La multa de 72 millones de pesos impuesta a Televisión Azteca el pasado 29 de enero podría implicar un parteaguas histórico en el desarrollo del Instituto Federal Electoral (IFE). Esta decisión bien podría llegar a ser recordada como el momento en que la nueva integración del Consejo General finalmente despertara a su responsabilidad de defender el espacio público y poner un alto a los poderes fácticos.
Lo más fácil para cualquier burócrata es utilizar la norma como un pretexto para no actuar. Escudándose en una interpretación sumamente limitada del “principio de legalidad”, que solamente permitiría hacer lo explícitamente autorizado por la ley, cualquier servidor público siempre puede encontrar alguna razón para evitar el cumplimiento pleno de sus responsabilidades constitucionales.
Sin embargo, la historia del IFE demuestra que los avances en materia de legitimidad pública y efectividad institucional surgen cuando los consejeros logran deshacerse de este tipo de nociones. Las decisiones del Consejo General de 1996-2003 para controlar la compra y coacción del voto, solicitar la suspensión de propaganda gubernamental antes de las elecciones, investigar el financiamiento de la campaña presidencial de Ernesto Zedillo y llegar a fondo en los temas del Pemexgate y Amigos de Fox evidenciaron una autoridad dispuesta a romper los acartonados límites del legalismo burocrático. Para poder realizar cada una de estas acciones, los consejeros, siempre con la Constitución en mano, construyeron caminos legales alternativos para evitar caer en la serie de trampas legales que los legisladores y los magistrados electorales les habían colocado en el camino.
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http://www.laverdad.com.mx/desplegar_noticia.php?nota=28690 (La Verdad de Tamaulipas)
