ADQUIERE "EL MITO DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA"

miércoles, 30 de diciembre de 2009

"Las lecciones del caso Beltrán Leyva" (La Jornada, 28 de diciembre de 2009)

Es hora de deshacerse de los discursos grandilocuentes y los golpes mediáticos para iniciar con seriedad y compromiso una nueva etapa en el combate al narcotráfico. El asesinato de Arturo Beltrán Leyva no fue el primer paso en una victoria” emergente contra la delincuencia organizada, sino únicamente un ejemplo más del carácter rudimentario e ilegal de la estrategia de Felipe Calderón, quien ha declarado que su “objetivo supremo es hacer que la justicia legítima del estado de derecho prevalezca sobre la acción violenta, arbitraria y cobarde de los criminales.” Sin embargo, en los hechos su gobierno actúa con la misma violencia, arbitrariedad y cobardía que los delincuentes que dice perseguir.

Queda claro que el operativo no se realizó con la intención de detener a Beltrán Leyva, sino de matarlo. Más allá de lo denigrante y la sospechosa manipulación del cuerpo sin vida del narcotraficante, la alteración ilegal de la escena del crimen también asegura que nunca sabremos exactamente cómo murió el llamado Jefe de jefes. ¿Lo alcanzó una bala certera de un Rambo altamente adiestrado mientras el capo se apuntaba con su pistola por la ventana, tal como ocurre en las películas de Hollywood? O, de lo contrario, ¿fue Beltrán ultimado por un tiro de gracia de un marine con sed de venganza, emocionado de encontrarse cara a cara con su rival (y cómplice)? Para esclarecer estas dudas, el gobierno federal y el gobierno del estado de Morelos deberían dar a conocer inmediatamente los resultados de las necropsias que se hayan realizado a los cuerpos muertos en el operativo.

El papel que se asignó a los infantes de marina en el operativo fue a todas luces ilegal. El artículo segundo de la Ley Orgánica de la Armada de México señala que la fuerza naval únicamente puede intervenir en “las zonas marinas mexicanas”, situación que evidentemente no se aplica en Cuernavaca y menos en el conjunto habitacional Altitude. Asimismo, el artículo 129 de la Constitución dice a la letra que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. En su interpretación de este artículo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido muy clara al señalar que implica una prohibición tajante a que las fuerzas armadas puedan ser utilizadas para labores diferentes a las explícitamente autorizadas por la ley.

Artículo completo disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2009/12/28/index.php?section=opinion&article=013a2pol

domingo, 20 de diciembre de 2009

"Reforma política y engaño ciudadano" (Revista Proceso, 20 de diciembre de 2009)

El decálogo de reforma política presentado por Felipe Calderón la semana pasada implica más continuidad que cambio. Con su iniciativa, el Presidente de la República no hace más que repetir la vieja tradición establecida durante el largo reino del partido de Estado de presentar periódicamente grandes “reformas políticas” que, si bien aparentan cierta apertura democrática, en los hechos buscan inclinar a su favor la balanza del poder político.

Habría que aplaudir que después de nueve años de gobiernos de la alternancia, un presidente panista finalmente se haya atrevido a proponer importantes reformas al Estado Mexicano. Con ello se abre una coyuntura muy positiva para establecer un debate nacional sobre el tema. Sin embargo, el paquete de reformas presentado por Calderón es una propuesta coyuntural, parcial y cortoplacista.

El texto de la iniciativa proclama que sus dos objetivos centrales son “fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político” y “consolidar nuestras instituciones”. Pero en realidad los principales fines son el fortalecimiento del vínculo entre “los votantes” y el “PAN”, la destrucción de las bases de apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y una compensación institucional por la falta de legitimidad e influencia pública con la que cuenta el actual presidente. En suma, el partido en el gobierno busca lograr por medio de reformas legales lo que no ha podido conseguir ni en las urnas y ni con el cotidiano ejercicio del poder.

Texto completo del artículo disponible en:
http://wp.proceso.com.mx/?p=83066

lunes, 14 de diciembre de 2009

"Justicia y democracia" (La Jornada, 14 de diciembre de 2009)

La Cámara de Senadores ha empezado a dar pasos definitorios hacia la democratización de la justicia mexicana. Si los diputados federales y la mayoría de las legislaturas estatales avalan las modificaciones constitucionales aprobadas por el Senado el pasado jueves, tendríamos las condiciones ideales para la transformación del juicio de amparo y para la introducción de la figura de las acciones colectivas.

A diferencia de su desempeño en los recientes nombramientos para puestos claves del Estado mexicano, esta vez los señores senadores sí desplegaron sus esfuerzos y voluntades para movilizar la amplia pluralidad política que caracteriza a este cuerpo colectivo en favor de la mayoría de los mexicanos.

No sería recomendable, sin embargo, que la Cámara de Diputados aprobara al vapor las reformas sin primero entenderlas, analizarlas y debatirlas a profundidad. De la misma manera en que la semana pasada de manera adecuada se decidiera postergar la aprobación de las modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión y la creación de una nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas, hoy también las reformas propuestas a nuestro sistema de justicia constitucional ameritan una discusión más amplia antes de su ratificación.

Artículo completo disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2009/12/14/index.php?section=opinion&article=015a2pol

"Monopolio, competencia y regulación" (Revista Proceso, 13 de diciembre de 2009)

Si tuviéramos un concurso para coronar la disposición constitucional más violentada y atropellada, entre las finalistas no podría faltar el artículo 28 de la Carta Magna, que a la letra señala: "…quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos…".
Carlos Slim controla más del 80% del mercado de la telefonía fija y el 70% de la telefonía móvil; Televisa, el 70% de la televisión abierta; Cemex, el 80% de la producción de cemento, y Grupo Modelo, el 63% del mercado de cerveza. Los mercados de leche, huevo, tortilla, pan blanco y servicios financieros también son controlados por dos o tres empresas cada uno. No es por nada que nuestro país ha recibido una calificación reprobatoria de 3.5 (de un total de 7 puntos) en materia de política antimonopolios por parte del Foro Económico Mundial.
En México el "neoliberalismo" ha resultado ser todo menos "liberal" ya que, en lugar de fomentar un mercado competitivo, las reformas económicas de las últimas dos décadas han estado basadas en el fortalecimiento de grandes consorcios empresariales que controlan sus respectivos ramos de la economía.
Artículo completo disponible en:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/74855 (Revista Proceso)
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=86972&seccion=Opinion (Tribuna de los Cabos)

lunes, 7 de diciembre de 2009

Entrevista in extenso sobre la reforma del Estado (6 de diciembre de 2009, Revista Siempre!)

Construir un edificio, no sólo una escalera, sin segundo piso, ni una ventana sin pared. La reforma del Estado. Propuesta del IIJ-UNAM para la actualización de las relaciones entre poderes del sistema presidencial mexicano es una visión de Estado, es pensar de manera global y ver este año 2010 como una oportunidad no solamente de lanzar una u otra propuesta electorera, sino de construir una visión de Estado nuevo que ayude a resolver los problemas de los ciudadanos mexicanos en el siglo XXI, afirma John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“En mi opinión muy personal y particular sobre el tema, resumiría este esfuerzo colectivo como una forma para reconstruir las bases para la legitimidad y la toma de decisiones dentro de un momento democrático”. El documento La reforma del Estado. Propuesta del IIJ-UNAM para la actualización de las relaciones entre poderes del sistema presidencial mexicano es un estudio que el senador de la República por medio del Instituto Belisario Domínguez pidió a un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordinados por el doctor Daniel Barceló, para reflexionar y realizar propuestas concretas con respecto a la vigencia y las formas necesarias para el sistema presidencialista en México.

John Ackerman señala: “Lo que proponemos en este documento es una visión de Estado, hacia dónde debería estar yendo el Estado mexicano, qué tipo de reformas se tendrían que hacer para consolidar su efectividad y su capacidad de resolver los problemas de los ciudadanos. Se pueden debatir muchas propuestas específicas como la reelección legislativa y la reducción en la cantidad de senadores o diputados, que a mí me parecen propuestas equivocadas, aunque articuladas con otras igual me puedes convencer, pero la idea en general es pensar de manera global y ver este año 2010 como una oportunidad no solamente de lanzar una u otra propuesta electorera, sino de construir una visión de Estado nuevo que nos puede ayudar a resolver los problemas de los ciudadanos mexicanos en el siglo XXI”.

Texto completo de la entrevista disponible en:

http://www.siempre.com.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=1558:reformar-el-estado-john-ackerman&catid=39:editorial

Video de la entrevista disponible en Siempre! TV: http://www.siempre.mx

Texto completo del estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/invest/RefEdo.pdf

lunes, 30 de noviembre de 2009

"Los nuevos ministros" (La Jornada, 30 de noviembre de 2009)

Llama la atención la opacidad y el desinterés que han acompañado el proceso de selección de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La Presidencia de la República no ha justificado de manera pormenorizada su elección de Luis Aguilar, Mario Pardo, María Luisa Martínez, Arturo Zaldívar, Eduardo Ferrer y Jorge Adame para las ternas ni ha difundido públicamente sus currículos completos. Por su parte, el Senado de la República ha declinado su obligación de auspiciar un proceso de auscultación riguroso, y no ha invitado a la sociedad a opinar respecto de la idoneidad de los candidatos. Finalmente, los medios de comunicación, grupos de vigilancia ciudadana y analistas políticos tampoco le han prestado mayor atención a este importante proceso.

A diferencia del vigoroso debate público y legislativo que rodeó los nombramientos de los nuevos titulares de la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo parece indicar que mañana los dos nuevos ministros entrarán a la Corte de manera sigilosa, sin haber levantado mayor discusión o interés público.

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Sin embargo, habría que evitar a toda costa que los vínculos de Zaldívar con el sector privado, como defensor de algunas de las empresas más poderosas del país, pudieran afectar su de-sempeño como juez constitucional. Su eventual nombramiento abriría la coyuntura para avanzar de manera definitiva en el fortalecimiento tanto del código de ética para los ministros como de los mecanismos institucionales de control y de transparencia de los conflictos de interés.

