| Consejero Presidente Leonardo Valdés/Foto: Proceso |
A los políticos no les conviene modificar el actual sistema corrupto de repartición de cargos, favores y prebendas electorales. Solamente buscan inyectar una nueva dosis de legitimidad pública para superar la crisis de confianza generada tanto por las desaseadas elecciones de 2012 como por los escándalos recientes. Tal y como ocurrió despúes de los comicios de 1988, 1994 y 2006, la principal intención de las nuevas promesas y reformas en materia electoral es borrar las huellas de impunidades pasadas, más que transformar de raíz el sistema.
Cualquier esfuerzo por avanzar en este tema tendría que iniciar con una clara rendición de cuentas sobre las elecciones de 2012. No solamente se deben investigar los desfalcos en Tabasco, sino también los ríos de dinero que muy probablemente fluyeron de las arcas del Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y otras entidades gobernadas por el PRI para asegurar el triunfo de Enrique Peña Nieto. Desde luego, también es preciso llegar al fondo de los asuntos de Monex y Soriana.
Con respecto a la reforma electoral, hay que ir más allá de atender lagunas legales y ajustar estructuras burocráticas, para tomar medidas definitivas que permitan la recuperación de la esperanza ciudadana en los comicios. Hoy los procesos electorales son juegos de negociaciones oscuras entre élites partidistas y poderes fácticos. Gana quien sella más pactos comprometedores y viola más descaradamente las normas electorales.
Es necesario dar un giro de 180 grados para que las campañas y las elecciones se transformen en procesos de verdadero debate, expresión y participación ciudadanas. Para ello habría que poner un alto a los abusos de los medios de comunicación, hacer efectivos los topes de gasto de campaña, acabar con la parcialidad y la pasividad de los órganos electorales, y empoderar a los ciudadanos para defender la autenticidad del sufragio...
