"IFE: cuentas pendientes" (La Jornada, 26 de diciembre de 2011)

No es por medio de ambiguos exhortos a la "prudencia" de los actores políticos que el Instituto Federal Electoral (IFE) podrá revertir el legado de impunidad y simulación que hoy caracterizan a los procesos electorales, sino con una acción firme e institucional que imponga sin miramientos el Estado de derecho. En lugar de gastar cientos de miles de pesos en desplegados sin ninguna relevancia jurídica, como ocurrió el viernes 23 de diciembre en los periódicos de circulación nacional, el hoy por fortuna completo Consejo General del IFE tendría que utilizar nuestros valiosos recursos públicos para investigar y sancionar los recurrentes fraudes a la ley que corroen el sistema democrático.

Tienen razón los consejeros electorales cuando afirman que "nuestro país merece un proceso electoral ejemplar" y que ello "depende de refrendar la vocación democrática y apegada a las reglas vigentes de todos los mexicanos". Yerran, sin embargo, al culpar sólo a los actores políticos cuando los mismos funcionarios electorales son los principales responsables de haber generado el actual contexto de ilegalidad generalizada en materia electoral.

El IFE hoy se encuentra inmerso en una profunda crisis de legitimidad que nos conduce a una jornada electoral cuestionada y llena de conflictividad política. Si los tres nuevos consejeros electorales quieren evitar este oscuro desenlace no será suficiente con ayudar a administrar la desgracia, es preciso que ayuden a imprimir inmediatamente una nueva dinámica institucional al órgano electoral.

El caso más urgente por resolver es el de la multa por 288.7 millones de pesos al Partido Verde Ecologista (PVEM) que ha quedado congelada desde el 27 de abril al empatar la votación de los seis consejeros allí presentes. Ésta sería la tercera sanción más grande impuesta por el IFE en su historia, solamente superada por las sanciones al Partido Revolucionario Institucional (PRI) porPemexgate y al Partido Acción Nacional, junto con el mismo PVEM, por el caso Amigos de Fox...

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"El naufragio nacional" (Revista Proceso, 18 diciembre 2011)

Alexis Herrera, Gabriel Echeverría y David Espíritu, los mártires de Ayotzinapa, in memoriam.

La descomposición institucional y social que ha marcado el sexenio de Felipe Calderón se agrava minuto a minuto. El artero asesinato de tres jóvenes normalistas por la fuerza pública en Guerrero, los estudiantes ultimados en Guadalajara, las acusaciones penales en contra del padre Solalinde, el ataque a Norma Andrade, la desaparición de los ecologistas de Guerrero y la andanada de asesinatos y amagos a la prensa y a los defensores de derechos humanos en todo el país, configuran un escalofriante escenario de intolerancia y persecución que recuerdan las peores épocas del autoritario régimen de partido de Estado.

La situación prevaleciente rebasa la simple ausencia de un Estado de derecho. Refleja el total desmoronamiento de las mínimas reglas de convivencia y de negociación política y social. Desde el principio del actual sexenio ya se advertía que la verdadera causa de la violencia en el país no eran las disputas entre los narcotraficantes, sino la debilidad institucional que genera un clima de impunidad y corrupción en donde literalmente todo se vale. Hoy la responsabilidad de los gobernantes y de la clase política entera en la masacre nacional es más evidente que nunca.

Durante los periodos electorales los ánimos se caldean y los grupos caciquiles actúan sin rubor alguno. Hoy los sectores más retrógradas del PRI, como el figueroísmo en Guerrero, ya se frotan las manos al visualizar la posibilidad de reconquistar el poder y volver a repartir el botín entre sus amigos. Pero en esta pelea corren el riesgo de terminar descarnando a la patria a tal grado que lo único que lograrán será un simple saco de huesos para distribuir entre los ganadores...

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"La fase simbiótica" (La Jornada, 12 de diciembre de 2011)

Nepomuceno Moreno y Felipe Calderón

En su discurso con motivo del quinto año de gobierno, Felipe Calderón tuvo un momento de lucidez al afirmar que en materia de inseguridad ya hemos rebasado las fases "predatoria" y "parasitaria," en las que existen claras líneas divisorias entre las autoridades y los delincuentes, para evolucionar hasta la fase "simbiótica, donde simplemente ya no hay diferencia entre el Estado y sus instituciones y los criminales." En este contexto, "los criminales se apoderan de las instituciones policiacas y ministeriales, actúan a través de la policía y se diversifican hacia la extorsión, el secuestro y el cobro de piso para quedarse con las rentas de la sociedad" (discurso disponible en: http://bit.ly/tsvyeV).

Los acontecimientos de los últimos días confirman esta evaluación. La ola de asesinatos, asaltos, secuestros y acusaciones penales contra activistas y defensores de derechos humanos, incluyendo a Nepomuceno Moreno, Alejandro Solalinde, Norma Andrade, Trinidad de la Cruz, Pedro Leyva Domínguez, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, revela una vez más que la violencia y el acoso no solamente lo ejercen los malos en la calle, sino también las instituciones gubernamentales. La semana pasada, Calderón demostró en entrevista con Joaquín López Dóriga que esta intimidación forma parte de una política de Estado desde los más altos niveles, al ratificar y ampliar su amenaza de proceder en contra de las casi 30 mil personas que respaldan la solicitud de investigación en la Corte Penal Internacional (CPI).

Epigmenio Ibarra ha señalado con toda claridad la responsabilidad del Presidente por el actual clima intimidatorio: "Cada vez que usted [Calderón] sale en la televisión... incitando al linchamiento de sus críticos pone una diana en el pecho de uno de estos luchadores sociales. Cada vez que se atreve usted a sugerir... que quien se opone a la guerra está por la negociación con los criminales, o de plano trabaja para ellos, firma una sentencia de muerte...Ya jugó a sembrar el encono y la discordia en 2006; ahora, literalmente, juega con fuego" (Texto completo aquí: http://bit.ly/vZYNbN)...

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"Mexico, a Country in Crisis, Needs a Fix the Size of the Marshall Plan" (Newsweek/The Daily Beast, December 9, 2011)

Saadi Gaddafi´s plan to seek refuge in Mexico is a direct consequence of the U.S. backed “war on drugs.” The effort to eliminate the drug cartels by brute force instead of through intelligent strategic planning has weakened Mexico´s institutions to such an extent that the country now has turned into a safe haven for international criminals. The typical knee-jerk reaction to such news, calling for increased military intervention to stop the “terrorists” and “insurgents” south of the Rio Grande, will only make things worse. It is high time for rational thinking finally to predominate over macho saber-rattling when dealing with the Mexican humanitarian crisis, which has taken more than 50,000 lives, displaced 230,000 persons and “disappeared” another 10,000 over the past five years.

The idea that Mexico´s President Felipe Calderón has conducted a “frontal attack” against the drug cartels is patently false. There are no signs that organized crime actually has been weakened since the present Mexican president came to power in 2006. To the contrary, the cultivation and use of drugs in Mexico has risen dramatically, organized crime groups now have more firepower than ever before, money is freely laundered in the country and the impunity rate has reached an historic high, with, at most, 5 percent of all crimes receiving punishment.

All that Calderón´s U.S. backed tactics have achieved is the detonation of an increasingly violent “arms race” in which the drug cartels need to kill more ruthlessly and bribe government officials more aggressively in order to maintain their market shares. As long as drugs remain illegal and assault weapons are freely available in the United States, the short-sighted militarized tactics implemented today will only lead to an increase in the carnage. In addition, President Barack Obama´s crackdown on illegal migration has had the effect of increasing the power of human smugglers linked to organized crime by making their services more needed and valuable than ever before.

The only way out is for the United States to invest in the future of North America by launching an aggressive economic investment and reconstruction program for Mexico, similar to the Marshall Plan in post-war Europe. Real per capita income growth has been almost nonexistent over the past three decades in Mexico. The recent global financial crisis has taken a heavy toll on the country, with the economy losing 6.1 percent of its GDP during 2009 alone. This has led to the creation of a vast reserve army of unemployed youth who are easy prey for the drug cartels...

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"El amago del Presidente" (Revista Proceso, 4 diciembre 2011)

Felipe Calderón/Foto: Germán Canseco/Proceso

No fue un simple exabrupto el amago del presidente de la República en contra de los 23 mil ciudadanos que promueven la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en México. Si así fuera, Felipe Calderón no hubiera convertido el comunicado del domingo 27 de noviembre en un costoso desplegado de plana entera en los periódicos de circulación nacional. Tampoco hubiera mandado a sus voceros periodísticos y aliados políticos a ratificar la amenaza y denostar a los denunciantes a lo largo de la semana pasada. Al contrario, al darse cuenta de su error, simplemente se hubiera retractado de las últimas frases del polémico pronunciamiento.