Un buen paso, por ejemplo, sería que todos los ministros hicieran públicas sus declaraciones patrimoniales, mandaran a un fideicomiso ciego todas sus inversiones económicas y realizaran una declaración pública de intereses y amistades personales, familiares y de negocios. Solamente de esta manera evitaríamos la captura de nuestros valiosos organismos públicos por los poderosos intereses privados que buscan avasallar los poderes constituidos por todas las vías posibles.
Artículo completo disponible en:

lunes, 23 de noviembre de 2009

"ASF: en busca de un auditor a modo" (Revista Proceso, 22 de noviembre de 2009)

El contundente fracaso del Estado mexicano en materia de combate a la corrupción es responsabilidad de todos. La reprobatoria calificación de 3.3 en el índice establecido por Transparencia Internacional (TI) es una llamada de atención para toda la clase política, los tres poderes federales y cada una de las entidades federativas. El hecho de que México sea hoy un país con mayor corrupción que China, El Salvador, Guatemala, Arabia Saudita, Botswana, Namibia y Tailandia se debe también a la falta de acción social. A las organizaciones no gubernamentales, los grupos sociales y los académicos todavía les falta construir un claro programa en la materia.

No es momento para sacar raja política de esta preocupante situación. Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo, se equivoca gravemente cuando declara que la calificación de TI “es un llamado de alerta para el gobierno federal. Vale la pena que lo tome en cuenta e instrumente lo que sea necesario a fin de presentar mejores resultados”. En lugar de echar la culpa a los demás, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado haría bien en asumir su responsabilidad y la de su partido para emprender acciones urgentes que puedan enmendar el daño causado.

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Un análisis global y objetivo de la labor de González de Aragón demuestra que bajo su mando la ASF se ha convertido en una de las pocas instituciones del Estado mexicano dignas de confianza. En los últimos ocho años hemos dejado de tener una oficina dedicada a lavar las cuentas públicas, la Contaduría Mayor de Hacienda, para mantener con la ASF una garantía de la correcta utilización de nuestros impuestos.

Urge frenar la acelerada destrucción de los organismos independientes y de rendición de cuentas. Los grandes éxitos del IFE entre 1996 y 2003 fueron desmantelados en la negociación política de 2003. Gracias al Senado, la CNDH hoy continúa por el mismo camino de la opacidad y la complacencia. Esperamos que una de las pocas instituciones del Estado mexicano que sí ha hecho bien su chamba no corra la misma suerte.

Texto completo disponible en:

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/74270

http://www.el-mexicano.com.mx/noticias/editorial/2009/11/23/378550/asf-auditor-a-modo.aspx (El Mexicano)

lunes, 16 de noviembre de 2009

"Juventud rebelde" (La Jornada, 16 de noviembre de 2009)

La urgente renovación de la política mexicana pasa por la construcción de un movimiento juvenil fuerte, consciente y combativo. La alternancia política no ha estado acompañada de un relevo generacional y los principales dirigentes de todos los partidos políticos siguen siendo los mismos de hace décadas. También llama la atención que los actuales líderes y grupos juveniles no hayan logrado articular un discurso común o una clara presencia pública.

México actualmente se encuentra inmerso en un proceso de crecimiento sin precedentes de su población juvenil. Entre 1970 y 1990 los habitantes entre 12 y 29 años se duplicaron. De 1990 a 2000 este grupo creció más de 40 por ciento. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, para 2012 el tamaño de la población juvenil alcanzará su máximo histórico al llegar a casi 36 millones de personas, más de la tercera parte de la población mexicana.
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La amplia participación de jóvenes universitarios en la marcha del pasado miércoles en apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) indica que posiblemente los jóvenes mexicanos estén tomando en sus manos su papel histórico en un momento tan importante para el futuro del país. Un reto fundamental sería la articulación de estos estudiantes conscientes con los jóvenes que no han tenido acceso a la educación media superior. Asimismo, es necesario convencer a los otros estudiantes de que el movimiento juvenil no es únicamente un asunto de ultras, sino que compete a toda la población en la misma situación.

Habría que buscar una forma de convocar a la juventud como tal, independientemente de su ocupación, su ideología o su estrato social, como un sector idealmente posicionado para encabezar la “refundación de la República” a la cual nos convocó el rector de la UNAM la semana pasada.

Artículo completo disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2009/11/16/index.php?section=opinion&article=018a1pol

domingo, 8 de noviembre de 2009

"Boletas electorales: expediente abierto" (Revista Proceso, 8 de noviembre de 2009)

El Instituto Federal Electoral (IFE) acaba de emitir otra resolución sobre las boletas electorales de 2006, donde demuestra una gran ignorancia tanto del marco jurídico nacional e internacional como de las decisiones del propio IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la materia Con su resolución, el nuevo Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información (OGTAI) del IFE cumple con las bajas expectativas que se generaron a la hora de su creación y confirma el débil compromiso del instituto con la transparencia y la rendición de cuentas.

Después de una cansada e injustificada espera de cinco meses, el pasado 16 de octubre el ciudadano José Rodríguez Toral fue finalmente informado de que el IFE había negado definitivamente su solicitud de acceso a las boletas del distrito 10 de Zapopan, Jalisco, utilizadas en la elección presidencial de 2006 El texto de la resolución (OGTAI-REV-40/09) es gravemente omiso porque en ningún momento toma en cuenta las nuevas disposiciones del artículo 6º constitucional que obligan a todos los órganos del Estado a seguir el “principio de máxima publicidad” en sus resoluciones en materia de transparencia Cita extensamente el artículo 41 de la Carta Magna, que expone los principios rectores de la función electoral, pero simplemente hace caso omiso del soporte constitucional en materia de acceso a la información pública.

El Órgano Garante también da nueva vida a una serie de argumentos torcidos que se incluyeron en las primeras resoluciones del IFE emitidas en 2006 y que el TEPJF ya ha desechado por notoriamente improcedentes Por ejemplo, hoy se justifica otra vez la negativa esgrimiendo la necesidad de privilegiar “los intereses nacionales” por encima del derecho a la información de los ciudadanos Se plantea que al dar acceso a las boletas “no solo se vulneraría el interés o la legitimación de las instituciones designadas por nuestra Carta Magna para la celebración de un proceso electoral federal, sino a la Constitución en sí misma; al pacto federal rector de la actividad estatal de nuestro país, tutor de la integración de los Poderes de la Unión y protector al mismo tiempo de los derechos de los ciudadanos mexicanos”.

Los lectores de Proceso recordarán que hace tres años el IFE ya había negado la solicitud del periodista Daniel Lizárraga porque su petición supuestamente afectaba “el orden público” y atentaba contra los valores fundamentales de una sociedad democrática Como ejemplo, el IFE citaba las leyes alemanas que autorizan la suspensión de los derechos políticos de grupos relacionados con ideologías fascistas y antisociales Este disparate, afortunadamente anulado por la resolución posterior del TEPJF, es revivido hoy por obra y gracia del Órgano Garante.

En la nueva resolución, el IFE también sostiene que otorgar acceso a las boletas electorales violaría “la secrecía del voto” y que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) encuentra limitaciones en su aplicación porque el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) es supuestamente la “ley especial” en este caso.

Ambos argumentos han sido reconocidos como falaces por el mismo TEPJF Como es obvio, una boleta electoral no contiene ningún dato personal que permita identificar al emisor y por ello no se viola la secrecía del voto Asimismo, en este caso la Ley de Transparencia es sin duda la “ley especial” porque, como el mismo Órgano Garante reconoce, una vez calificada la elección, las boletas “carecen de cualquier relevancia jurídica o fáctica” en materia electoral.

Aquí habría que traer a colación un histórico fallo que la Corte Constitucional de Alemania emitió recientemente sobre el tema de la publicidad de las boletas y los materiales electorales En la resolución de los casos 2 BvC 3/07 y 2 BvC 4/07, emitida el 3 de marzo de 2009, esta corte, líder mundial en materia de derechos fundamentales, resolvió que existe “un principio de naturaleza pública de las elecciones” y que, en aras de garantizar la confianza en los resultados electorales, es necesario que los ciudadanos tengan la posibilidad de conocer físicamente las boletas electorales, para lo cual incluso pueden “recuperar (retrace) de manera fehaciente” el proceso de votación y conteo Explícitamente señala que “no es suficiente” que se conozca el resultado final del proceso de conteo por medio de un resumen general Así, se desmiente el argumento de las autoridades mexicanas consistente en que el derecho de acceso a la información del ciudadano estaría garantizado por la publicidad de las actas de las casillas electorales.
Además de no tomar en cuenta la Constitución, de ignorar la resolución del TEPJF en la materia, y de hacer caso omiso de los casos internacionales relevantes, los integrantes del Órgano Garante ni siquiera se han tomado la molestia de ver qué ha hecho el mismo IFE respecto al tema Actualmente, el instituto se encuentra en un proceso de revisión de las boletas electorales y de las listas nominales utilizadas en la elección de 2009.

La realización de este importante estudio demuestra que la supuesta “inviolabilidad” de los paquetes electorales simplemente no existe Sin embargo, la nueva resolución del Órgano Garante insiste en el tema de la “inviolabilidad” como el argumento principal en contra del acceso ciudadano a las boletas, sin mencionar siquiera de paso el acuerdo sobre las boletas de 2009 El doble estándar es evidente y se confirma una vez más la franca politización del derecho en manos del IFE.

El expediente de las boletas electorales sigue abierto La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún tiene pendiente el caso de la revista Proceso Igualmente, todavía falta que algún ciudadano intrépido se atreva a impugnar ante el TEPJF las nuevas resoluciones del IFE, para obligar a los magistrados a emitir un nuevo fallo acorde con el renovado texto del artículo 6º constitucional El camino inicia con un simple “clic”: https://ciudadania.ife.org.mx/infomex/ActionInitSAILoginINFOMEX.do *

ARTICULO TAMBIEN DISPONIBLE EN PROCESO Y EL ORBE

martes, 3 de noviembre de 2009

"Transparencia de partidos" (La Jornada, 2 de noviembre de 2009)

Tanto César Nava como Manlio Fabio Beltrones buscan sacar provecho de la crisis económica y el rechazo a los partidos políticos para consolidar su poder. Nava ha propuesto triplicar el financiamiento privado para los partidos y reducir a la mitad el financiamiento público. Beltrones se ha pronunciado en favor de la reducción de la cantidad de diputados y senadores de representación proporcional. Si bien ambas propuestas se adornan con ropajes ciudadanos” y de “austeridad”, su efecto real empuja al fortalecimiento del control sobre el espacio público por los políticos profesionales y poderes fácticos de siempre.

