Los promotores de candidaturas supuestamente “independientes” y el Partido “Verde” (PVEM) se encuentran del mismo lado de la historia. Ambos buscan tirar por la borda dos décadas de construcción ciudadana de un conjunto de instituciones y leyes electorales ejemplares que tienen el propósito de defender el espacio público de la voracidad de los poderes fácticos. Tanto con sus acciones como con sus propuestas, trabajan arduamente para convertir el sistema electoral mexicano en una copia vulgar de la “democracia” mercantilizada y corrupta de los Estados Unidos. En este esfuerzo cuentan con el sólido apoyo tanto del “Señor Presidente” (Jaime Rodríguez dixit) Enrique Peña Nieto y el PRI como de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Si esta perversa y paradójica coalición de intereses logra su cometido, nos encaminaríamos hacia un grave retroceso en el desarrollo político del país y se sepultaría para siempre la posibilidad de resolver los problemas más importantes de la Nación por la vía institucional. Específicamente, habría que frenar de manera urgente la privatización de la política por medio de una nueva reforma electoral supuestamente “ciudadana” y “liberalizadora” que abriría las llaves del financiamiento privado a los partidos y los candidatos “independientes”. Una reforma en este sentido sería la cereza en el pastel de la serie de contra-reformas “estructurales” corruptas que ha impulsado Peña Nieto y el “Pacto por México” desde 2012. Con ello, se consolidaría el poder de la avaricia y el mesianismo por encima del humanismo y la humildad así como del fraude y el engaño por encima de la honestidad y la dignidad.
El artículo 41 de la Constitución señala sin titubeos que durante las campañas electorales los recursos públicos deben prevalecer siempre sobre los de origen privado. Este principio constitucional absolutamente fundamental fue diseñado para defender la naturaleza pública y democrática de las competencias políticas así como garantizar una equidad básica entre los candidatos. Sin este compromiso constitucional, los poderes fácticos, los medios de comunicación y el crimen organizado podrían directamente y abiertamente comprar candidatos, elecciones y partidos.
Así es precisamente como funciona el sistema electoral en los Estados Unidos. No son los votos sino los dólares los que determinan quienes ocupan los cargos de elección popular...
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