El lunes 28, en entrevista con Joaquín López Dóriga, la vocera gubernamental Alejandra Sota de ninguna manera se desmarcó de la propuesta de “proceder legalmente” en contra de los ciudadanos peticionarios. Al contrario, ratificó que “se están estudiando todas las alternativas existentes”. Políticos priistas como Emilio Chauyfett y Enrique Peña Nieto, quienes también guardan varios esqueletos en su proverbial closet, han avalado el derecho del gobierno federal a intimidar a los ciudadanos inconformes. El senador Ramón Galindo, del PAN, caracterizó públicamente la petición ante la corte de La Haya como un “escupitajo” y una “estupidez”.

Todo parece indicar que la reacción gubernamental no surge de un momentáneo ataque de furia o de una mala asesoría de parte del rijoso secretario de Trabajo, sino de un temor muy real de parte de algunos elementos del Estado ante la posibilidad de que se inicie una investigación criminal internacional en su contra. En este caso, la fuente real de la errada estrategia mediática serían las fuerzas armadas, y en particular el general Galván y el almirante Saynez, quienes saben perfectamente bien que hoy los militares y los marinos se encuentran en una situación de franca violación a la Constitución y serían los primeros en caer ante una eventual investigación de la CPI.

Lo cierto es que un valiente y brillante joven abogado de 28 años llamado Netzaí Sandoval ha puesto en jaque al Estado mexicano. Su iniciativa ha tenido el enorme valor de traer de nuevo los reflectores nacionales e internacionales hacia la crisis humanitaria y la profunda falta de rendición de cuentas que existen en México. Su ejemplo también sirve de inspiración para los millones de jóvenes indignados, críticos e inteligentes que buscan contribuir a la transformación del país. Si un solo joven puede generar un nuevo contexto de exigencia social para acabar con la impunidad y parar el baño de sangre, no sería difícil imaginar de lo que serían capaces miles o millones de otros Netzaí movilizados a lo largo y ancho del país...

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ESCUCHA EL AUDIO DE LA COLABORACIÓN DE JOHN M. ACKERMAN EN MVS RADIO SOBRE LOS AMAGOS DE CALDERÓN

PRONUNCIAMIENTO EN SOLIDARIDAD CON LOS 23,000 FIRMANTES DE LA SOLICITUD ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (Actualización: 5 Diciembre) (Publicado en La Jornada, 30 noviembre de 2011)

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL ANUNCIO DE POSIBLES ACCIONES LEGALES POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL EN CONTRA DE LOS 23,000 CIUDADANOS QUE HAN INFORMADO A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA SITUACION DE VIOLENCIA Y VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO

Los abajo firmantes, seguidores del acontecer nacional y juristas provenientes de diversos ámbitos académicos, políticos y profesionales, compartimos la preocupación de que el gobierno federal entable acciones legales en contra de los 23 mil ciudadanos mexicanos que, en pleno ejercicio de su derecho de acudir a instancias legales internacionales, han ofrecido información al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que, de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma, se investigue la posible comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tanto por funcionarios públicos como por narcotraficantes en México. Estamos convencidos que esta acción del gobierno violentaría, entre otros, los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos así como los artículos 6 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Independientemente de que la información en cuestión desemboque o no en una investigación del Fiscal de la CPI, sea considerada jurídicamente viable por los jueces de la CPI, o pueda ser o no refutada por el mismo gobierno federal con base en los argumentos jurídicos del caso en cuestión, hoy resulta sumamente preocupante que se pretenda intimidar a los ciudadanos denunciantes al emprender acciones legales en su contra. 

Invitamos respetuosamente al gobierno federal, y en particular al presidente Felipe Calderón, a que reconsidere esta acción que podría afectar gravemente el Estado de Derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país. 

Diego Valadés, Genaro Góngora Pimentel, Obispo Raúl Vera, Edgardo Buscaglia, Lydia Cacho, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Jorge Zepeda Patterson, Alberto Aziz Nassif, Clara Jusidman, Agustín Basave, Gloria Ramírez, José Agustín, Paco Ignacio Taibo II, Andrés Ramírez, Ricardo Rafael, Rocato Bablot, Manuel Becerra Ramírez, Jaime Cárdenas, Ernesto Villanueva, José Roldan Xopa, Santiago Corcuera Cabezut, Fabian Aguinaco Bravo, Jorge Witker, Enrique Cáceres Nieto, Imer Flores, Miguel Eraña, Miguel Rábago, José Luis Caballero, Eduardo Huchim, , Alejandro Madrazo Lajous, Margarita Zapata, Fausto Kubli-García, Fausto Vallado Miguel, Sergio Méndez Silva, René Jiménez Ornelas, Luis Astorga, Luisa Paré, Abraham Nuncio Limón, Isabel Vericat, Eduardo Galeana Herrera, Héctor González Chevez, Francisco Ramos Aguirre, Patricia Quijano Ferrer, Javier Dondé Matute, Alberto Betancourt,  Paloma Saiz, Marina Taibo, José Barragán Barragán

Luis González Placencia (Presidente, Comisión de Derechos Humanos deh Distrito Federal), Paulina Vega González (Presidenta, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Darío Ramírez, (Director, Artículo XIX-México), Miguel Pulido (Director, Fundar), Mons. Camilo Daniel Pérez (Vicario General, Cuauhtémoc-Madera, Chih.), Dr. Fernando Valadez (Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y del Pribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, Federación Mexicana de Universitarias, A. C., Grupo de Mujeres de San Cristobal de las Casas, A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

Hugo José Suárez, Patricia de los Ríos Lozano, Alma Rangel de la Vega, Ana Lau Jaiven, Beatriz Espejo, Sandra Lorenzano, Alicia Leal, Carmen López Portillo, María Cacho, Teresa Guitián, Carlos Guitián, Carlos Melesio Nolasco, Jennifer Ann Cooper, Rosa Maria Alvarez, David Apolinar Rincón , Raquel Huerta-Nava, Willivaldo Delgadillo, Delia Selene de Dios Vallejo, Eugenia Correa, Martha Mondragón Ochoa, Iliana Godoy, Jesús López Amador, María Esther Munive Piz, Margarita Torres Hernández, Laura Paz Mayén, Ma. de los Ángeles Sánchez Noriega, Lilia Moguel Rojas, Susana Ocampo, Laurencio Barraza Limón, Bruno Ramírez, Cecilia Vázquez Rubio, María Eugenia García Cortés, Boris Berenzon Gorn, Paola Berenzon Flores, Alicia Olivera, Alicia Villaneda, Leobardo Alvarado, Nohemí Villalpando

Carlos Francisco Martínez Moreno, Luz Fernanda Azuela, Isabel Stivalet Barros, Guadalupe Lozada León, María Patricia González, Georgina Calderón Aragón, María Elena Cardero, Elvira Báez García, Alma Rangel de la Vega, Lilia Haydee Moguel Rojas, Angeles Magdaleno, Susana Ocampo, Angela Martínez Martínez, David Apolinar Rincón Pérez, Jesús Juárez Flores, Raquel Huerta-Nava, Delia Selene de Dios Vallejo, Rosa María Álvarez, Dolores Muñozcano, Gloria Muciño G., Ma. de Jesús López Amador, Margarita Torres Hernández, Martha Gpe. Figueroa Mier, Claudia Alonso Pesado, Héctor Vasconcelos, Alfonso Durazo, Aline Pettersson, Cristina Renaud, Eduardo Cruz Vázquez, Arturo Delgado Moya, Adalberto Santana, Gisela Ávila, Diego Velasco, Ana Laura Galeana Herrera, Laura Campos, Ana Saloma, Diana Salazar Tapia, Enrique Romero, Irina Ravelo, Guillermo Palacios y Olivares, María Guadalupe Lomelí Radillo, Margarita Carbó, Glenda Hecksher

Actualización: 5 diciembre de 2011

El "Buen Engaño" (La Jornada, 28 de noviembre de 2011)

La semana pasada Felipe Calderón convirtió la fiesta cívica de reconocimiento a la gran valentía del pueblo mexicano de 1910 en otro pretexto para enaltecer el militarismo y el consumismo. El 101 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana fue marcado por un ostentoso desfile militar y opacado por el abusivo despliegue mediático del llamado buen fin. Una vez más, los ciudadanos y el interés público fueron relegados a segundo plano.