Cierto es que año tras año los partidos derrochan grandes cantidades de dinero público. La Constitución ordena que en 2010 los partidos en su conjunto reciban más de 3 mil millones de pesos. En 2012, este monto rebasará los 5 mil millones de pesos. Frente a la ausencia de un verdadero régimen de transparencia para los partidos, el típico desaseo administrativo interno de estos institutos políticos y una actitud francamente omisa de las autoridades electorales, este dinero muchas veces termina utilizándose más para fines personales y clientelares que en función del interés público.

Pero la respuesta no se encuentra en mayor financiamiento privado o necesariamente en la reducción del público, sino en el establecimiento de un riguroso sistema de rendición de cuentas. En las próximas reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sería fundamental que se incluyera a los partidos como plenos “sujetos obligados” de la ley, tal como ocurre en la mayoría de las entidades federativas del país. Los ciudadanos deben tener el mismo derecho a saber en qué gastan los partidos que a tener información sobre las compras gubernamentales. Como “entidades de interés público” y receptores de financiamiento con cargo al erario, no existe pretexto alguno para que los partidos se mantengan alejados de la rendición de cuentas a los ciudadanos.

Artículo completo disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2009/11/02/index.php?section=opinion&article=015a2pol

domingo, 25 de octubre de 2009

Victorias Pírricas (Revista Proceso, 25 de octubre de 2009)

Los triunfos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tanto en las elecciones locales en Tabasco como en la aprobación del paquete fiscal en la Cámara de Diputados se levantan sobre un escenario político que evapora cualquier vanagloria para el viejo partido del Estado. En ambos casos, el PRI gana perdiendo y los resultados sientan las bases para una intensa lucha política a lo largo de 2010.

Es falso que el PRI haya consolidado su hegemonía en las elecciones municipales de Tabasco. Si bien es cierto que el partido gobernante en aquel estado pudo arrebatar cinco municipios al Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluyendo el simbólico poblado de Macuspana, se ha pasado por alto que el PRD a su vez recuperó de manos del PRI otros cuatro municipios en esta misma elección. Así mismo, por primera vez en la historia de ese estado, el Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo la victoria en dos municipios.
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Si no se hace algo desde ahora para romper las cadenas del clientelismo electoral, independientemente del color del partido o el gobierno que lo implemente, podemos despedirnos desde ya de cualquier esperanza de construir una democracia auténticamente participativa y popular. Así mismo, se sacrificará el desarrollo económico ya que actualmente cualquier aumento a la recaudación únicamente servirá para engrasar las máquinas electorales en lugar de apalancar el desarrollo nacional.

Artículo completo disponible en: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/73478

lunes, 19 de octubre de 2009

"La liquidación del IFAI" (La Jornada, 19 de octubre de 2009)

Felipe Calderón actúa como si todos los organismos descentralizados del Estado mexicano –Luz y Fuerza del Centro (LFC), Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Petróleos Mexicanos (Pemex), etcétera– le pertenecieran de manera personal y directa. Si bien no se atreve a desaparecer al IFAI de manera unilateral y anticonstitucional como ha hecho con LFC, en los hechos lo está liquidando con el perfil de los comisionados que propone al Senado de la República. Las designaciones de Sigrid Arzt y María Elena Pérez-Jaén también comprueban la intención de los gobiernos de la alternancia de convertir todos los organismos independientes de rendición de cuentas en disminuidos aparatos burocráticos al servicio del poder y los intereses partidistas.


El Senado cuenta con apenas cuatro días para intervenir en el proceso de nombramiento de los nuevos comisionados del IFAI. Si no actúa antes del viernes 23 de octubre, Arzt y Pérez-Jaén ocuparán automáticamente sus lugares en el pleno junto con Jacqueline Peschard, María Marván y Trinidad Zaldívar. Será muy difícil para cualquiera llenar los zapatos de los distinguidos comisionados salientes Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo, pero tanto la sociedad como los senadores deberían exigir que los nuevos defensores de la transparencia por lo menos cumplan con los requisitos constitucionales mínimos en la materia.

Artículo completo disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2009/10/19/index.php?section=opinion&article=024a1pol

martes, 13 de octubre de 2009

"Fascismo y movimiento social" (Revista Proceso, 11 de octubre de 2009)

Los judiciales que detuvieron de manera ilegal a Ramsés Villarreal deberían estar hoy en la cárcel procesados por los delitos de “desaparición forzada de personas” y “secuestro equiparado”. La captura de Villarreal se realizó de manera totalmente irregular, sin orden de aprensión dictada por un juez o al menos una orden de presentación girada por el Ministerio Público. El señalamiento de que el acusado habría sido detenido en supuesta “flagrancia” resulta risible dado que lo único que hacía el “presunto delincuente” era dirigirse en un microbús a la UAM-Xochimilco para corregir textos académicos que próximamente estarán publicados en la prestigiosa revista Argumentos.
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El procurador Arturo Chávez Chávez inaugura así su gestión con una clara muestra de la irresponsabilidad, arbitrariedad e inefectividad que muy probablemente marcarán su paso por el gabinete de Calderón. Habría que recordar que el nuevo procurador ya admitió con descaro, en su comparecencia ante el Senado, que utilizaría sin ningún problema “evidencias” obtenidas de manera ilegal.
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El boliviano predicador, el asesino del Metro Balderas y los bombazos en los bancos son muestras de que la sociedad actual está ya desquiciada por la crisis económica y las acciones de un gobierno cada día más cercano al fascismo. Pero la locura que encierran estas reacciones aisladas y delictivas no nos lleva a ningún lado. El reto hoy es la construcción de un auténtico movimiento nacional fundado en la pluralidad social y articulado alrededor de las demandas y necesidades de las nuevas generaciones, un movimiento que tenga la suficiente fuerza para hacer valer nuestros derechos ciudadanos y proponer soluciones colectivas. La vigencia de nuestras garantías más básicas depende de ello.


Artículo completo disponible en:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/73111

lunes, 5 de octubre de 2009

Las "pasarelas" simuladas (La Jornada, 5 de octubre de 2009)

Una pasarela de candidatos no es suficiente para asegurar la transparencia de los procesos de nombramiento de los nuevos titulares de los órganos del Estado mexicano. Más allá de la saludable disposición de los candidatos a exponerse al escrutinio público, habría que exigir que los legisladores fundamenten y motiven sus decisiones de manera pública. De otra forma se presenta un escenario de simulación que no ayuda en nada a la fortaleza institucional de órganos tan importantes como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Banco de México y la Auditoría Superior de la Federación.

Hace un par de años todos atestiguamos un ejercicio histórico de participación ciudadana cuando más de 500 personas se inscribieron como candidatos a ser consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE). Sin embargo, después de un muy encomiable ejercicio de audiencias públicas y vigilancia ciudadana, la decisión final se tomó como siempre: tras puertas cerradas y a partir de una vil negociación política. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no se atrevió a presentar ternas ante el pleno y ni siquiera elaboró dictámenes pormenorizados justificando la selección de los nuevos consejeros. El acuerdo fue “planchado” por los coordinadores parlamentarios en total opacidad y presentado como un hecho consumado al resto de los diputados.

Artículo completo disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2009/10/05/index.php?section=opinion

domingo, 27 de septiembre de 2009

Senado: el beneficio de la certeza (Revista Proceso, 27 de septiembre de 2009)

La verdadera democracia no se construye con discursos grandilocuentes, acuerdos cupulares y “buenas maneras”, sino a través de acciones cívicas y pacificas que sin tregua ni claudicación ataquen de frente las tan arraigadas tendencias autoritarias de nuestra cultura y práctica políticas. Solamente de esa forma los mexicanos conseguiremos evitar el total hundimiento de la transición democrática del país.

La respuesta que Porfirio Muñoz Ledo diera al informe de Ernesto Zedillo de 1997 representó un momento histórico precisamente porque rompió con todas las formas del viejo régimen de partido de Estado. Súbitamente, con el inicio de la 57 legislatura, el pueblo mexicano se dio cuenta de que el “emperador” carecía no solamente de su capa de terciopelo sino que realmente estaba desnudo. En su lugar, el Congreso de la Unión se erigió como garante de la pluralidad y la legalidad del país.

Un acto histórico de similar hubris legislativa ocurrió el lunes pasado cuando el senador Pablo Gómez interrogara magistralmente y de forma directa al ahora procurador Arturo Chávez durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia: “¿Qué clase de órdenes aceptaría usted del Presidente de la República?” “¿Cómo organizaría a la Policía Ministerial?” “¿Usted podría definir el concepto de ‘control de la delincuencia’?” “¿Nos podría usted brindar una definición sociológica de delito?” “¿Nos podría explicar la diferencia entre los conceptos de crimen y de delito?” “¿Cuál es su visión de las ‘nuevas formas de criminalidad’ en la sociedad actual?” “¿Cuáles son las causas jurídicas, sociales, económicas y culturales del narcotráfico?” “¿Usted podría probar que la marihuana produce adicción?” “¿Usted considera que el delito de aborto voluntario implica un daño social o sólo expresa una reacción social?”


Artículo completo disponible en:

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/72761

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=82850&seccion=Opinion (Tribuna de los Cabos)

lunes, 21 de septiembre de 2009

TEDF: valentía e independencia judicial (La Jornada, 21 de septiembre de 2009)

La decisión del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) de anular las elecciones para jefe delegacional en Miguel Hidalgo y Cuajimalpa demuestra que en materia de institucionalidad democrática no todo está perdido en el país. Contra viento y marea y bajo el constante acoso de los medios de comunicación, así como de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los magistrados locales Adolfo Riva Palacio, Alejandro Delint y Darío Velasco han dado un ejemplo histórico de autonomía judicial.

Los poderes del status quo ya se aprestan a esparcir el típico rumor de la participación de conspicuos actores con intereses oscuros atrás del intolerable acto de desobediencia del TEDF. En el esquema de los poderosos simplemente no cabe la posibilidad de que existan mujeres y hombres verdaderamente honestos que no transijan con la manipulación de la ley y la defraudación de la voluntad ciudadana.

