Habría que poner alto definitivo a las intenciones del gobierno por revertir los avances logrados en materia de transparencia a escala federal. Pronto se cumplirán ya tres años de la histórica reforma al artículo sexto constitucional que por consenso estableció el principio de máximo publicidad, la obligación de procedimientos expeditos, la creación de organismos garantes especializados e independientes y la publicación de indicadores de desempeño, entre otros aspectos. Sin embargo, hasta la fecha los poderes federales han rehuido su obligación de adecuar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) al nuevo mandato constitucional.
Si bien esta omisión es grave, aún más lo son las recientes declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de que el gobierno federal está considerando dotar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) de la facultad para revertir las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). No satisfecho con las constantes evasivas que el gobierno da a los solicitantes de información, ni con imponer en el IFAI sus comisionados leales, el Ejecutivo ahora busca dar el tiro de gracia a este instituto para dejarlo reducido al papel de un ombudsman de buena voluntad sin ningún poder para obligar a los funcionarios federales a cumplir la ley.
Si bien esta omisión es grave, aún más lo son las recientes declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de que el gobierno federal está considerando dotar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) de la facultad para revertir las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). No satisfecho con las constantes evasivas que el gobierno da a los solicitantes de información, ni con imponer en el IFAI sus comisionados leales, el Ejecutivo ahora busca dar el tiro de gracia a este instituto para dejarlo reducido al papel de un ombudsman de buena voluntad sin ningún poder para obligar a los funcionarios federales a cumplir la ley.
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Los avances que hoy existen en la Constitución y en la ley no fueron un regalo del gobierno de Vicente Fox, sino que surgieron en primer lugar de las demandas ciudadanas y la presión que se ejerció desde el poderoso Grupo Oaxaca, integrado por destacados periodistas, académicos y grupos sociales. Hoy, la voz ciudadana lamentablemente se encuentra diluida y dividida. Urge que de una vez por todas salgamos de este largo letargo y superemos nuestras diferencias para unir esfuerzos en una nueva coalición que con fuerza y contundencia auspicie las reformas que necesitamos para la rendición de cuentas y la verdadera democratizacion de nuestra vida pública.
Artículo completo disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2010/01/11/index.php?section=opinion&article=016a1pol