El buen fin no fue diseñado para mejorar la calidad de vida de todas las familias mexicanas, como señaló de manera engañosa la propaganda, sino para ayudar a los grandes empresarios a deshacerse de sus inventarios y apoyar políticamente a Calderón. Los datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (http://bit.ly/sBOkVB) son elocuentes: solamente 60 por ciento de los que acudieron a tiendas en el Distrito Federal se beneficiaron de alguna oferta o promoción y, entre ellos, 30 por ciento manifestó que el buen fin no cumplió con sus expectativas. Es decir, únicamente 40 por ciento de los consumidores estuvieron satisfechos, y la insatisfacción seguramente fue mayor en otras zonas donde el poder de compra es menor que en la capital.

Esta desilusión surge de que gran parte de las promociones no incluyó reducción alguna de precios, sino solamente facilidades de pago hasta de 48 meses, muchas veces con elevadas tasas de interés. Los que realmente se aprovecharon del buen fin fueron los bancos, las instituciones de crédito y las grandes tiendas que ahora tendrán un flujo constante de pagos mensuales y podrán cobrar de manera despiadada comisiones y sanciones a sus nuevos clientes cada vez que se les dificulte la entrega de sus cuota...

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"Alto a la destrucción democrática" (Revista Proceso, 20 de noviembre de 2011)

Las boletas de la elección presidencial de 2006 son la prueba material del probable fraude cometido en contra de Andrés Manuel López Obrador. Si el Instituto Federal Electoral (IFE) procede a la destrucción anticipada de estos documentos, sin primero abrirlos al escrutinio público, nos estará dando una señal inequívoca de que en 2012 estará dispuesto de nueva cuenta a imponer un ganador de manera opaca.
 

Los argumentos ofrecidos hasta la fecha por el IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el gobierno federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para negar el acceso a las boletas carecen de sustento jurídico y están envueltos en francas contradicciones. Se trata de argumentos ad hoc elaborados al margen de la ley con el fin de justificar una decisión estrictamente política tomada desde las más altas esferas del Estado mexicano.
 

La primera respuesta ofrecida por el IFE a la revista Proceso en agosto de 2006 fue absurda. La autoridad señaló que las boletas no estaban sujetas a la Ley Federal de Transparencia porque “no eran documentos” sino sólo “la expresión material de la preferencia electoral de la ciudadanía votante”. Tal y como lo argumentó Irma Sandoval en estas mismas páginas (Proceso 1558), esta interpretación “metafísica” no tenía sustento legal alguno ya que estas “expresiones materiales” estaban a todas luces sujetas a la Ley de Transparencia, al igual que cualquier otro documento en posesión del gobierno.
 

El segundo argumento ofrecido por el IFE resultó igual de inverosímil. Los consejeros argumentaron que la solicitud ponía en riesgo la seguridad nacional y constituía un “ataque contra valores públicos fundamentales”. Los consejeros incluso citaron en su resolución artículos de la Ley Fundamental de Bonn, Alemania, diseñados explícitamente para evitar el resurgimiento del nazismo en ese país. La insinuación era directa: los periodistas que indagaban sobre la verdad de lo ocurrido en 2006 no eran más que provocadores que buscaban subvertir el sistema democrático...

 

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ESCUCHA AUDIO DE COLABORACIÓN CON LUIS CÁRDENAS EN MVS RADIO SOBRE LAS BOLETAS ELECTORALES DE 2006 

"La Jornada y el derecho a la información" (La Jornada, 22 de noviembre de 2011)

La existencia del periodismo crítico que se ejerce en La Jornada es el mejor indicador de que, a pesar de todo, persiste la libertad de prensa en México. Los que buscan eliminar este importante medio informativo no defienden la libertad de expresión, sino buscan abrir aún más espacio a las mentiras televisivas y retornar a la época del pensamiento único. Ello a todas luces implicaría un ataque directo a nuestro derecho constitucional a la información.

El artículo Cómplices del terror, publicado en 2004 y firmado por el subdirector de Letras Libres –que dirige Enrique Krauze–, concluye de forma ominosa: “La Jornada [se encuentra] al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas. Así se practica todavía el periodismo en México, espero que no por mucho tiempo”.

La primera frase es una abierta calumnia que se basa en el hecho de que La Jornada tiene un convenio de colaboración noticiosa con Gara, un periódico totalmente legal y transparente del País Vasco. La idea de que un convenio de esta naturaleza funja como correa de transmisión para subordinar el rotativo mexicano al proyecto político de ETA es tan ridícula como sería afirmar que el periódico Reforma estuviera subordinado al gobierno de Estados Unidos por tener un convenio con el New York Times.

Habría que recordar también que La Jornada cuenta con convenios similares con gran diversidad de medios, incluyendo Le Monde Diplomatique de Francia, Página 12 de Argentina y The Independent de Inglaterra. Todos estos acuerdos son necesarios y propios del ejercicio profesional del periodismo en un mundo cada vez más interconectado...

 

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"Nubosidad" (La Jornada, 14 de noviembre, 2011)

La Presidencia de la República ha pedido que por respeto a las víctimas y a sus familiares no se especule ni se lucre políticamente con la caída del helicóptero del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. Sin embargo, Felipe Calderón ha sido el primero en hacerlo. Asimismo, tanto el Presidente como el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, han reiterado una y otra vez que como siempre, el gobierno federal actuará con toda transparencia, a pesar de que todo indica que la opacidad será la regla.

En su primer pronunciamiento el viernes pasado, Calderón afirmó que las condiciones de nubosidad que prevalecían... hacen pensar, ciertamente, en la probabilidad de un accidente. El sábado, Pérez Jácome se distanció de su jefe y se limitó a afirmar que solamentees probable que se haya encontrado con capas de nubosidad y quepresumiblemente estas condicionespudieron haber requerido que la tripulación buscara una ruta alterna. Es decir, todavía no contamos con información confiable siquiera sobre las condiciones meteorológicas, pero el gobierno federal da ya vuelo a su imaginación para construir una narrativa que pueda tranquilizar a la opinión pública.

Existe un evidente doble rasero. Son tachados de irresponsables e irrespetuosos los que presumen que, dado lo extraño de los acontecimientos, la muerte del secretario y su equipopudo haber sido resultado de un ataque directo. Las autoridades, sin embargo, tienen permitido especular para minimizar la relevancia política del trágico acontecimiento...

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"De la insatisfacción a la indignación" (Revista Proceso, 6 november 2011)

Indignados en el Monumento a la Revolución
Foto: Octavio Gómez, proceso.com

Los mexicanos nos distinguimos por ser los latinoamericanos más desilusionados con nuestro sistema político. De acuerdo con el nuevo estudio de Latinobarómetro 2011 (www.latinobarometro.com), dado a conocer la semana pasada, solamente 23% de la población se encuentra “satisfecha con el funcionamiento de la democracia”, mientras que 73% de los encuestados están “insatisfechos”. La nuestra es la tasa de insatisfacción más grande de toda la región. Asimismo, de acuerdo con el mismo estudio, en México únicamente 31% de los encuestados expresa que tiene “mucha” o “algo” de confianza en el gobierno.

Estos alarmantes datos hablan muy bien de los mexicanos, quienes no tienen empacho en reconocer el mediocre desempeño de sus instituciones políticas. Mucho peor estaríamos si además de sufrir las consecuencias de la disfuncionalidad gubernamental también estuviéramos “satisfechos” con este fracaso y confiásemos ciegamente en nuestras autoridades. Los datos confirman la sana conciencia crítica de los mexicanos con respecto al desempeño gubernamental.

Esta actitud escéptica nos coloca en una situación más cercana a la cultura política de Europa que a la de los demás países de América Latina. Mientras en el “nuevo mundo” un promedio de 45% expresan “mucha” o “algo” de confianza hacia su gobierno, en el “viejo continente” el porcentaje de confianza es mucho más bajo y alcanza 29%. Lo que estimula la transformación institucional y el avance democrático no es la complacencia, y mucho menos la autocomplacencia, sino precisamente una sostenida insatisfacción ciudadana que lleve a la población a exigir más y mejores garantías a las autoridades.