Una lectura cuidadosa de las sentencias emitidas el pasado 4 y 7 de septiembre por el TEDF demuestra que los magistrados de ninguna manera actuaron por consigna, sino por un férreo compromiso con la defensa del espacio público y la equidad electoral. Con base en una serie de formalismos y tergiversaciones legales, el Partido Acción Nacional (PAN) buscó echar abajo los dictámenes del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) que habían acreditado el abusivo rebase de los topes de campaña tanto de Demetrio Sodi como de Carlos Orvañanos.

Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/09/21/index.php?section=opinion&article=018a2pol

domingo, 13 de septiembre de 2009

"Calderón: un balazo al pie" (Revista Proceso, 13 de septiembre de 2009)

La ocurrencia de Felipe Calderón de proponer la eliminación de la Secretaría de la Función Pública ratifica una vez más el absoluto desprecio del Presidente en turno hacia la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Más que darse por vencido en esta importante tarea, hoy más que nunca resulta necesario redoblar los esfuerzos para evitar el mal uso de los escasos recursos públicos.
El dinero utilizado para fiscalizar y monitorear el desempeño gubernamental no debe ser visto como un gasto, sino como una inversión sumamente rentable. Un buen contralor o auditor puede llegar a recuperar recursos en cantidades muchos mayores a lo que cuesta financiar su operación.
Una de las causas más importantes tanto de la crisis económica como de la crisis en materia de seguridad pública es la metástasis de la corrupción a lo largo y ancho de la administración pública federal. Las complicidades de políticos, servidores públicos y poderosos empresarios dañan severamente la posibilidad de consolidar una economía de mercado que funcione de manera libre y eficiente. Asimismo, la confabulación de las fuerzas policiacas con la delincuencia organizada anula cualquier intento de combatir el narcotráfico. Para resolver las crisis actuales y evitar futuros desastres económicos y políticos, habría que gastar más, no menos, en el control y vigilancia de los recursos públicos.
Artículo completo disponible en:

lunes, 7 de septiembre de 2009

CDHDF: Dados cargados (La Jornada, 7 de septiembre de 2009)

Los dados están cargados en el proceso de renovación del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Ya es vox pópuli que tanto el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, como el actual ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, tienen candidata. En lugar de permitir a las organizaciones de la sociedad civil expresarse libremente y a los diputados de la Asamblea Legislativa decidir de manera autónoma, ambos funcionarios están dispuestos a “conducir” el proceso para asegurar la llegada de una persona que no haga demasiadas olas en la materia.

Empieza mal la temporada de nombramientos de más de una decena de cargos claves del Estado mexicano en lo que resta del año. Uno esperaría que las autoridades del Distrito Federal buscaran dar un ejemplo de transparencia y equidad. Lamentablemente, hasta la fecha, todo indica que atestiguaremos otra elección de Estado en la que pesará más la venia de las autoridades que la trayectoria y las propuestas de los candidatos.

En este caso, la candidata oficial, Mariclaire Acosta, afortunadamente resulta ser una conocedora de los derechos humanos. Sin embargo, dista mucho de ser la persona idónea para el puesto. Acosta fue una destacada promotora del “voto útil” en las elecciones de 2000 y fue premiada por su apoyo a Vicente Fox con un jugoso cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo el mando de su amigo Jorge Castañeda. Hoy, con el apoyo de algunos destacados “anulistas”, pretende erigirse en la principal defensora de los derechos humanos en la capital del país.

Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/09/07/index.php?section=opinion&article=017a1pol

lunes, 31 de agosto de 2009

Traición e ilegalidad en el DF (Revista Proceso, 30 de agosto de 2009)

Los casos de Rafael "Juanito" Acosta, Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos son pruebas de que los poderes fácticos no respetan la ley y sólo buscan el poder público para su beneficio privado. Para ellos lo primordial es llegar al poder “haiga sido como haiga sido”, pues saben que quienes dirigen las instituciones electorales eventualmente se someterán al poder e influencia de los violadores de la ley. Así ocurrió en las elecciones federales de 2006 y 2009, cuando la evidente y sistemática burla a las más básicas normas electorales fue dispensada, o castigada con multas menores, por las autoridades electorales.

Hoy, habría que esperar que las instituciones del Distrito Federal rompan con este círculo vicioso y pongan un ejemplo de respeto a la legalidad. Afortunadamente, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) ya ha tomado los primeros pasos al respecto. Falta, sin embargo, ver la actuación tanto de las instancias jurisdiccionales como de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Rafael Acosta no es una víctima ni un “Frankenstein”, sino muy posiblemente un delincuente común y corriente. Si resultan ciertas las versiones que señalan que el delegado electo ha solicitado dinero a cambio de presentar su renuncia el próximo primero de octubre, tenemos frente a nosotros alguien que ha incurrido en el delito de “Promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracción de recursos públicos”, lo cual está penado con prisión hasta por cuatro años, de acuerdo con el artículo 277 del Código Penal del Distrito Federal.

Artículo completo disponible en:

lunes, 24 de agosto de 2009

La legislatura de la rendición de cuentas (La Jornada, 24 de agosto de 2009)

Los diputados y senadores de la 61 Legislatura se encuentran ante la oportunidad histórica de lograr una transformación definitiva para el sistema de rendición de cuentas del país. Si nuestros representantes populares así se lo propusieran, bien podrían pasar a la historia como los arquitectos del nuevo andamiaje institucional necesario para extirpar de raíz el grave cáncer de la corrupción que tanto daño le ha hecho a México. El desplome económico, la escalada de violencia y la desastrosa situación de la política social encuentran su origen en la opacidad y la falta de rendición de cuentas endémica del Estado mexicano.

Los gobiernos de la alternancia han fracasado olímpicamente en esta materia. Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón le han apostado erróneamente a una especie de “revolución cultural” para resolver el problema de la corrupción. En lugar de transformar la estructura gubernamental, mejorar los sistemas de vigilancia y castigar a los funcionarios que violan la ley, el gobierno actual ha preferido organizar concursos mediáticos como el del “Trámite más inútil” y, más recientemente, el de dibujos infantiles “Adiós a las trampas”.

Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/08/24/index.php?section=opinion&article=019a2pol

"Colonialismo educativo" (Revista Proceso, 23 de agosto de 2009)

Por desgracia, algunas escuelas de origen extranjero en México todavía no se percatan de que la época del colonialismo quedó en el pasado. En estas instituciones educativas, los empleados mexicanos tienden a ganar la mitad y hasta la tercera parte de lo que reciben sus contrapartes extranjeras, muchas veces por realizar exactamente las mismas labores. Además, los mexicanos son despedidos con mayor facilidad y normalmente sin justificación alguna. Este tipo de escuelas típicamente se niega a cumplir con la legislación laboral de nuestro país, alegando falsamente que su naturaleza extranjera les coloca en una situación de excepción.

El Liceo Franco Mexicano, que cuenta con sedes tanto en Polanco como en Coyoacán en la Ciudad de México, no es una excepción a esta regla. Más de la tercera parte de los maestros titulares de grupo, desde maternal hasta bachillerato, y casi la totalidad del personal de apoyo (secretarias, niñeras, maestros de arte y de educación física, etc.) se encuentran contratados bajo un precario régimen laboral diseñado especialmente para personal “local”. En un claro contraste, una gran parte de los maestros franceses y los directivos de la escuela disfrutan de condiciones laborales radicalmente distintas: abultados salarios pagados en euros, seguridad laboral, derechos sindicales y generosas prestaciones.

El reciente despido sumario y sin justificación alguna de un francés de ascendencia argelina que había sido contratado bajo el régimen de contratación “local”, ha provocado un cisma en el Liceo que bien podría terminar en un paro laboral generalizado. Las autoridades de la escuela harían bien en demostrar tanto mayor flexibilidad en el caso específico bajo disputa como voluntad para mejorar las condiciones laborales para todo el personal “local” de la escuela.

Artículo completo disponible en: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/71699

martes, 11 de agosto de 2009

La nueva "claúsula de gobernabilidad" (La Jornada, 10 de agosto de 2009)

Es falso que en la pasada elección la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) haya logrado los suficientes votos para alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. El PRI recibió únicamente 36.92 por ciento de la votación nacional, lo cual le da derecho a controlar hasta 44.92 por ciento de la Cámara, es decir 224 curules, de acuerdo con el tope de 8 por ciento de sobrerrepresentación. Por su parte, los 2.3 millones de votos que recibió el PVEM le permitirá recibir hasta 24 diputados federales. En total, la alianza PRI-PVEM alcanza un máximo de 248 legisladores, tres curules menos de lo que necesita para controlar la mayoría de la Cámara de Diputados.

¿Por qué, entonces, tanto triunfalismo de los priístas respecto de la próxima legislatura? Porque saben bien que cuentan con el apoyo de sus amigos consejeros electorales para cargar los dados en su favor a la hora de repartir las diputaciones plurinominales. A partir de una interpretación sesgada y parcial de la norma, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) preparan ya un jugoso regalo de 13 diputados adicionales a lo que legalmente corresponde al PRI.

En el pasado, el control unilateral del tricolor sobre el Congreso de la Unión se lograba de forma autoritaria mediante la “cláusula de gobernabilidad”, que garantizaba que el partido que lograra la primera minoría automáticamente recibía suficientes curules adicionales para controlar la mayoría absoluta. Hoy ya no hacen falta este tipo de leyes tramposas, porque es suficiente contar con un grupo de consejeros leales para asegurar el predominio del viejo partido de Estado sobre la Cámara de Diputados.

Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/08/10/index.php?section=opinion&article=020a1pol

domingo, 2 de agosto de 2009

"Los relevos que vienen" (Revista Proceso, 2 de agosto de 2009)

Ante la inminencia de los relevos que tendrán lugar en los próximos meses en algunos de los más importantes órganos del Estado mexicano, vale la pena meditar sobre los factores que explican el buen o mal desempeño de este tipo de instituciones. En particular, no es suficiente con exigir que los nuevos ombudsmen, ministros, auditores, consejeros y comisionados tengan un perfil “ciudadano” a secas y que los procesos de selección se desarrollen de forma “transparente”. El verdadero reto no es encontrar candidatos puros o angelicales, sino designar a personas valientes que no se dejen intimidar por los poderes fácticos.

Ciertos enfoques en boga demandan el nombramiento de personas “neutrales” cuya imparcialidad hipotéticamente vendría de contar con un perfil más técnico que “político”. Desde este punto de vista, el mejor titular de un organismo autónomo sería alguien que pudiera resistir las presiones externas a partir de ubicarse en una posición “equidistante” entre los diferentes intereses en juego. Las cualidades más importantes del titular serían entonces la moderación y la “responsabilidad” en su actuación.

