En la actual coyuntura de discusión de la reforma política, y de cara a una posible nueva reforma electoral, habría que evitar la tentación de importar a nuestro país el modelo de competencia política estadunidense. Se equivocan quienes, como Felipe Calderón y numerosos analistas, creen que México debería seguir el esquema que existe en Estados Unidos, ya que aquel sistema es profundamente corrupto, elitista y desigual.
El fallo del pasado 21 de enero de la Suprema Corte de Estados Unidos, que elimina uno de los pocos candados existentes al financiamiento de las campañas políticas por parte de las corporaciones, revela la gravedad de la crisis del sistema de partidos de aquel país. En su voto disidente, el ministro John Paul Stevens afirmó que "la decisión de la Corte amenaza con minar la integridad de las instituciones de elección popular a lo largo de la nación. El camino que se tomó para llegar a la conclusión, me temo, será muy dañino para esta institución".
No es para menos. En su sentencia, los cinco ministros de la mayoría "conservadora" de la Corte cometen varias pifias imperdonables. Primero, confunden de manera engañosa la libertad de expresión con la libertad de contratación. De acuerdo con los juzgadores, no existe ningún otro principio –como pudiera ser el de la equidad o el del interés público– que justifique la existencia de regulación alguna a la compra de mensajes políticos por las empresas. En consecuencia, la Corte no toleró que se siga prohibiendo la contratación directa por corporaciones de propaganda a favor o en contra de candidatos durante los 30 días antes de la realización de una elección popular.
Texto completo del artículo disponible en: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76211
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