Los mexicanos también tienen mucha claridad con respecto a las raíces de la crisis que actualmente aqueja al país. Señalan a la corrupción como el problema más importante, el 55% de la población la ubican como el principal asunto “que le falta a la democracia en el país”. Asimismo, la gran mayoría de la población (61%) afirma que “los que menos cumplen con la ley” en México son “los ricos”. Y solamente 22% de la población cree “que se gobierna en bien de todo el pueblo”, 2% menos que en 2010. Solamente Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Costa Rica tienen porcentajes menores en esta última medición...

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"The G20´s Choice of Calderón is a grave error" (The Guardian, November 10, 2011)

The G20 committed a big mistake by naming as its chair for 2012 a possible war criminal who is in the midst of an intense electoral battle in his home country. Mexico's President Felipe Calderón will not push the G20 mandate of "promoting open and constructive discussion … on key issues related to global economic stability". His only interest will be to use this international forum for political purposes. In the context of widespread protest against global financial management, with Calderón at the helm, the G20 exposes itself to even greater popular anger.

Calderón has already convinced the G20 to move up its 2012 meeting in Los Cabos, Mexico, so that it takes place only a few weeks before the 1 July presidential elections. The Mexican president hopes to use the presence of the international leaders to boost his failing credibility and overcome his party's weakness in the polls. But precisely the opposite could be the case, since the highly-charged political environment in Mexico might lead to new social protests against the world leaders.

Calderón is particularly desperate for international recognition because on 25 November 2011, a group of lawyers, journalists, activists and academics, let by human rights lawyer Netzaí Sandoval, will bring a formal petition to the International Criminal Court (ICC) to investigate Calderón for war crimes and crimes against humanity. The petition is directed against the Mexican president and other top officials, as well as the leaders of Mexico's most important drug cartels, for refusing to follow the basic protocols that should rule armed conflicts and conducting systematic assault on the civilian population. The petition now has the support of almost 20,000 signatures online, as well as another 5-10,000 on paper.

Over the past five years, Calderón has presided over a bloodbath of historic proportions, with over 50,000 violent deaths (including at least 1,300 youth and children), 230,000 displaced people and at least 10,000 "disappeared" persons. This violence is not a normal outcome of the global economic downturn or of disputes between rival drug gangs, but indicates the existence of a full-blown humanitarian crisis. Indeed, the scale of the crisis is much larger than those in Congo, Sudan, Kenya or the Ivory Cost, all of which are presently under investigation by the ICC...

 

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"El enemigo en casa" (La Jornada, 31 de octubre de 2011)

Así como Vicente Fox heredó a Felipe Calderón un aparato estatal debilitado y carcomido por la corrupción y el crimen organizado, Calderón heredará a su sucesor instituciones públicas infiltradas e intervenidas por el gobierno estadunidense. El próximo Presidente se enfrentará a una doble tarea de limpieza: expulsar simultáneamente a los narcotraficantes y a los intereses extranjeros.

Calderón suele representar la situación en que encontraba el gobierno como una en que los criminales no solamente entraban a robar a la casa, sino ya pernoctaban en ella y desde allí operaban su negocio y cometían todo tipo de fechorías. Aun así, el actual Presidente prefirió la salida fácil de atacar mediáticamente a algunos de sus adversarios en la calle, en lugar de declarar una verdadera guerra contra el enemigo en casa. Esta estrategia ciega, torpe y criminal ha sido auspiciada y apoyada de principio a fin por el gobierno de Estados Unidos.

En lugar de insistir en una verdadera limpieza interna, los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama accedieron a la petición de Calderón de hacerse de la vista gorda con respecto a la corrupción y la constante violación de los derechos humanos. Esto a cambio de que Calderón les abriera la puerta para participar y dirigir los operativos antinarco en el territorio nacional. La apertura en otros ámbitos, como el económico y el energético, también se incluyó como regalo adicional a cambio de los espejitos del silencio y la complicidad estadunidenses ante el grave estado de la administración pública federal.

Si bien este trueque ha beneficiado a corto plazo a Calderón en su desesperada búsqueda de legitimidad y reconocimiento externos, a largo plazo tendrá efectos sumamente graves para todos los mexicanos. El constante debilitamiento de las instituciones estatales ha sido aprovechado gustosamente por los estadunidenses para aumentar cada día su intervención en los asuntos internos del país. Así como los gobiernos neoliberales abandonaron Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro y Mexicana de Aviación con el fin de provocar su quiebra y así justificar su intervención, hoy Calderón sigue el mismo guión con respecto a las instituciones de seguridad pública...

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"Calderón a La Haya" (Revista Proceso, 23 de octubre, 2011)

Felipe Calderón/Foto: Octavio Gómez, proceso.com

La denuncia en contra de Felipe Calderón y altos mandos militares y policiacos, así como de capos de la droga, que se presentará el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, no busca venganza, sino justicia. Las más de 25 mil personas que respaldamos la iniciativa, encabezada por el abogado Netzaí Sandoval (www.juicioacalderon.blogspot.com), tenemos la firme convicción de que estamos obligados moral y políticamente a utilizar todas las vías legales y pacíficas a nuestro alcance para poner un alto al baño de sangre que se vive en el país. No defendemos a los criminales, sino todo lo contrario: buscamos denunciarlos a todos, independientemente de su rango o posición dentro y fuera del gobierno.

La CPI es una institución nueva, en funciones desde 2002 y reconocida por el Estado mexicano en 2005, que se estableció para investigar y enjuiciar los delitos más graves cometidos contra la humanidad. Está autorizada para actuar cuando los sistemas domésticos de justicia de las diversas naciones se encuentran imposibilitados para hacerlo, ya sea a causa de un débil diseño institucional o directamente por falta de voluntad política, de modo que puede llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o crímenes de “agresión” (ver el Estatuto de Roma: 
http://bit.ly/oWhn1y).

La dimensión de la violencia en México (50 mil asesinados, 230 mil desplazados y por lo menos 10 mil desaparecidos) es mucho mayor que la existente en el Congo, Sudán, Kenia, Costa de Marfil e incluso en la Libia de Gadafi. Todos estos países son investigados por la CPI. En la actualidad es evidente que en México también se cometen “crímenes de lesa humanidad”, definidos como “ataques generalizados o sistemáticos en contra de una población civil, y con conocimiento de dichos ataques”, incluyendo actos como tortura, desaparición forzada, asesinato y violación...

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Homenaje a Miguel Ángel Granados Chapa (Palabras pronunciadas en el acto de entrega póstuma del Premio Nacional de Periodismo, Carlos Septién 2011)

No hay honor más grande en mi corta carrera periodística que haber compartido la mesa del programa "Encuentro" con don Miguel Ángel Granados Chapa, así como con Ricardo Rocha y Virgilio Caballero quienes aquí juntos rendimos homenaje al gran periodista. Con certeza a mis nietos les diré, y a mis hermosas hijas hoy ya les digo, con enorme orgullo, que no solamente tuve el honor de haber conocido al gran maestro, sino que tuve la fortuna de gozar de su amistad y de sus enseñanzas. 

Lo poco que hoy sé del periodismo sin duda lo debo de forma notable a Don Miguel Ángel y desde luego también a mi querido amigo Ricardo Rocha, aquí presente. Ricardo y Virgilio pueden atestiguar que no pocas veces los tres no quedamos atónitos, sorprendidos, pasmados por la profundidad del conocimiento de Miguel Angel sobre la cultura, la historia, el arte y desde luego el acontecer nacional. Miguel Angel era una enciclopedia viviente, un destacadísimo jurista, con una sofisticada capacidad de análisis e interpretación que en general es un bien escaso en nuestros días. Esta capacidad combinada con su gran amor por la lengua española y su enorme inteligencia y astucia para ir inmediatamente a las raíces de la problemática nacional era impresionante y ejemplar. 

Miguel Angel Granados Chapa es de esos grandes héroes de la fallida transición democrática que hoy vivimos en México. La independencia de su voz crítica todos los días en Reforma y en Radio UNAM, así como todas las semanas en la Revista Proceso, constituía un pilar de fortaleza, un referente firme y tan necesario, dentro de las arenas movedizas que suele caracterizar la política nacional. Sin duda, sin la aportación de don Miguel Angel estaríamos en una posición más dificil de la que estamos hoy. Las instituciones públicas serían más cínicas, los poderes fácticos más voraces y la ciudadanía menos valiente y participativa. Debemos a don Miguel Angel mucho más de lo que nos imaginamos. Gracias Miguel Angel, gracias por enseñarnos el camino cuando todo parecía ser oscuridad y desesperanza. 