Sin embargo, para los relevos que se acercan en instituciones tan relevantes como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el arrojo y la valentía son cualidades aún más importantes que la neutralidad o la moderación. No es suficiente que estas instituciones se limiten a resguardar el orden público o defender la legalidad. Estos órganos deben atreverse a impulsar la transformación democrática del Estado mexicano. Ante la falta de compromiso democrático por parte del poder ejecutivo y la escasez de voluntad política por parte del Congreso de la Unión en una amplia diversidad de temas, hoy la responsabilidad para lograr un cambio estructural en materia de rendición de cuentas queda en una gran parte en manos de los organismos autónomos y el poder judicial.

Texto completo del artículo disponible en:

lunes, 27 de julio de 2009

IFE: Transparente hipocresia (La Jornada, 27 de julio de 2009)

Una vez más los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) revelan su habilidad para moldear la ley a su antojo. Contra viento y marea, los máximos árbitros en materia electoral conservan de manera terca e ilegal su negativa para el acceso ciudadano a las boletas de 2006. Sin embargo, de manera hipócrita, hoy circula entre los consejeros un proyecto de acuerdo que les permitiría abrir los paquetes electorales utilizados en la elección de 2009.

El texto de esta nueva resolución evidencia un doble estándar, ya que contradice de manera radical las razones que el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) habían ofrecido para negar el acceso a las boletas de 2006. Los expertos que serán convocados por el IFE para participar en el ejercicio de 2009 deberían ser muy cuidadosos y evitar ser utilizados en este falso ejercicio de transparencia, dado que aquí el orden de los factores sí altera el producto. Antes de abrir cualquier paquete de la elección de este año, primero habría que dejar de violar la ley y ofrecer a toda la ciudadanía la documentación de 2006.

Artículo completo disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2009/07/27/index.php?section=opinion&article=019a2pol

domingo, 19 de julio de 2009

Un fracaso monumental (Revista Proceso, 19 de julio de 2009)

La utilización de las fuerzas armadas para labores de seguridad pública ha resultado ser un rotundo fracaso. El recrudecimiento de la violencia en los últimos dias, y sobre todo en aquellos estados con mayor presencia militar como Chihuahua y Michoacan, demuestra que los militares no son más efectivos que los policías en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

La “toma” de Ciudad Juárez por los militares a partir de febrero no ha tenido los efectos esperados. Despúes de una reducción temporal en la cantidad de asesinatos, la violencia se ha repuntado en los últimos meses. Hoy, más de seis personas por día sufren una muerte violenta en esta ciudad fronteriza. En una encuesta levantada por El Diario de Ciudad Juárez en el mes de mayo, más de 54 por ciento de los entrevistados dijeron que la inseguridad y la violencia en la ciudad ha empeorado en 2009 en comparación con 2008. El excelente reportaje de Marcela Turati en estas mismas páginas (Proceso 1705) también resume de manera elocuente el fracaso del “experimento” en Juárez.

Artículo completo disponible en:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/70810

lunes, 13 de julio de 2009

PRI: la insoportable levedad de la victoria (La Jornada, 13 de julio de 2009)

Dicen que lo que fácil llega, fácil se va. Cuando los ciudadanos que el pasado 5 de julio votaron por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se den cuenta de que el viejo partido de Estado no les ofrece nada nuevo, rápida y súbitamente le retirarán su apoyo. Así como Vicente Fox perdió el respaldo de la ciudadanía apenas unos cuantos meses después de tomar posesión, el tricolor verá que su poder se desmorona ante el agravamiento de la crisis económica, la profundización de la violencia del narcotráfico y el repunte del virus A/H1N1 durante los fríos meses invernales.

La conquista del PRI, en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de la mayoría de las curules de la Cámara de Diputados, permuta a este partido desde su papel de “oposición responsable” a controlador de una parte central del Estado mexicano. Los priístas, por lo tanto, serán directamente corresponsables del inminente fracaso del Estado para resolver las necesidades básicas de los mexicanos durante los siguientes tres años.

Articulo completo disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2009/07/13/index.php?section=opinion&article=018a1pol

martes, 7 de julio de 2009

Otro fraude a la ley (Revista Proceso, 7 de julio de 2009)

El proceso electoral de 2009 se ha desarrollado en un contexto de mayor iniquidad e ilegalidad que el de 2006. Así mismo, en esta ocasión las autoridades electorales han sido más parciales y omisas de lo que fueron hace tres años. La evidente y constante violación de las normas que caracterizó a las campañas pone en duda el cumplimiento de los cinco principios rectores en la materia: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

En 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció que la intervención indebida del presidente Vicente Fox en el proceso electoral “constituyó un riesgo para la validez de los comicios”. Pero, ahora, el presidente Felipe Calderón no se contentó con simples mensajes metafóricos sobre “caballos y jinetes”, sino que tomó la desafortunada decisión de encabezar personalmente la campaña del Partido Acción Nacional (PAN). A menos de 48 horas del inicio legal de las campañas, Calderón violaría la Constitución con su mensaje, transmitido en cadena nacional, para presumir los “logros” de su gobierno con respecto a la influenza, y en el que prácticamente se erigió como salvador de la humanidad.
Texto completo del artículo disponible en:

lunes, 29 de junio de 2009

Nulidad conformista (La Jornada, 29 de junio de 2009)

Nadie sabe para quién trabaja. Los "anulistas” de izquierda que buscan un cambio de raíz en la injusticia, corrupción y desigualdad del país verán que después del 5 de julio sus votos serán utilizados, en el mejor de los casos, para apoyar la realización de cambios institucionales superficiales o, en el peor escenario, para fortalecer agendas profundamente contrarias al interés público.

Si lo que se busca es sacudir el sistema político y obligar a los representantes populares a tomar en cuenta propuestas verdaderamente ciudadanas y progresistas, la mejor acción sería votar en contra de los dos partidos que han controlado el gobierno federal desde hace casi un siglo: el PRI y el PAN. También habría que decir “no” a los partidos patrimonialistas, como el Partido Verde, el Partido Social Demócrata y el Partido Nueva Alianza, que más parecen negocios familiares que “entidades de interés público”.

El Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Convergencia evidentemente quedan muy lejos de la pureza, pero no por ello dejan de ser importantes vehículos con los que la ciudadanía cuenta para impulsar una transformación estructural del país.

Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/06/29/index.php?section=opinion&article=023a2pol

domingo, 21 de junio de 2009

Prensa Libre (Proceso, 21 de junio de 2009)

En el actual contexto caracterizado por la profunda crisis económica, la abierta polarización política y el claro desprestigio institucional, las buenas noticias se agradecen como un vaso de agua fresca en un árido desierto.

El pasado miércoles, 17 de junio la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio una muy grata sorpresa al defender de manera contundente la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Por unanimidad, los integrantes de la Primera Sala respaldaron el proyecto presentado por el Ministro José Ramón Cossío, y elaborado por los Secretarios de Estudio y Cuenta Francisca Pou y Roberto Lara, que otorga un amparo definitivo al director de un periódico local de Guanajuato, Jesús Orozco Herrera en contra de las denuncias del ex-presidente municipal de Acámbaro, Guanajuato, Antonio Novoa.

El único delito que supuestamente había cometido Orozco, director del periódico “La Antorcha” de Acámbaro, era permitir la publicación de una entrevista al ex-chofer del presidente municipal en que le acusaba a su anterior jefe del desvío de recursos públicos así como de haber sostenido relaciones sexuales con importantes figuras públicas del sexo masculino. Enfadado, Novoa echó mano de la retrógrada y autoritaria Ley de Imprenta del Estado de Guanajuato para demandar penalmente a Orozco por daño moral y así obligarlo a realizar una travesía de casi tres años por las diferentes estancias de la justicia local y federal.
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lunes, 15 de junio de 2009

La nueva "caída del sistema" (La Jornada, 15 de junio de 2009)

A más de 20 años de la caída del sistema de 1988, hoy nos enfrentamos a un escenario aún más grave: la caída de nuestro sistema de justicia electoral. Lo que antes se lograba por medio de la manipulación de cifras el día de la elección, en nuestros días ocurre durante el proceso de revisión de los resultados que realizan los magistrados electorales.

De manera sorpresiva, el pasado 12 de junio los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidieron quitar a Clara Brugada los votos necesarios para garantizar que Silvia Oliva quedara como candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la delegación Iztapalapa. De un plumazo, se anularon casi 13 mil votos en favor de Brugada, lo que revirtió su victoria y dejó a Oliva, con un margen de victoria de apenas 771 votos, con la candidatura para presidir esta demarcación clave para el mapa político de la ciudad de México y el país.

Varios elementos de la decisión del TEPJF justifican las sospechas y denuncias de Brugada. En primer lugar, los magistrados esperaron casi tres semanas entre la recepción de la solicitud de parte de Oliva, el 23 de mayo, para que el tribunal tomara cartas en el asunto y la emisión final de su fallo.

domingo, 7 de junio de 2009

Transparencia abortada (Revista Proceso, 7 de junio de 2009)

Así como la más reciente reforma electoral se encuentra a la deriva, la histórica reforma al artículo sexto constitucional en materia de transparencia también ha quedado huérfana. En medio de la triple crisis (económica, sanitaria y de seguridad pública) que arrastra al país, el tema del acceso a la información pública ha desaparecido por completo del mapa político. Esta omisión es grave porque sería precisamente a través de un verdadero régimen de transparencia como se podría iniciar el camino hacia la renovación política, económica e institucional que tanto necesita México.

Una de las faltas más preocupantes en la materia ha sido la constante negativa de los actuales diputados federales para cumplir con el artículo transitorio de la reforma constitucional que los obliga, desde hace dos años, a aprobar una nueva ley de acceso a la información pública. El cumplimiento de este mandato constitucional debiera ser una de las prioridades de los diputados que serán elegidos el próximo 5 de julio. Sin embargo, no se menciona el tema en las campañas electorales, pues, como ha ocurrido con la reforma electoral, la clase política parece más bien arrepentida de su propia creación constitucional.

