La negociación de Fernando Gómez Mont para intercambiar el alza en los impuestos por las elecciones en Oaxaca implica una franca violación tanto a la Constitución como a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP). Asimismo, los subsidios otorgados por la Secretaría de Agricultura a empresas de Francisco Mayorga, titular de la dependencia, su padre y sus hermanos, constituye un abierto atropello a la legalidad del país. Ambos funcionarios tendrían que presentar su renuncia o, al menos, separarse temporalmente de sus cargos para que la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Federal Electoral y la Procuraduría General de la República realicen las investigaciones correspondientes.
Uno de los logros más importantes de la histórica reforma electoral de 2007 fue la inclusión de tres nuevos párrafos en el artículo 134 de la Constitución que buscan evitar la intervención indebida de funcionarios públicos en los procesos electorales. Específicamente, el párrafo séptimo de este artículo hoy señala que los servidores públicos tienen “en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
Este texto legal busca acabar con la muy conocida tradición del régimen de partido de Estado, que si bien dio inicio con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido continuada religiosamente por el Partido Acción Nacional (PAN), de confundir los asuntos públicos con los intereses del partido. La utilización por parte del secretario de Gobernación de su cargo, y los recursos que le corresponden, para apoyar al PRI y afectar los intereses de los partidos de izquierda en Oaxaca, violenta directamente la disposición constitucional arriba señalada, como bien ha sido advertido por Miguel Ángel Velázquez. No existe diferencia legal alguna, por ejemplo, entre este abuso y la utilización de programas sociales para favorecer al partido político en el poder.
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