El periodismo en México vive hoy momentos difíciles, aunque también está lleno de potencial y de esperanza. Recuerdo que hace varios años, como un radioescucha más, escuchaba el programa "Encuentro" y me quedó muy grabada una intervención de Virgilio Caballero cuando discutía con Miguel Angel, Ricardo y Lorenzo Meyer sobre el duopolio televisivo. Virgillio resaltaba el hecho de que si bien no existe una verdadera competencia comercial entre las empresas más importantes, sí existía una competencia entre las principales televisoras para ver cuál de ellas denigraba más la condición humana. La Iniciativa México y el Acuerdo para la Cobertura de la Violencia son simples cortinas de humo para cubrir y legitimar esta competencia perversa que también es responsable por la violencia y la crisis humanitaria que hoy vivimos en México, y que sufren de manera particularmente aguda los periodistas del país. 

Pero México es un país de enormes contrastes y contradicciones y aunque tenemos muchos rezagos en los medios de comunicación electrónicas, nuestro periodismo escrito y de investigación es una de las mejores del orbe. Países con un nivel de desarrollo mayor al nuestro no cuentan con un grupo de profesionales de la comunicación tan valientes e inteligentes como los que tenemos laborando en los principales medios independientes en México. Y esto sin duda también lo debemos al Maestro Miguel Angel Granados Chapa. Su ejemplo como escritor, su apoyo personal como amigo y colega y su visión institucional cuando estuvo a cargo de responsabilidades directivas, han sido motores imprescindibles para el avance del oficio periodístico en el país. 

Hoy todos quienes hemos seguido de cerca y tenido el honor de trabajar con don Miguel Angel le decimos gracias, adiós y hasta siempre. Hoy su impronta nos deja la enorme responsabilidad de honrar su memoria poniendo nuestro granito de arena para "dar cumplimiento", como solía decir Miguel Angel, a favor de la honestidad y valentía periodística que predicó con su ejemplo a lo largo de su fértil carrera.

-John M. Ackerman (México, DF, 20 de octubre, 2011)

"Consejeros en huelga" (La Jornada, 17 de octubre de 2011)

Consejeros Valdés y Guerrero/Foto: CRodríguez, jornada.com

Flaco favor hacen a la democracia los consejeros del IFE al fingir que no pasa nada con la ausencia de tres integrantes del Consejo General. Pero aún más daño provocan los finalistas para ocupar las vacantes al creer que calladitos se ven más bonitos, pues con su silencio avalan un proceso de selección totalmente amañado, ilegal y fallido. Los diputados federales por sí solos difícilmente llegarán mágicamente a un acuerdo sobre los tres nuevos consejeros. Hace falta un contundente llamado de atención para obligarlos a cumplir con su responsabilidad constitucional.

Si los actuales integrantes del Consejo General realmente estuvieran comprometidos con la fortaleza de la democracia mexicana, simplemente se negarían a trabajar en un contexto de anticonstitucionalidad y bajo las infamantes condiciones en que se encuentran. Es absolutamente falso que la actual conformación del Consejo General no es impedimento para resolver asuntos oportunamente y que el IFE esté debidamente preparado para organizar con la mayor eficiencia las elecciones federales, como señala la autoridad electoral en una costosa inserción pagada el pasado viernes.

Algunos asuntos de la mayor importancia se encuentran totalmente detenidos. Por ejemplo, la multa de 289 millones de pesos al Partido Verde por su abierta burla a la ley electoral durante las campañas de 2009 y la emisión del nuevo reglamento para la transmisión de los anuncios partidistas en radio y televisión. Un IFE integrado de manera inconstitucional pone en riesgo la validez de las elecciones federales de 2012.

Habría que recordar que 2012 será la primera elección presidencial en que se aplique la reforma constitucional de 2007, que aumentó significativamente las facultades del instituto. Los consejeros tuvieron su primera experiencia de lo que esto implicaba durante los comicios federales de 2009, cuando se triplicaron las sesiones del Consejo General. No sería exagerado imaginar que durante la campaña de 2012 el consejo tuviera que sesionar literalmente todos los días para resolver procedimientos sancionadores y decidir medidas cautelares....

 

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"Debates electorales y estado de derecho" (Revista Proceso, 9 de octubre de 2011)

Ernesto Cordero/Foto: Octavio Gómez, Proceso.com

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dado un buen paso en la batalla por hacer valer los principios básicos en materia electoral con su señalamiento de la ilegalidad de la transmisión del debate entre precandidatos en Nayarit durante el proceso electoral de 2010. La cantidad de entrevistas simuladas, “infomerciales” y coberturas compradas o “donadas” que hoy abundan en los principales medios de comunicación electrónicos ya no es sostenible. Ya era hora de que las autoridades tomaran medidas para limitar esta abierta burla a la normatividad que pone en riesgo la autenticidad y la equidad del proceso electoral en curso.

La airada y coordinada respuesta de parte de Televisa, Vicente Fox y Ernesto Cordero revela tanto su profunda ignorancia del derecho electoral como la existencia de un acuerdo entre estos tres actores para reventar la institucionalidad democrática del país. “Yo sé que no debería criticar al IFE ahorita en un proceso electoral”, declaró Fox con total cinismo, “pero seguir poniendo bozales y seguir impidiendo que la gente hable (…) me parece criminal; están destruyendo la democracia”.

Fox se equivoca de blanco. La decisión del TEPJF revoca una decisión anterior del IFE que, de manera sospechosa, había avalado la abierta burla a la legislación cometida por el principal canal de Televisa en Nayarit. Asimismo, llamar “criminal” y “destructor de la democracia” a una de las decisiones más rescatables del TEPJF es una exageración sumamente peligrosa, sobre todo cuando los verdaderos “criminales” andan sueltos precisamente por la negligencia y posible complicidad de Fox durante su mandato presidencial...

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"Coaliciones por conveniencia" (La Jornada, 3 octubre 2011)

Beltrones y Ebrard/ Foto: JC González, jornada.com

Son más las similitudes que las diferencias entre la iniciativa de gobierno de coalición de Manlio Fabio Beltrones y la propuesta por restablecer la clausula de gobernabilidad de Enrique Peña Nieto. Ambas buscan allanarle el camino al Presidente de la República para que pueda gobernar con más tranquilidad sin tantos obstáculos del Poder Legislativo. Parten del mismo diagnóstico equivocado que sostiene que a partir de la pérdida del control del PRI sobre la Cámara de Diputados, en 1997, supuestamente se habría instalado un inmovilismo, una generación del no en el Congreso. Las dos propuestas buscan resucitar la época autoritaria en que el Presidente contaba con mayorías legislativas estables que le permitían determinar libremente y sin contrapesos el rumbo del país.

De acuerdo con la iniciativa del senador Beltrones, a partir de 1997 se inicia en México la era de los gobiernos divididos... situación que ha provocado que las decisiones donde confluyen tanto el Ejecutivo como el Legislativo se hayan tornado más complejas, tendiendo a la inmovilidad y al bloqueo antes que a la cooperación, el diálogo, el dinamismo y la oportunidad. La iniciativa paralela de Guadalupe Acosta Naranjo en la Cámara de Diputados señala que el hecho principal de nuestra transición democrática fue la dispersión efectiva del poder del Estado y, por tanto, la creciente dificultad para poder gobernar y recuerda que en 1991, el presidente Salinas disfrutó el último Congreso acompañante, pues tenía 64 por ciento de los diputados. Desde entonces, la realidad, la matemática del Legislativo (por no hablar de los gobernadores y otros poderes constitucionales) no ha hecho sino limitar y complicar las capacidades presidenciales.

Es una lástima que destacados políticos como Acosta Naranjo y Marcelo Ebrard avalen y promueven este revisionismo histórico abiertamente priísta y salinista que pinta la misma transición democrática como un error que solamente ha venido a complicar el ejercicio del poder. Se les olvida que una de las grandes conquistas de la izquierda ha sido precisamente lograr una verdadera pluralidad en el Congreso de la Unión. El papel del Poder Legislativo en un sistema presidencial debe ser de contrapeso y vigilancia al Poder Ejecutivo, no de comparsa. Esta función legislativa es particularmente importante en un contexto de transición política, cuando el Ejecutivo sigue funcionando con las mismas prácticas autoritarias del pasado...

