| Dip. Ruben Camarillo/ Foto: La Jornada |
La soberanía popular se encuentra en riesgo. Las acciones de la clase política nacional evidencian un desapego cada vez más contundente del requerimiento constitucional, plasmado en el artículo 39, de que el poder público sirva al pueblo y no a intereses extranjeros o de grupo. En respuesta, urge multiplicar y consolidar a lo largo y ancho de la República espacios autónomos de intercambio, análisis, exigencia y movilización ciudadana. Si no ejercemos hoy nuestros derechos constitucionales, mañana se esfumarán por completo junto con la soberanía nacional.
El debate nacional ya se ha privatizado. Desde el inicio del sexenio las discusiones públicas en el Congreso de la Unión fueron remplazadas por reuniones cupulares entre políticos sin representación popular dentro del mal llamado Pacto por México. Pero este manto de oscuridad aparentemente ya no les basta a los políticos. Hoy quieren liberarse completamente de cualquier responsabilidad frente a la ciudadanía.
El diputado panista Rubén Caramillo ha confesado públicamente que existe un "grupo de negociadores" que se reúne en secreto para debatir los pormenores de la próxima reforma energética. César Camacho, quien preside tanto el PRI como el consejo rector del Pacto por México, ha aclarado que estas negociaciones no ocurren "en la mesa del pacto".
No sabemos entonces quiénes integran este petit comité ni qué se comenta allí. Solamente se nos ha informado que desde el punto de vista del PAN allí no hay caretas ni falsos nacionalismos. En otras palabras, estaría totalmente excluido cualquier representante de los casi 16 millones de ciudadanos quienes en la última elección presidencial expresaron su contundente rechazo a cualquier privatización de Pemex por medio de su voto para el único candidato que defendió este principio en campaña, Andrés Manuel López Obrador.
Lo que queda de la clase política ya no está interesada en organizar espectáculos mediáticos para simular que toman en cuenta a la ciudadanía. Han decidido atrincherarse en las cavernas más oscuras de la corrupción para acordar el reparto del pastel petrolero directamente con la oligarquía nacional y el capital financiero internacional.
Todo parece indicar que la nueva reforma "antiterrorista" presentada por Enrique Peña Nieto la semana pasada surgió de estas mismas catacumbas. No es la ciudadanía mexicana, sino las autoridades estadunidenses quienes exigen al gobierno federal endurecer las penas para el terrorismo, así como ampliar la definición del mismo para incluir los ataques a cualquier persona relacionada con un gobierno extranjero. Tal como ocurrió con las reformas al artículo 27 de la Carta Magna para permitir la venta de los litorales a los extranjeros y con la autorización de cien por ciento de inversión extranjera en materia de telecomunicaciones, una vez más los políticos privilegian los intereses de una nación extranjera por encima del pueblo mexicano...
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