Otra muestra del desinterés respecto a la transparencia ha sido el absoluto silencio de los legisladores federales ante el intento de Felipe Calderón de designar a Ángel Trinidad Zaldívar en el lugar de Alonso Lujambio en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). El nombramiento de Trinidad Zaldívar, antiguo colaborador de Vicente Fox, sólo echaría sal a la herida ya abierta por el salto de Lujambio del IFAI a la Secretaría de Educación Pública. También demostraría una vez más que la supuesta “autonomía” del IFAI es otro “mito genial” y ratificaría la ambición de Calderón por instalar un proyecto transexenal al colocar a sus fieles en las instituciones clave del país.

Artículo completo disponible en: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/69611

http://www.el-mexicano.com.mx/noticias/estatal/2009/06/08/354731/transparencia-abortada.aspx (El Mexicano)

lunes, 1 de junio de 2009

Abstencionismo y movimiento social (La Jornada, 1 de junio de 2009)

Estrictamente hablando, el acto de votar es irracional, es más un acto de fe que un cálculo pragmático. Por muy cerradas que se hayan vuelto las competencias electorales en los últimos años, es casi imposible que las elecciones masivas se decidan por un voto. Estadísticamente, la boleta que usted, su vecino o un servidor depositemos en la urna electoral tiene nulas posibilidades de incidir en el resultado final de la elección.

Pero exactamente lo mismo se aplica a la anulación del voto. Un voto en blanco tiene mínimas probabilidades de impactar el desenlace de la elección. Un voto en blanco tampoco será contabilizado como un voto de protesta debido a la total opacidad respecto del contenido de los votos nulos que exige nuestra legislación electoral. El ilegal e inmoral rechazo del acceso ciudadano a las boletas también asegura que el tamaño real de la anulación activa se mantenga en secreto.

El airado intercambio entre los que abogan por la anulación del voto y los que defienden el ejercicio del sufragio es un debate falso. La triste realidad es que, dado el sistema electoral que actualmente tenemos, las acciones individuales simplemente no cuentan.

Lo verdaderamente importante no es lo que hagamos en solitario y en secreto dentro de la casilla electoral, sino lo que nos atrevamos a expresar en colectivo en las plazas y foros públicos. Si lo que queremos es cambiar la cultura política del país, los ciudadanos tenemos que construir una alternativa independiente que de una vez por todas obligue a las autoridades a rendir cuentas y a responder a nuestras demandas.

Artículo completo disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2009/06/01/index.php?section=opinion&article=023a1pol

domingo, 24 de mayo de 2009

El que se enoja pierde (Revista Proceso, 24 de mayo de 2009)

Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) han demostrado tener la piel muy delgada. Si no soportan la más mínima crítica de periodistas, analistas o ciudadanos, mucho menos iban a estar en condiciones de digerir la encuesta de María de las Heras, publicada el pasado lunes 18 de mayo, que señala que el 51% de los ciudadanos tienen una “mala” o “muy mala” opinión de su desempeño.

La respuesta de los consejeros no se hizo esperar. Ese mismo 18 de mayo, en la sesión del Consejo General, el consejero Alfredo Figueroa arremetió evidentemente molesto contra los “comentócratas” que supuestamente descalifican sin bases la labor del árbitro electoral. Por su parte, el consejero Marco Gómez insistió que el IFE no puede convertirse en “rehén” de los medios de comunicación, y el consejero Benito Nacif declaró que el resultado de la encuesta simplemente no era “un dato relevante”. El consejero Marco Antonio Baños, emulando al típico candidato a quién los sondeos no le son favorables, descalificó la relevancia de “las encuestas” en general. Además, de forma insolente buscó desacreditar el profesionalismo de la encuestadora.


Texto completo disponible en: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/69185

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=74988&seccion=Opinion (Tribuna de los Cabos)

lunes, 18 de mayo de 2009

Reforma convaleciente (La Jornada, 18 de mayo de 2009)

La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar la multa impuesta al Partido Verde a causa de los promocionales de sus legisladores podría ser un golpe mortal a la histórica reforma electoral de 2007-2008. Con su fallo del 8 de mayo, los magistrados han abierto de par en par la puerta al dinero privado para la contratación de propaganda político-electoral. También dan permiso a la utilización de los logotipos de los partidos políticos en la difusión gubernamental. Asimismo, la decisión renueva el flujo de recursos públicos a las arcas de las principales empresas de radio y televisión.

Se encuentra en riesgo nada menos que la columna vertebral de la reforma electoral: el supuesto blindaje en contra de la intervención indebida del sector privado, el gobierno y los medios de comunicación en la competencia política. La equidad de las elecciones de 2009 ya se encuentra en duda. Si las instituciones electorales y nuestros representantes populares no toman de manera urgente las providencias necesarias para frenar esta ominosa tendencia, las elecciones presidenciales de 2012 serán nada menos que un desastre.

Texto completo disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2009/05/18/index.php?section=opinion&article=023a2pol

domingo, 10 de mayo de 2009

Calderón en campaña (Revista Proceso, 10 de mayo de 2009)

El triunfalista discurso que Felipe Calderón pronunciara en cadena nacional el pasado lunes 4 de mayo demuestra sus claras intenciones por intervenir personalmente en las campanas electorales, utilizando políticamente la crisis sanitaria para favorecer a su gobierno y al Partido Acción Nacional. Frente a ello, la sumisión y complicidad del Instituto Federal Electoral (IFE) pone en evidencia una vez más su falta de autonomía, objetividad e imparcialidad.

Uno de los logros más importantes de la reforma constitucional en materia electoral de 2007 fue la expresa prohibición de la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas políticas. El nuevo texto de la Carta Magna señala que, “durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental”. Supuestamente a partir del pasado 3 de mayo, a ninguna entidad gubernamental se le debería permitir utilizar los medios de comunicación para dar a conocer sus acciones o promover sus logros.


Texto completo disponible en: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/68716 (Proceso)

lunes, 4 de mayo de 2009

Decreto inconstitucional (La Jornada, 4 de mayo de 2009)

El sábado 25 de abril, el Ejecutivo pasó por encima de la Constitución al declarar unilateralmente un estado de excepción. Si bien las medidas que Calderón ha tomado para combatir la epidemia están plenamente justificadas, la forma en que éstas han sido implementadas implica un flagrante agravio al estado de derecho. Al negarse a conseguir la autorización del Congreso de la Unión o fijar una fecha límite para sus poderes extraordinarios, el Presidente ratifica una vez más sus propensiones dictatoriales.

El decreto presidencial violenta las garantías de libre tránsito y libre asociación, así como nuestros derechos a la privacidad y el respeto de la propiedad. Autoriza a la Secretaría de Salud “la inspección de pasajeros que puedan ser portadores de gérmenes, así como de equipajes, medios de transporte, mercancías y otros objetos”. Asimismo, permite “el ingreso a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la epidemia”. También otorga facultades al gobierno para “evitar las congregaciones de personas en cualquier lugar de reunión”.

Texto completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/05/04/index.php?section=opinion&article=033a1pol

lunes, 27 de abril de 2009

An Outbreak of Opportunism (Slate Magazine, April 27, 2009)

The Mexican government's initial reaction to the outbreak of swine flu does not inspire confidence. Practically speaking, its slow response has allowed the disease to spin out of control, leading to up to 100 deaths in Mexico and 20 cases of infection in the United States. From a political standpoint, Mexican President Felipe Calderón appears to be using the outbreak to consolidate his power.

New influenza cases started appearing in Mexico City on March 18. The first death occurred April 12. But the government dragged its feet, hoping that this was an isolated case. As deaths mounted over the following days, the Calderón administration refused to take decisive action.

....

Indeed, it appears that Calderón is now seeking to consolidate his break with the fundamental principles of liberal constitutionalism and the separation of powers. This past Thursday, Calderón presented a bill to Congress that would allow him to declare a state of emergency at any time without its consent. If approved, the bill would allow the National Security Council, made up of presidential appointees, to grant broad powers to the military and to suspend basic civil liberties in all or parts of the country at the president's request. This council would have the power to continue the emergency for as long as it wants.

Such a law would deal a body blow to Mexican democracy. Calderón would have no trouble gaining the overwhelming support of Congress to his important emergency measures against the swine flu. But he should not be allowed to use this emergency as an excuse to undermine Mexico's democratic institutions or ignore the deeper causes of the present health crisis.

Full text of article available at: http://www.slate.com/id/2217017/

Podcast available at: http://odeo.com/episodes/24512589-Slate-An-Outbreak-of-Opportunism

Abono para el golpismo (Proceso, 26 de abril de 2009)

La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que Felipe Calderón presentó ante el Senado la semana pasada prepara el terreno nada menos que para un eventual golpe de Estado. No contento con haber violado la Constitución al poner a las Fuerzas Armadas a cargo de labores de seguridad pública e imponer, de facto, un estado de excepción a lo largo del país, hoy el jefe del Ejecutivo busca legalizar estas prácticas y arrogarse poderes discrecionales para, de forma unilateral, suspender a su antojo las garantías básicas de los ciudadanos. La médula de nuestro sistema democrático está en riesgo.

La iniciativa busca dotar al Consejo de Seguridad Nacional, una instancia conformada exclusivamente por subordinados de Calderón, con la facultad de declarar formalmente la existencia de “una afectación a la seguridad interior”. Con un pronunciamiento de esta naturaleza las Fuerzas Armadas podrían intervenir en una amplia diversidad de ámbitos de la vida pública, lo cual también implicaría la suspensión de garantías básicas como la libertad de expresión, de asociación y de libre tránsito, y hasta de nuestro derecho al debido proceso. Las modificaciones a la ley también permitirían la intervención indiscriminada de las comunicaciones privadas por parte del Poder Ejecutivo con el fin de asegurar la “seguridad” y la “paz” nacional.

Texto completo del artículo disponible en: http://proceso.com.mx/opinion_articulo.php?articulo=68396 (Revista Proceso)

lunes, 20 de abril de 2009

Viaje "de paso" (La Jornada, 20 de abril de 2009)

La breve escala que realizó Barack Obama en la ciudad de México la semana pasada constituye un mal augurio para el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos. Durante su reciente viaje a Europa, Obama dirigió discursos a plazas rebosantes de ciudadanos y sostuvo diálogos con diversidad de actores políticos y sociales. En contraste, en su primera visita a México el presidente estadunidense se limitó a reunirse a puerta cerrada y de forma apresurada con Felipe Calderón y su gabinete.