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"Desesperación autoritaria" (Revista Proceso, 25 septiembre 2011)

 Javier Duarte/Foto: Yahir Ceballos, proceso.com

El régimen reacciona de manera desesperada ante su evidente fracaso en el propósito de controlar la violencia y el descontento social que recorren el país. En lugar de resolver los problemas de fondo, diariamente profundiza su estrategia propagandística y represiva. Recordemos que hace seis meses, el 24 de marzo, más de 50 medios de comunicación firmaron un Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia dentro del marco de la mal llamada Iniciativa México. Este pacto propuso “homologar” el trabajo periodístico-propagandístico con el fin de dar una sensación de mayor seguridad a la población, así como de apuntalar la legitimidad del gobierno de Felipe Calderón y la clase política entera.

Aquel acuerdo ha fracasado rotundamente. Hoy, datos oficiales del Inegi revelan que los mexicanos nos sentimos más inseguros y confiamos menos que nunca en las instituciones gubernamentales. El 69.5% de las personas mayores de 18 años se sienten inseguras en su entidad federativa, cuatro puntos porcentuales más que el año pasado. En el mismo periodo, la confianza en la Marina cayó ocho puntos, hasta alcanzar 47%; en el Ejército, siete puntos, hasta 46%, y en la Policía Federal, casi 10 puntos, para terminar en apenas 17%. Esta opinión ciudadana está basada en hechos reales, ya que el mismo estudio demuestra que la cantidad de delitos del fuero común aumentó en un escandaloso 90% entre 2009 y 2010, de 12 a 23 millones. De los delitos de 2010, solamente 12% fueron denunciados por las víctimas, y 8% están siendo investigados por las autoridades.

La realidad de la crisis política ha desnudado la ficción de la Iniciativa México. El incendio del casino Royale ha destapado una cloaca de corrupción y complicidad dentro de la clase política panista de Monterrey. Los secuestros y las extorsiones contra maestros en Acapulco han evidenciado el total fracaso de los gobiernos del PRD en la entidad por lo que se refiere a su intención de conducir una verdadera transición política e institucional. La explosión de la violencia y la descarada apropiación del espacio público por los delincuentes en estados como Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y Coahuila revelan la pérdida de gobernabilidad en los principales bastiones del viejo partido del Estado...

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AUDIO DE COMENTARIO DE JOHN M. ACKERMAN EN MVS RADIO, 2DA EMISIÓN, 102.5, SOBRE LA SITUACIÓN EN VERACRUZ (LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE, 2011)

"Tribunal subordinado" (La Jornada, 19 de septiembre de 2011)

La anulación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de las nuevas disposiciones en materia de transmisión de espots electorales deja al Instituto Federal Electoral (IFE) en estado de extrema vulnerabilidad ante los embates mediáticos presentes y futuros. En lugar de hacer frente común con el IFE para defender de manera conjunta la institucionalidad democrática, los magistrados han tomado el lado de los poderes fácticos. La verdadera perdedora, como siempre, es la ciudadanía.

La sentencia dictada por el TEPJF el pasado 14 de septiembre anula las reformas al Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, aprobadas por el IFE el 27 de junio, que reducían los plazos para la transmisión de los espots de los partidos políticos de cinco a tres días. Estas reformas se hicieron con el fin de facilitar un debate público más dinámico y robusto entre los diversos partidos y candidatos durante las campañas electorales de 2012.

Las modificaciones se justifican plenamente por la necesidad de adecuar el reglamento a las exigencias de una campaña presidencial que presenta una coyuntura radicalmente diferente a la de una elección intermedia, como la de 2009, que únicamente renovó la Cámara de Diputados a escala federal. Los cambios también encuentran respaldo en el artículo sexto constitucional, que garantiza nuestro derecho de acceso a la información, así como en el artículo 41 de la Carta Magna, que señala que el IFE es la autoridad única para la administración de los tiempos del Estado en materia electoral...

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"Los compromisos de Peña Nieto" (Revista Proceso, 11 septiembre de 2011)

Foto: Benjamín Flores, proceso.com

Enrique Peña Nieto gusta de presumir que ha cumplido con los “compromisos” establecidos al principio de su mandato. No se cansa de presentar la realización de las obras públicas más elementales, cuya construcción es obligación de cualquier mandatario, como si fueran generosos regalos de un líder “eficaz” y “cercano a la gente”. Pero los compromisos que lucieron durante su VI Informe de Gobierno no fueron los que pudiera ofrecer a la ciudadanía mexiquense, sino aquellos que ha establecido con la oligarquía y la clase política dominantes responsables de la actual tragedia nacional.

Peña Nieto se negó a acudir al Congreso del Estado de México para rendir su informe y exponerse a los cuestionamientos de la oposición. Tampoco permitió la entrada al acto celebrado en el teatro Morelos de ningún ciudadano común, o con vestimenta que pudiera desentonar o interrumpir el espectáculo mediático producido por Televisa. Todos los hombres se vistieron de negro, la mayoría con corbatas rojas, y las damas con vestidos conservadores y sobrios. Se impusieron la lógica autoritaria de la uniformidad y las alabanzas por encima de la democracia y la pluralidad.

En su discurso, Peña Nieto habló de la necesidad de transitar de una democracia “exclusivamente electoral” a una que “dé resultados y construya acuerdos”, como si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no fuera directamente responsable de la crisis nacional actual. Habría que recordar que el PRI gobierna la mitad de los estados de la República, incluyendo algunos de los más violentos, como Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Durango. El estado de descomposición que existe en el país surge no solamente de la ineptitud de Felipe Calderón, sino también de la total inefectividad institucional que se ha manifestado en aquellas entidades.

El viejo partido de Estado domina además la Cámara de Diputados desde 2009, donde ha impuesto una lógica autoritaria e intolerante. De la bancada del PRI surgió la nueva propuesta de Ley de Seguridad Nacional, que busca imponer nada menos que un Estado policiaco-militar represivo en todo el país (aquí mi análisis: http://www.proceso.com.mx/?p=268592). El PRI impulsa igualmente la propuesta de “reforma política” de Peña Nieto, que pretende resucitar los tiempos autoritarios con una nueva “cláusula de gobernabilidad” que eliminaría la voz de la oposición política en la Cámara de Diputados. El PRI también es el principal responsable de la falta de acuerdo sobre los nuevos consejeros electorales del IFE, algo que pone en riesgo la validez de las próximas elecciones presidenciales (ver mi comentario sobre el tema: http://www.proceso.com.mx/?p=270859). Y todo esto sin mencionar el aval del PRI a los proyectos de reforma a la Ley Federal de Trabajo y de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas presentados por Calderón...

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"Legalidad y resistencia social" (Dia Siete, 4 septiembre de 2011

Típicamente se piensa que para que los países en “vías de desarrollo” como México avancen económica y políticamente se precisa de una nueva “cultura de la legalidad” así como del fomento de determinados “valores modernos” entre la población. De acuerdo con este punto de vista, una de las principales causas de nuestro “atraso” es la supuesta falta de respeto a la ley así como la exagerada desconfianza en las instituciones públicas. La solución a nuestros problemas entonces se encontraría en un proyecto de reingeniería cultural que reduzca las fricciones políticas y sociales que obstaculizan el funcionamiento de los mercados y las instituciones.

El problema con esta perspectiva es que presupone la existencia de mercados e instituciones básicamente funcionales, o por lo menos no totalmente cooptadas. Así, la modernidad y el progreso se acercarían de manera casi automática al eliminar los “estorbos” sociales innecesarios. Este enfoque, supuestamente de avanzada, entonces compartiría con el marxismo vulgar una fe ciega en los procesos “objetivos” de transformación económica y material como la única solución a los problemas sociales.

Pero lo que México realmente necesita hoy no son más ciudadanos “bien portaditos” que sepan esperar pacientemente que la luz al final del túnel pueda llegar algún día, sino actores sociales con la fuerza y convicción necesarias para provocar una ruptura histórica en el devenir de la nación. Esta es la perspectiva desde donde habría que leer los resultados de los estudios que se realizan periódicamente sobre la cultura política en el país...

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"Tuiteros terroristas" (La Jornada, 5 de septiembre de 2011)

Gobernador Javier Duarte/La Jornada

Al igual que Hosni Mubarak, en Egipto, y Muammar Kadafi, en Libia, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hace gala de reflejos autoritarios al culpar a las redes sociales de los problemas en lugar de atender las raíces del descontento social. La suspensión de servicios de Internet en Egipto y Libia fue uno de los indicadores más claros de que ambos gobiernos se encontraban ya en la antesala de la derrota por los rebeldes. El encarcelamiento de la periodista Maruchi Bravo y el ciudadano Gilberto Martínez por supuestos actos de terrorismo en la utilización de sus cuentas de Twitter y Facebook podría tener efectos similares, al detonar un amplio repudio social tanto nacional como internacional hacia el gobernador.

