinero y el poder privado. El artículo 41 de la Constitución fija el principio fundamental de que "los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado". El mismo artículo también señala que "ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular".
Estas disposiciones colocan al derecho electoral mexicano años luz más allá del marco jurídico estadunidense...
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