En un artículo publicado el año pasado en el Dallas Morning News, Obama prometió que de llegar a la presidencia las reuniones que sostuviera con su homólogo mexicano se desarrollarían con total transparencia y contarían con la participación activa de “ciudadanos, trabajadores, sector privado y organizaciones no gubernamentales”. Sin embargo, esto no ocurrió la semana pasada. Los ciudadanos no pudimos incidir en la determinación de la agenda de trabajo y ni siquiera fuimos informados del contenido de las reuniones bilaterales.

Texto completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/04/20/index.php?section=opinion&article=022a1pol

lunes, 13 de abril de 2009

What Mexico Really Needs from Obama (Los Angeles Times, April 12, 2009)

President Obama should not focus exclusively on short-term military goals during his visit to Mexico this week. The violence there, which has taken the lives of 10,000 Mexicans over the last two years, must be stopped. But the helicopters, weapons scanners and listening devices that have been the cornerstone of promised U.S. support will only go so far. The real solution lies in effective institution-building.

It does no good to capture drug kingpins if they don't go to jail. During 2008, only one out of every 10 suspects arrested in Mexico for drug offenses was convicted, according to official statistics. In Chihuahua, one of the bloodiest states in the country, only 1,621 out of the 5,674 suspects arrested over the last 12 months have even had to stand trial, because of the weakness of the prosecutors' cases.

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During a recent interview on CBS' "Face the Nation," Obama made an unfortunate comparison between Calderon and Eliot Ness. Just as Ness eventually failed to defeat the Chicago Mafia during Prohibition in the 1920s and '30s, Mexico's problems will not be solved by placing high-powered weapons into the hands of a group of supposedly "untouchable" elite police officers. The United States needs to think of more creative ways to help build lasting peace and stability south of the Rio Grande.

Access to full text of article at: http://www.latimes.com/news/opinion/la-oe-ackerman13-2009apr13,0,3900023.story

domingo, 12 de abril de 2009

Trampolín transparente (Revista Proceso, 12 de abril de 2009)

El salto de Alonso Lujambio a la Secretaría de Educación Pública (SEP) es simultáneamente poco ético y de cuestionable legalidad. Demuestra que lo que menos le interesa a este político es la transparencia y la institucionalidad democrática del país.

El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prohíbe tajantemente que los servidores públicos, durante un año después de ejercer su cargo, reciban “donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones” de parte de cualquier persona física o moral que haya estado “directamente vinculada, regulada o supervisada por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo”. Como comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Lujambio fue el responsable de regular, “revisar”, “vigilar”, y “establecer los lineamientos” para la aplicación de la ley de transparencia en la administración pública federal. Hoy, el ex regulador ha aceptado un jugoso cargo de parte del titular del ente regulado, Felipe Calderón Hinojosa.

Texto completo disponible en: http://www.proceso.com.mx/rv/hemeroteca/detalleHemeroteca/147715

http://www.poresto.net/republica/29693-trampolin-transparente (Por esto!)

http://www.cencos.org/es/node/20582 (CENCOS)

martes, 7 de abril de 2009

El fin de los paraísos fiscales (La Jornada, 6 de abril de 2009)

Si Felipe Calderón y Agustín Carstens realmente estuvieran preocupados por reactivar la economía nacional, utilizarían el acuerdo del G-20 del jueves pasado respecto de los paraísos fiscales para emprender una investigación masiva a escala global para enfrentar la evasión fiscal en México.

El diario londinense The Guardian estima que más de 11 trillones de dólares se encuentran depositados en países como Suiza, Leichtenstein, Andorra, Mónaco y una diversidad de islas del Caribe que ofrecen total “discreción” en el manejo de cuentas bancarias. Esto implica una pérdida de aproximadamente 250 mil millones de dólares de ingresos fiscales para los gobiernos del mundo.

Texto completo del artículo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/04/06/index.php?section=opinion&article=016a2pol

lunes, 30 de marzo de 2009

"Pinches Periodistas" (Revista Proceso, 29 de marzo de 2009)

Décadas de vivir bajo un régimen opaco y autoritario han acostumbrado a funcionarios públicos, jueces y poderes fácticos a moldear la ley a su antojo. En lugar de que se consolide el Estado de derecho como un espacio para dirimir las diferencias en un marco de igualdad y justicia, lo que ha predominado es el tráfico de influencias y el abuso de la autoridad. En las palabras del Dr. Stephen Holmes, de la Universidad de Nueva York, en situaciones como la nuestra el “rule of law” (“gobierno de la ley”) se convierte de manera perversa en el “rule by law” (“gobierno por la ley”) en el que los poderosos utilizan la norma como un arma para defender sus intereses particulares.

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El más amplio número de comunicadores y analistas tendríamos que levantar la voz para denunciar este tipo de abusos y exigir que el nuevo juez que revise el caso proceda con estricto apego a derecho, aunque nos citen a declarar cuantas veces quieran. Es necesario demostrar nuestra solidaridad con distinguidos periodistas como Abel Barajas, Víctor Fuentes, el columnista Luis Soto, así como con los reconocidos analistas Eduardo Huchim y Rubén Lara. Pero esta gesta debe ser sobre todo por defender el derecho a informar y a ser informados con veracidad y transparencia. Con casos como éstos se juega ni más ni menos que el futuro de nuestra incipiente democracia.
Texto completo disponible en:
http://www.cencos.org/es/node/20560 (CENCOS)

miércoles, 25 de marzo de 2009

Militaristic Posturing in Mexico (The Boston Globe, March 25, 2009)

HILLARY CLINTON should take advantage of this week's visit to Mexico to openly question the Mexican government's failing human rights record. President Felipe Calderón has centered his anti-drug strategy almost exclusively on the use of the military. If the United States wants to support a lasting peace south of the border, it should complement its military support with demands to respect basic civil liberties.

Since taking power, Calderón has engineered armed crackdowns in 10 states and set up military checkpoints throughout the country. He has sent 40,000 troops to patrol urban centers, with almost 10,000 posted in the border city of Ciudad Juárez. Two of the highest federal police commanders are now military officers, and a dozen prosecutors and police chiefs in Mexico's states are also members of the armed forces.
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Clinton's visit to Mexico this week provides an important opportunity to demonstrate the US government's commitment to the rule of law. The "war" on drugs does not justify the wholesale suspension of civil liberties any more than the "war" on terror does.

Full text of article available at:

Rendición de cuentas (La Jornada, 23 de marzo de 2009)

Los más recientes informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirman el tradicional desprecio del gobierno de Felipe Calderón para la rendición de cuentas. La revisión del auditor revela que durante el primer año del gobierno actual las irregularidades en el gasto se duplicaron en comparación con el último de Vicente Fox. Mientras el informe del ombudsman demuestra que la creciente militarización del país ha tenido graves consecuencias en materia de derechos humanos.

La única respuesta que el titular de la administración pública federal ha tenido para tan vergonzosos resultados han sido palabras vacías. En lugar de aprestarse a cambiar la forma de ejercer el gasto o comprometerse a retirar los militares de las calles, Calderón se escuda en la simulación de dar cauce a las recomendaciones sin la menor autocrítica.

Texto completo de artículo disponible en:

domingo, 15 de marzo de 2009

El otro poder fáctico (Revista Proceso, 15 de marzo de 2009)


Las televisoras comerciales y los intereses económicos que representan, no constituyen el único poder fáctico que amenaza la convivencia democrática del país. La exclusión sistemática de las mujeres del sistema político también pone en riesgo la salud de nuestras instituciones públicas. De la misma forma en que es necesario frenar los abusos e ilegalidades de Televisa y TV Azteca, es también urgente que los partidos políticos y las autoridades electorales realicen todo lo que esté a su alcance para combatir la hegemonía de los hombres en el poder.

Afortunadamente, la reforma electoral de 2007-2008 atendió este reclamo social al incluir una serie de disposiciones legales que garantizarían una mayor representación de las mujeres. Hoy el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) señala sin rodeos que los partidos políticos están obligados a “procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular”. En las elecciones de 2009, ningún género puede rebasar el 60% [por un error de edición esta cifra aparece erróneamente como 70% en la versión impresa de este artículo] de los espacios para las candidaturas. La norma también faculta al Instituto Federal Electoral (IFE) a negar el registro de las candidaturas que no cumplan con este requisito.
Texto completo del artículo disponible en:

lunes, 9 de marzo de 2009

Una lupa en las penumbras (La Jornada, 9 de marzo de 2009)

Este día se anunciarán los nombres de las organizaciones entre las cuales se repartirán los 25 millones de pesos que el gobierno de Felipe Calderón canalizó para ejercicios de observación electoral en 2009. En una extraña triangulación de fondos, la Organización de las Naciones Unidas administrará los recursos y el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueron los responsables de nombrar al comité evaluador de las propuestas de observación. Esta cantidad de dinero es mucho mayor al aumento que se quisieron dar los consejeros electorales hace un par de semanas y por ello debería manejarse con absoluta transparencia, independencia y efectividad. De lo contrario, estaríamos de nuevo ante un derroche inútil y ofensivo de recursos públicos.

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Las organizaciones que intenten fiscalizar las acciones de la autoridad electoral tropezarán de entrada con un obstáculo formidable: la total opacidad del funcionamiento interno del IFE. En franca violación a su propio reglamento de transparencia, el organismo no da a conocer en tiempo y forma sus actas, acuerdos y versiones estenográficas. De manera excesiva, el ciudadano típicamente tiene que esperar hasta dos meses para conocer la información completa sobre las sesiones del Consejo General. A la fecha, por ejemplo, todavía no hay información pública disponible sobre el vergonzoso perdón otorgado a las televisoras en la sesión del 13 de febrero. La más reciente acta accesible por Internet data de hace casi seis semanas.

Texto completo del artículo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/03/09/index.php?section=opinion&article=024a2pol

domingo, 1 de marzo de 2009

Guerrero: justicia hipotecada (Revista Proceso, 1 de marzo de 2009)

La cruel tortura y el artero asesinato de los dirigentes indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de los derechos humanos de la Costa Chica en el estado de Guerrero, revelan lo poco que hemos avanzado en materia de justicia y derechos humanos en el país. Los gobiernos de la alternancia, tanto a nivel federal como en el ámbito estatal, no han buscado transformar el sistema de procuración de justicia, sino que se han limitado a administrar la impunidad y la corrupción imperantes. Por su parte, el Poder Judicial se niega a abrirse al escrutinio público y receta graves dosis de impunidad en casos como los del gobernador Mario Marín y Atenco.