Bravo y Martínez evidentemente cometieron un acto de irresponsabilidad al esparcir un rumor que resultó ser falso: Confirmo en la Esc. Jorge Arroyo de la Col. Carranza se llevaron cinco niños, grupo armado, sicosis total en la zona. Pero no existe el menor indicio de que estos ciudadanos lo hubieran hecho con el fin de generar temor o zozobra entre la población, sino todo lo contrario. Al enterarse de esta noticia, por medio de amigos y familiares para ellos confiables, quisieron realizar una labor social alertando a sus cercanos para que pudieran auxiliar a sus hijos. Prueba de ello es que mandaron la información desde sus cuentas personales y nunca intentaron disimular sus identidades.

La circulación de los mensajes detonó una amplia preocupación entre usuarios de Internet e hizo que los padres de familia se desplazaran inmediatamente a rescatar a sus hijos. Si bien se interrumpieron tanto la jornada laboral de los padres como el día escolar de los niños, nadie se lastimó ni se generó zozobra generalizada en la sociedad veracruzana, la mayor parte de la cual ni siquiera tiene acceso a Internet. En todo caso, la sicosis que sí se manifestó no se debe a la circulación de un par de mensajes en las redes sociales, sino al contexto generalizado de temor que existe en la sociedad veracruzana por el fracaso y la irresponsabilidad de las autoridades en materia de seguridad pública...

 

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"El fin del PRIAN" (Revista Proceso, 28 de agosto 2011)

Calderón y Gordillo
Foto: Miguel Dimayuga/proceso.com

La alianza del autoritarismo de Estado y la derecha neoliberal se encuentra en riesgo. Desde 1988, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) han administrado en conjunto la alternancia política. Pero los acontecimientos más recientes parecen indicar que Felipe Calderón y el PAN han decidido poner fin a esta etapa histórica para confrontar de manera directa al viejo partido de Estado de cara a las elecciones de 2012. Esta nueva fase en la política nacional podría generar grandes beneficios para la sociedad mexicana.

La época del cogobierno PRI-PAN inició hace 23 años, cuando Acción Nacional escogió la vía de la “concertacesión” después del fraude electoral de 1988. Manuel J. Clouthier del Rincón, Diego Fernández de Cevallos y otros dirigentes del albiazul pactaron reconocer la presidencia de Carlos Salinas a cambio de tres compromisos fundamentales: 1) Reforma electoral y reconocimiento de victorias locales y legislativos del PAN; 2) Reforma económica, incluyendo privatización de la banca y el ejido; y 3) Reconciliación entre el Estado y la Iglesia.

Salinas cumplió: privatizó la banca y el ejido; acercó el Estado a la Iglesia tanto legal como políticamente; entregó al PAN gobiernos estatales claves (Guanajuato, Baja California y Chihuahua) y patrocinó una reforma electoral que aparentó avances democráticos (pero en los hechos implicó graves retrocesos). A cambio, el PAN ofreció “gobernabilidad” y “paz social” al sistema priista.

En las últimas dos elecciones presidenciales, el PRI le devolvió el favor al PAN. En 2000, Ernesto Zedillo se apresuró a “levantarle el brazo” a Vicente Fox el mismo día de la elección a cambio de una “transición de terciopelo” que asegurara impunidad total para los anteriores gobernantes, así como la permanencia de las políticas neoliberales. En 2006, la alianza PRI-PAN se tejió meses antes de los comicios del 2 de julio, cuando amplios sectores del PRI abandonaron la candidatura de Roberto Madrazo para sumarse a la campaña del panista Calderón.}

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"El 'mejor posicionado'" (La Jornada, 22 de agosto de 2011)

La decisión del PRD de seleccionar su candidato presidencial mediante encuestas refleja la extrema debilidad de nuestro sistema democrático. El principal partido de izquierda, que en teoría tendría que estar más cercano a las necesidades del ciudadano común y que históricamente se había distinguido como la única fuerza política que tomaba en cuenta a la sociedad a la hora de tomar determinaciones importantes, hoy anuncia ser una institución igual de cupular, elitista y burocrática que sus opositores. Con esta decisión la ciudadanía en su conjunto pierde, pues se le cierra uno de los últimos reductos de participación directa en la vida política del país.

Es cierto que en la práctica hubiera sido muy difícil celebrar una elección interna confiable. Los procesos electorales recientes organizados por el partido del sol azteca han sufrido graves irregularidades. En 2008, Jesús Ortega fue impuesto presidente del partido por el tribunal electoral en una sentencia que dejó en la total impunidad el evidente cochinero de la elección (mi análisis aquí: http://tinyurl.com/3qzy292). La elección de Amalia García como presidenta del partido en 1999 no fue mucho más limpia. De hecho, tuvo que ser anulada y repetida por las diversas prácticas fraudulentas que se presentaron.

Hoy el partido no cuenta con una comisión electoral con suficiente fuerza, recursos o independencia para organizar una elección como la que se requiere. Asimismo, su padrón electoral se encuentra en total desorden, aun después de una costosa campaña nacional de afiliación y renovación. La discrepancia entre el padrón histórico de más de 8 millones de integrantes y los apenas un millón 800 mil militantes que el partido recientemente registró ante el IFE es un claro indicador del grave problema en esta materia...

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ESCUCHA COLABORACION EN MVS RADIO SOBRE CANDIDATO PRD AQUI

"Democracia sin verguenza" (Revista Proceso, 21 de agosto 2011)

Genaro García Luna
Foto:Octavio Gómez, proceso.com

Durante el régimen del partido del Estado, la ciudadanía ocasionalmente atestiguaba la renuncia de uno que otro alto funcionario por algún escándalo político o equivocación manifiesta. En momentos de crisis, los secretarios de Estado e incluso los gobernadores funcionaban como fusibles o válvulas de escape para apaciguar el descontento social. Estos movimientos eran, desde luego, más simulación que otra cosa, ya que rápidamente el funcionario castigado era reciclado para otro cargo de igual o mayor importancia. Sin embargo, el sacrificio temporal de uno de los suyos por lo menos daba la apariencia de una mínima rendición de cuentas por parte de la clase gobernante. 

Hoy, nuestros gobernantes supuestamente democráticos ni siquiera se dignan en realizar este tipo de ejercicios del viejo autoritarismo de Estado. Asimismo, ahora los actores sociales pocas veces se atreven a pedir la renuncia de algún funcionario público para no dar la impresión de ser demasiado radicales o revanchistas. Entre algunos sectores ciudadanos se considera que una actitud política “madura” o “civilizada” es una que apela exclusivamente a la “unidad” y al “diálogo” y excluye exigencias de renuncia que pudieran generar encono.

Existe también un argumento práctico en contra de las solicitudes de renuncia. Los problemas normalmente no se resuelven con un simple cambio de mando. La personalización de las exigencias inclusive puede distraer la atención de los asuntos de fondo. Esa también es la perfecta salida fácil para las autoridades, pues ofrecen la cabeza del funcionario responsable en lugar de atender las raíces del problema. Por ejemplo, tienen razón aquellas voces que afirman que la renuncia de Genaro García Luna no resolvería la crisis de seguridad pública en el país. Ante tal eventualidad, Felipe Calderón sin duda nombraría a alguien aún más inepto e ineficaz.

Pero la razón principal para no quitar el dedo del reglón con respecto al despido de García Luna y otros funcionarios ineficaces no es el efecto práctico que tendría en el corto plazo, sino las posibles consecuencias estructurales a largo plazo. La permanencia de este personaje como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, aun después de su fracaso monumental en la “lucha por la seguridad pública” y para garantizar la paz en el país, envía una señal inequívoca, tanto a los gobernantes como a los gobernados, de que lo que importa para mantener un trabajo no es el desempeño, sino las relaciones de amistad y complicidad con el jefe...

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"El nuevo embajador" (La Jornada, 8 de agosto de 2011)

Foto: jornada.com/reuters

El nuevo embajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne, ofrece una total continuidad a la política de su antecesor, Carlos Pascual. Ambos funcionarios tienen un perfil similar, son diplomáticos de larga carrera con experiencia en la reconstrucción de estados fallidos y en el combate al terrorismo. El último puesto de Wayne fue de funcionario de primera línea en la embajada de Washington en Kabul, Afganistán. La rápida ratificación, por consenso y sin debate alguno, de Wayne el pasado martes habla del acuerdo generalizado entre la clase política estadunidense en relación con México.

Aunque los estadunidenses se quejan de los pocos avances en la guerra contra el narcotráfico, al final de cuentas están contentos con la sólida alianza estratégica que han emprendido con Calderón. Los 50 mil muertos son lo de menos. Lo importante es que los mercados, el petróleo y el sistema policiaco-militar de nuestro país continúen intervenidos y manipulados por ellos.

Aquel pacto secreto entre Calderón y el embajador Tony Garza instaurado desde antes de las elecciones presidenciales de 2006, revelado por los cables de Wikileaks en La Jornada, sigue más vigente que nunca. El gobierno mexicano sacrifica la defensa de los intereses nacionales a cambio del apoyo simbólico del gobierno estadunidense a la legitimidad de la presidencia de Calderón (véase mi columna sobre el tema: http://bit.ly/gK9Zz1).

Ello confirma que la salida de Pascual no fue motivada por diferencia alguna entre los gobiernos mexicano y estadunidense. Obama simplemente cedió al capricho de Calderón en contra de Pascual por los amoríos del diplomático con la hija de Francisco Rojas, así como por sus declaraciones reveladas por Wikileaks. A cambio, Calderón mantiene y profundiza su actitud servil y entreguista hacia los intereses estadunidense...

 

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"El despertar juvenil" (Revista Proceso, 31 de julio de 2011)

Jóvenes en demanda de acceso a educación superior
Foto: Hugo Cruz, proceso.com

Urge una radical renovación generacional y ética de la clase política nacional. Es iluso imaginar que a partir de una serie de reuniones públicas televisadas los mismos políticos de siempre se despertarán y ahora sí trabajarán en función del interés público. Lo que se necesita es un nuevo movimiento juvenil combativo y propositivo que sacuda a los políticos profesionales y prepare el camino para un relevo integral de la clase gobernante.

El movimiento tendría que ser verdaderamente nuevo y desplazar a muchas de las voces y organizaciones sociales actualmente “autorizadas” para hablar en nombre de la llamada “sociedad civil”. La renovación generacional debe aplicar no solamente para los políticos, sino también para la “comentocracia” y muchos de los dirigentes sociales que han envejecido y se encuentran desfasados.

A lo largo de la historia, México ha jugado un papel central en los procesos de transformación social a escala mundial. A principios del siglo XX, la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 establecieron las pautas para el nuevo constitucionalismo social que rápidamente se extendería a lo largo y ancho de Europa, y después al mundo entero. Posteriormente, la materialización del proyecto revolucionario durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, con la expropiación petrolera y el inicio del reparto agrario, demostró al mundo que era posible pasar de la propuesta a la acción para detonar una profunda transformación social desde el poder del Estado.

Durante los años 50, 60 y 70, México volvió a destacar en el escenario global por la fuerza de sus movimientos sociales en sectores tan diversos como los de maestros, ferrocarrileros, electricistas, campesinos y estudiantes. Durante la década de los ochenta, la imposición de una lógica “neoliberal” en materia económica alrededor del mundo encontró una resistencia particularmente fuerte y consolidada en nuestro país. El movimiento que emergió fue tan fuerte que incluso en 1988 logró derrotar al partido en el poder, si bien la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas finalmente fue pisoteada por el fraude orquestado por Carlos Salinas.

En la década de los noventa, el movimiento internacional en contra de los efectos de una “globalización” desigual e injusta tuvo su momento fundacional en el “Encuentro Intergaláctico en contra del Neoliberalismo y por la Humanidad” organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante el verano de 1996. Las movilizaciones históricas durante la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Seattle, EU, en 1999, y después en otros encuentros de la misma organización, así como del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, no se explican sin el ejemplo y la inspiración de los indígenas de Chiapas.

Hoy, México vuelve a destacar como un país ejemplar, ahora en materia de reformas legales para la defensa de los derechos fundamentales. Las reformas constitucionales en materia de transparencia, justicia penal, electoral, amparo y derechos humanos que han tenido lugar en los últimos años representan un cambio real y significativo en el marco legal del país. Lamentablemente, hemos visto que las modificaciones legales significan muy poco si los individuos a cargo de las instituciones siguen trabajando de la misma manera corrupta e ineficiente que en el pasado.

La tragedia que hoy vive México en múltiples ámbitos (seguridad, educación pública, elecciones, empleo, salud, desarrollo social, etcétera) no es responsabilidad sólo de las “instituciones” de manera abstracta, sino de hombres y mujeres que han privilegiado sus propios intereses y compromisos por encima del bienestar general. La necesaria transformación de México requiere en primer lugar de un relevo integral de los políticos actuales para dar cabida a nuevos liderazgos juveniles, solidarios, éticos y trabajadores.

La juventud mexicana se encuentra actualmente en crisis. Estudios recientes de la Coneval, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical coinciden en que el desempleo y la pobreza han aumentado en este sector. Asimismo, la situación laboral para los que sí tienen empleo se vuelve cada vez más precaria ya que las nuevas políticas de contratación reducen sistemáticamente las prestaciones del sector juvenil. Los informes de la Organización de las Naciones Unidas reflejan que esta realidad de desprotección y exclusión juveniles no es privativa de México, sino que abarca al planeta.
 

Pero también existe una gran oportunidad histórica. Hoy gozamos de un “bono demográfico” sin precedentes en el que el porcentaje de población juvenil es más grande que nunca en la historia, y el promedio de edad de los mexicanos es de apenas 26 años. Así que, de la misma manera en que los jóvenes se movilizaron en Egipto, Libia y España, las condiciones están listas para un movimiento similar contra la totalidad de la clase política en nuestro país.

Pero el brote de este movimiento de nuevo signo, que sobre todo debería reivindicar las demandas de los jóvenes menos privilegiados, de ninguna manera ocurrirá de manera automática o espontánea, sino que dependerá de las acciones y decisiones que tomen los actores sociales. El futuro político del país no dependerá de los resultados de las elecciones de 2012, y mucho menos de la posibilidad de consensuar un candidato supuestamente “ciudadano” entre dos o más partidos, sino de la capacidad de los jóvenes para organizarse en sus comunidades, escuelas, barrios y centros de trabajo, así como para implementar nuevas formas de protesta social y plantear innovadores caminos para el desarrollo nacional*

"La reforma política" (La Jornada, 25 de julio de 2011)

La protesta en el Senado
Foto: José Antonio López, jornada.com

Se equivocan quienes han convertido la llamada "reforma política" en una bandera de lucha de las causas progresistas. La Cámara de Diputados cometería un grave error si avala sin modificaciones lo aprobado por el Senado en esa materia. Los diputados primero tendrían que debatir a fondo las propuestas para incorporar los ajustes necesarios para convertir el documento en una verdadera propuesta para el cambio social.

Javier Sicilia y el pequeño grupo de jóvenes que el miércoles pasado asistió a la Comisión Permanente pecan de soberbia: “No venimos a pedirles, sino a exigirles que aprueben la reforma política. Si tienen que convocar a un periodo extraordinario o trabajar horas extras es su problema: la aprueban, es un mandato ciudadano. Apruébenla como se las mandó el Senado”. Los manifestantes demuestran un preocupante desconocimiento de los procesos democráticos al erigirse en representantes de un inexistentemandato ciudadano y exigir que en lugar de discutir las reformas los diputados se comporten como meroslevantadedos.

En febrero de 2010, un grupo de intelectuales y ex funcionarios públicos encabezado por Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Federico Reyes Heroles ya había utilizado una estrategia similar para defender la propuesta de reforma política de Felipe Calderón. Su polémico desplegado titulado “‘No’ a la generación del ‘No’” se inició con la misma orden sorda de cancelar el debate democrático: "Amigos legisladores: aprueben las reformas". "No hay nada más que discutir, hay que votar y punto", aclaraban los organizadores en múltiples entrevistas.

En septiembre de 2007, los principales medios de comunicación también tomaron el Senado para obligar a los representantes populares a modificar la redacción de la reforma electoral. En aquel encuentro histórico, Pedro Ferriz articuló un discurso similar al que hoy presenta Sicilia: "No creo que vengamos a dialogar con ustedes; venimos a reaccionar de ustedes"...

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