Las consecuencias están a los ojos de todos: el total fracaso de la mal llamada “guerra” contra el narcotráfico, el hecho de que solamente uno de cada 10 delitos son castigados, alrededor de 10 mil ejecutados en lo que llevamos de la administración de Calderón, así como la propagación de la tortura, las detenciones arbitrarias y la violación de los derechos humanos en todo el país.

Arículo completo disponible en:

lunes, 23 de febrero de 2009

Crisis y elecciones (La Jornada, 23 de febrero de 2009)

De acuerdo con la teoría, la actual crisis económica tendría que desembocarse en una derrota contundente tanto para el PAN como para el PRI en las urnas. La extensa investigación académica sobre el tema del comportamiento de los votantes en un contexto democrático no podría ser más claro: la situación económica es uno de los factores más importantes para determinar el sentido del voto de la población. Cuando la economía crece los ciudadanos tienden a respaldar a los partidos en el poder. En contraste, las crisis económicas son desastrosas para los partidos gobernantes y sus aliados. La victoria de Barack Obama en Estados Unidos, por ejemplo, hubiera sido mucho más complicada si no fuera por los evidentes signos de crisis económica que se asomaron en las semanas antes de la elección presidencial.

Sin embargo, actualmente nos encontramos en un escenario inverosímil en que aun con las crisis económica, política, social y de seguridad en que se encuentra el país, Felipe Calderón aparentemente mantiene una tasa de aprobación ciudadana que se aproxima a 66 por ciento y su fiel aliado, el Revolucionario Institucional, cuenta con el primer lugar en intención de voto para las elecciones de julio, casi tres veces más que la que existe actualmente para el PRD (véase Consulta Mitofsky y El Universal, entre otras). ¿Qué explica esta anomalía?

Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/02/23/index.php?section=opinion&article=017a2pol

domingo, 15 de febrero de 2009

Los ociosos de Viaducto Tlalpan (La Jornada, 15 de febrero de 2009)

Con el inexcusable e ilegal indulto a las televisoras, queda claro que los consejeros electorales no toman las decisiones en el Instituto Federal Electoral (IFE). Aquel IFE que representaba una voz ciudadana, plural y valiente, comprometida con la defensa del espacio público y la democracia, ya es historia. La entidad que organizará las elecciones de 2009 se encuentra al servicio de Felipe Calderón y Manlio Fabio Beltrones, y sus respectivos partidos políticos, quienes fungen como mayordomos del duopolio televisivo.

De la misma forma en que el IFE antes se subordinaba a los mandatos de Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos, hoy el organismo electoral se ha convertido de nuevo en un terreno para dirimir negociaciones y pactos entre las cúpulas del gobierno y los personajes más oscuros de la “oposición”. Tal como el IFE de Luis Carlos Ugalde se doblegara ante los poderes fácticos y se negara a ejercer sus facultades legales, el instituto de Leonardo Valdés hoy negocia la ley de manera vergonzosa y sacrifica su autonomía constitucional.

Texto completo del artículo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/02/15/index.php?section=opinion&article=004a1pol

sábado, 14 de febrero de 2009

El dinamismo social (Revista Proceso, 15 de febrero de 2009)

Felipe Calderón y algunos otros conspicuos personajes han llamado recientemente a promover la imagen de México en el mundo y a terminar con el “catastrofismo” que supuestamente desalienta la inversión en nuestro país. Quisieran que, en lugar de vernos como una tierra de narcotráfico, pobreza y conflictividad política, los extranjeros nos perciban como un país de mole, playas, maquiladoras y tequila.

Pero esta disyuntiva entre el Estado fallido y el Estado para el turismo y la explotación es falsa y nos lleva a un callejón sin salida. Ante la crisis económica y la negligencia gubernamental, México ofrece al mundo un ejemplo de participación ciudadana, dinamismo político y crítica intelectual sumamente destacable. Es cierto que la cultura política en México anida muchos vicios, pero también cuenta con grandes ventajas y fortalezas que vale la pena recordar en estos momentos de desaliento y crisis

Artículo completo disponible en: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/66434
http://www.la-verdad.com.mx/principal/index.php?option=com_content&task=view&id=11728&Itemid=168 (La verdad del sureste)

lunes, 9 de febrero de 2009

¿IFE fallido? (La Jornada, 9 de febrero de 2009)

Tuvieron que pasar 10 largos días desde el abierto desafío lanzado por las televisoras en contra del Estado mexicano para que el Instituto Federal Electoral (IFE) se decidiera a iniciar hoy la investigación formal del caso. En lugar de responder inmediata y enérgicamente frente a estos actos claramente violatorios a la ley, los consejeros electorales prefirieron gastar su tiempo la semana pasada con una serie de desplegados, declaraciones, reuniones y solicitudes de información que no tuvieron relevancia jurídica alguna. Tal tibieza por parte de la autoridad únicamente sirvió para regalarle tiempo sumamente valioso a las corporaciones televisivas, que ellas sí utilizaron para armar su defensa jurídica.

Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/02/09/index.php?section=opinion&article=019a1pol

domingo, 1 de febrero de 2009

El imperio de los jueces (Revista Proceso, 1 de febrero de 2009)


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inaugura su “Año de la Sociedad” con una decisión paradójica que impide precisamente la participación social en el funcionamiento del Poder Judicial: El pasado 20 de enero, echó abajo una reforma a la Constitución de Baja California que buscaba diversificar la integración del Consejo de la Judicatura de la entidad. En lugar de celebrar este esfuerzo por abrir el principal órgano de vigilancia y administración del Poder Judicial a la sociedad, los ministros rechazaron tal atrevimiento y ratificaron la histórica insularidad y opacidad que caracteriza a esta institución.

La Suprema Corte sostiene que la reforma de Baja California violenta los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial porque deja en manos del Poder Legislativo la facultad de nombrar a la mayoría (tres de un total de cinco) de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Para los ministros, tal procedimiento supuestamente implicaría una intromisión de los legisladores y perjudicaría el buen funcionamiento de la justicia local porque actores externos tomarían decisiones medulares sin tener en mente los mejores intereses del Poder Judicial.

En la sesión pública, el distinguido ministro Genaro Góngora Pimentel argumentó su respaldo a la decisión de la siguiente manera: “El hecho de que un poder ajeno al Judicial tenga la facultad de nombrar por sí y ante sí a la mayoría de los miembros que integran el órgano de vigilancia, administración, supervisión y disciplina del Poder Judicial del Estado constituye una intromisión violatoria de la división de poderes, pues con ello se genera la posibilidad de una influencia externa determinante en la toma de decisiones que atañen al funcionamiento del Poder Judicial”. El ministro Mariano Azuela coincidió al afirmar que “la división de poderes supone equilibrio entre poderes, y no es posible que uno o dos poderes se unan para disminuir al tercero eliminando propiamente el sistema de equilibro que la Constitución establece”.

La paradoja principal es que si bien la intención de los ministros es defender “la división de poderes”, en los hechos lo que están propiciando es la construcción de un imperio de los jueces. Parecen olvidar que ellos mismos fueron nombrados por el Poder Legislativo. Nadie en su sano juicio pondría en cuestión la independencia y objetividad de los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia por el hecho de que los senadores hayan participado en su proceso de nombramiento. ¿Por qué razón tendría que ser diferente con los consejeros de la Judicatura? Y aceptando sin conceder que este fuera el caso, ¿por qué entonces se permite participar en el Consejo a un par de estos negativos e intrusos actores, aunque no sean la mayoría?
Con su férrea defensa del control mayoritario de los jueces “de adentro” en los Consejos de la Judicatura, los ministros de la Suprema Corte evocan las tendencias autoritarias de antaño del partido del Estado; por ejemplo, cuando a principios de la década de los 90 se abrieron a la oposición algunos lugares simbólicos en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). En aquel entonces el gobierno veía con buenos ojos que la oposición tuviera voz y representación, siempre y cuando ésta fuera minoritaria. El control de la mayoría por los cercanos tenía que ser garantizado en todo momento.

Los señores ministros tienen razón en que existe la posibilidad de que los legisladores nombren personas no idóneas para el puesto de consejero de la Judicatura, lo cual desde luego perjudicaría el funcionamiento del Poder Judicial. Sin embargo, la historia también ha demostrado que los mismos ministros (y magistrados de los tribunales superiores en las entidades federativas) no siempre eligen a los mejor calificados para esta importante labor. No existe ninguna garantía de que un consejero elegido por un juez sea más capaz que uno elegido por representantes populares.

Y en la actual coyuntura de creciente desconfianza en la justicia, convendría más inclinar la balanza hacia la apertura y la participación cívica que hacia la cerrazón. Ese es precisamente el espíritu de la campaña institucional de la Suprema Corte que lleva por nombre “2009: Año de la Sociedad; Observar, Participar y Construir”. Con esta campaña, la Corte buscará crear un observatorio ciudadano del Poder Judicial y mejorar su comunicación con la sociedad. Tales iniciativas se suman a los proyectos de transparencia ya en curso, como la proyección en vivo de las discusiones del pleno por el Canal Judicial, así como la circulación anticipada de proyectos de resolución en casos clave, como el de la llamada “Ley Televisa”.

Todas estas acciones y compromisos son loables. Sin embargo, también valdría la pena que los ministros respaldaran la transparencia y la rendición cuentas desde su actividad jurisdiccional. Lamentablemente, el fallo con respecto a la integración del Consejo de la Judicatura en Baja California camina en sentido contrario a estos objetivos y deja establecido un muy mal precedente para casos futuros.

La decisión se vuelve aún más preocupante vista a la luz del fallo de mayo del año pasado, cuando el máximo tribunal de justicia rechazó las solicitudes de acceso a la información interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación al Consejo de la Judicatura Federal. Esta desafortunada tendencia a buscar blindarse del escrutinio social también se corrobora con la resistencia de parte de la Corte a aceptar la conformación de un órgano garante en materia de transparencia integrado por expertos externos, tal y como lo ordena el nuevo texto del artículo 6º constitucional.


Artículo completo disponible en: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/66033
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=68375&seccion=Opinion (Tribuna de los Cabos)